La fiscal Anticorrupción Elena Lorente ya estudia el informe elaborado hace cinco años por el eurodiputado Luis Garicano, presentado como denuncia ante la Comisión Europea el 20 de mayo de 2021, por el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra por parte del Gobierno español a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). En ese informe se dejaba bien claro que «Plus Ultra no cumple con las condiciones que motivaron la aprobación (…) y de que se trató por tanto, de una ayuda ilegal».
La causa, según adelantaba el diario The Objective, ya ha salido del ámbito de la fiscalía madrileña adscrita al Juzgado de Instrucción 15 de Madrid y ha recaído en la Fiscalía Anticorrupción, casualmente en la misma fiscal que acusó y logró la condena del ex ministro y ex vicepresidente del gobierno Rodrigo Rato, en la causa seguida contra él por delitos fiscales hace dos años.
Ahora, con el procedimiento de Plus Ultra reabierto, archivado en enero de 2023 por un error procesal en la prórroga de la instrucción que debía haberse dictado antes del 8 de abril de 2002, puede avanzar con los nuevos datos, que por el momento obran en las diligencias declaradas secretas por la juez instructora. Elena Lorente era una de los siete fiscales delegados europeos en el año 2021, cuando saltó el escándalo inicial.
El documento de Garicano, de 22 folios, ahora cobra importancia pues determina en sus conclusiones que ese rescate fue ilegal y aporta los datos necesarios para probar esa afirmación. La denuncia inicial de Garicano fue presentada el 6 de abril de 2021 ante el Registro de Ayudas de Estado, DGI de Competencia, Comisión Europea (Bruselas), pero el gobierno español defendió esa ayuda y Garicano presentó nuevas alegaciones al escrito del Gobierno el 20 de mayo de 2021.
Con esa misma documentación los denunciantes ya acudieron a la Fiscalía Anticorrupción que la elevó a la Audiencia Nacional, pero la denuncia recayó en el juzgado de Instrucción número 15 de Madrid después de que la Audiencia Nacional se declarara no competente.
Sin embargo, Anticorrupción pidió reabrir la causa ante los nuevos datos recibidos de fuera de España, en concreto de Reino Unido y Suiza, principalmente, ya que Panamá no coopera normalmente. Esos datos señalarían a sociedades en estos países y también a una organización venezolana que operaría a través de empresas ubicadas en el país centroamericano, conocido por su opacidad fiscal.
Garicano comenzaba así: «El pasado 6 de abril de 2021, registré una denuncia ante la Comisión Europea por el incumplimiento por parte del Reino de España de los requisitos exigidos por la normativa europea en la concesión de una ayuda de estado a la aerolínea Plus Ultra, S.A. (en adelante, Plus Ultra)».
«Como se ha expuesto a lo largo de estas páginas, las alegaciones de las autoridades españolas
revelan numerosos indicios de que la ayuda a Plus Ultra no cumple con las condiciones que motivaron la aprobación del Fondo de Capitalización contenidos en la Decisión SA.57659 y de que se trató, por tanto, de una ayuda ilegal. Existen las suficientes sospechas y la Comisión dispone ahora de suficientes elementos como para cumplir con su obligación de investigar, de conformidad con el artículo 108.3 TFUE», aseguraba Garicano.
Es más, según esas alegaciones los documentos aportados entonces por el Gobierno de España, de Pedro Sánchez «refuerzan las sospechas existentes en el momento de plantear la denuncia de que Plus Ultra no reunía los requisitos de elegibilidad necesarios para recibir la ayuda, en particular, los de no ser una empresa en crisis antes del inicio de la pandemia, ser “estratégica” y ser viable».
Asimismo, explicaba el eurodiputado entonces por Ciudadanos que «las autoridades españolas han tratado de defender la acreditación de la salud financiera de la beneficiaria basándose en tres informes de los cuales solo el financiero realmente efectuó la comprobación requerida y recurriendo a la maniobra contable (insostenible tanto desde el punto de vista jurídico como económico-financiero) de asimilar al capital de la empresa un préstamo participativo de Panacorp que estaba en su mayoría garantizado en una cuenta indisponible.
El problema señalado era «la oscura procedencia del préstamo participativo, la relación entre Panacorp y Plus Ultra y las múltiples tramas por las que sus accionistas han sido investigados».
El Gobierno de Pedro Sánchez defendió ante la Comisión Europea que Plus Ultra era una empresa de interés estratégico «un trabajo difícil considerando que el Tribunal General viene de afirmar que las beneficiarias deben ser estratégicas o sistémicas para la “economía española”. Pero ellas mismas reconocían que operaba en un nicho de mercado y que su desaparición sería suplida por otras compañías. Finalmente, para defender la viabilidad se han visto obligadas a hacer supuestos heroicos y poco creíbles que contrastan con las previsiones económicas regionales y sectoriales», alegaba Garicano.
Los 53 millones, a juicio del eurodiputado, era un montante «manifiestamente desproporcionado, sobrepasando por mucho el límite máximo establecido en la Decisión SA.57659 que aprobó el Fondo de Recapitalización e incumpliendo abiertamente dicha norma».
Por todo ellos se pedía una investigación de la Comisión Europea y si, «en el caso concreto de Plus Ultra, el Reino de España ha hecho una interpretación errónea de los criterios de elegibilidad y proporcionalidad y, por tanto, la ayuda es ilegal, o bien si, como se decía al inicio, el Reino de España ha decidido modificar de facto todo el régimen, lo que pondría en cuestión la cobertura de la autorización del Fondo de Recapitalización».
PLUS ULTRA ESTABA EN CRISIS ANTES DEL COVID
El Gobierno español apoyaba su decisión para mantener el rescate de la aerolínea en la calificación como empresa en crisis de Plus Ultra. Sin embargo, el eurodiputado Garicano insistía en su denuncia y calificaba la actitud del gobierno de Sánchez de «manifiesto desinterés por el uso adecuado del dinero público», porque «la opacidad y el peligro de reincidencia son elementos legitimadores de la presente acción, así como los efectos que esta decisión pueda tener sobre competidores, trabajadores y consumidores, a los que represento en mi condición de eurodiputado».
Las autoridades españolas alegaron que era una empresa que se encontraba en crisis. Pero España consideraba que sólo son merecedoras del rescate las empresas que hayan perdido más del 50% de su capital social. Sin embargo, Plus Ultra había perdido «sólo» el 37% cuando fue rescatada.
Garicano lo explicaba con números: «En primer lugar, nótese la disparidad en los distintos informes aportados por las autoridades españolas respecto a la cifra de capital social. Así, tanto en el informe jurídico de Deloitte como en el informe de AESA la cifra de capital social desembolsado por la compañía asciende a 18.895.548 €. La cifra de 19.268.000 € no aparece más que en el cálculo realizado por el asesor financiero para la constatación de este requisito. La más cercana a esa cifra -19.274.000 €- aparece en la revisión del plan de viabilidad de Plus Ultra por parte del asesor financiero bajo la categoría de “fondos propios”. No obstante, esta categorización también resulta extraña, dado que el plan de viabilidad de la compañía señalaba que sus fondos propios a finales de 2019 ascendían únicamente a 8.623.000 €».
Pero Plus Ultra tenía suscrito un préstamo participativo con una empresa panameña llamada Panacorp Casa de Valores SA por 6.304.000€. Es decir, esa cantidad sumada a los 19.268.000 euros de capital social suscrito significaba un capital de 25.572.000 euros. Las pérdidas acumuladas, según el informe financiero presentado a la SEPI, eran de 13.427.000 euros, es decir, más del 50%.
Pero estos números tenían truco para Garicano, ya que «es esencial destacar que, incluso asumiendo que las cifras de capital social utilizadas por el asesor financiero son correctas, si no se asimilara el préstamo participativo de PANACORP al capital de PLUS ULTRA, PLUS ULTRA sí cumpliría el criterio de “empresa en crisis” del artículo 2.18 del RGEC a 31 de diciembre de 2019. En efecto, deduciendo los 13.427.000 € de pérdidas acumuladas hasta esa fecha únicamente de la cifra de capital social — 19.268.000 € —, quedarían 5.841.000 €, lo que equivale al 30,31% del capital social, muy por debajo del 50% requerido por la definición legal».
Y continuaba diciendo que «sin embargo, como se argumentará a continuación, la asimilación del préstamo participativo al capital social de Plus Ultra no es sostenible desde un punto de vista jurídico ni económico, teniendo solo por finalidad eludir la aplicación de las condiciones por las que se aprobó la Decisión SA.57659, evitando la consideración de la beneficiaria como una empresa en crisis y arrojando dudas sobre la situación financiera real de la empresa».
La conclusión es que los informes maquillaban trampas para considerar incluir este dinero del préstamo como fondos de la empresa. Garicano explica que «el asesor financiero y las autoridades españolas deciden deliberadamente incluir el préstamo participativo como fondos de la empresa asimilables a su capital social a la hora de efectuar el cálculo relativo a la definición de “empresa en crisis”. No hay razón jurídica ni contable para llegar a esta conclusión (…)».
Pero lo que despertó la curiosidad de la Fiscalía Anticorrupción fue el párrafo donde Garicano se refiere a Panacorp «una empresa de dudosa reputación», lo cual «no solo podría indicar que los prestamistas de Panacorp no estaban interesados en contribuir al capital de la empresa, sino que casa mal con los motivos que llevaron a la Comisión a emitir la Decisión SA.57659, destinada a recapitalizar empresas estratégicas españolas y no a lucrar a empresas que operan en paraísos fiscales».
Además, ese préstamo de Panacorp a Plus Ultra «se otorgó a 4 años vista, venciendo el 31 de diciembre de 2021, sorprendentemente corto para suponer una voluntad real de participar, aun de forma asimilada, en el capital de la empresa. Además, el asesor jurídico admite que inicialmente se configuró como una línea de crédito ordinaria, siendo convertido en préstamo participativo 3 meses más años más, hasta el 31 de diciembre de 2026».
Sin embargo, Luis Garicano sostenía entonces que «pero «una empresa con un interés real en asegurar su viabilidad, especialmente a la vista de recibir una ayuda estatal de esta magnitud, habría optado por ampliar su capital y no por renovar un préstamo de dudoso encaje jurídico a efectos de elegibilidad de la ayuda y que no soluciona los graves problemas financieros que acarrea».
¿Pero por qué el eurodiputado Garicano arroja la sombra de la corrupción sobre este rescate? Lo explicaba más adelante: «según el registro mercantil, el presidente de la sociedad que controla, directa e indirectamente, más del 56,8% de las acciones de Plus Ultra (Snip Aviation S.L) es Rodolfo José Reyes Rojas, que ha sido investigado penalmente por una trama de corrupción de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en Venezuela. Otros dos accionistas de Plus Ultra, Flavio Pedro Antonio Bórquez Tariff y Héctor Antonio Tobías Reyes, están siendo investigados por Estados Unidos por blanqueo de capitales».
Ademas, añade que «Panacorp, por su parte, tiene como tesorero a Mohamed Ibrahim. (…) es ampliamente conocido que su tío, Camilo Ibrahim, controla la también con la trama de corrupción de los CLAP junto a Rodolfo Reyes Rojas, y por la compañía a través de Panam Capital Markets S.A.».
TRANSFERENCIAS A PARAÍSOS FISCALES
Lo importante es que la UDEF de Policía Nacional investiga ahora si hay transferencias de fondos de Plus Ultra a esta sociedad panameña para pagar una deuda contraída años antes de la irrupción de la pandemia del Covid 19.
El asunto es que la «SEPI no realizó ningún análisis de esto último ni del hecho de que el préstamo procediera de una entidad domiciliada en Panamá, un país que figura en la lista de la Comisión Europea de países con deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo».
Pero ahora la UDEF sí ha puesto su vista en esta empresa, Panacorp, y en otras radicadas en Suiza y Reino Unido. La cuestión es si Plus Ultra utilizó el dinero del rescate en pagar deudas con estas sociedades o blanqueo fondos a través de ellas.
Según el diario El Mundo, se tratarían de los préstamos solicitados por Plus Ultra entre 2020 y 2021 por importe de 1,3 millones de euros a sociedades del financiero Simon Leendert Verhoeven, investigado por la Fiscalía suiza y considerado por la Policía como cabecera de la banda criminal. El 28 de octubre de 2020 Plus Ultra suscribió un primer préstamo por importe de 500.000 dólares con WaileaInvest, entidad domiciliada en Reino Unido. El 20 de noviembre del mismo año firmó otro préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo domiciliado en Suiza. Y el 29 de enero de 2021 rubricó un tercer préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.
Pero lo que de verdad preocupa al Gobierno español no es la legalidad o no del rescate, que tendrán que determinarse en otras instancias, sino la detención del presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, por su cercanía al matrimonio Sánchez Gómez y su buena relación tanto con Begoña Gómez como con el presidente del Gobierno. La Policía también detuvo al CEO de la compañía aérea, Roberto Roselli, empresario venezolano vinculado en su país a numerosas empresas y a otro asesor, también llamado Julio Martínez Martínez, que mantiene una excelente relación con el ex presidente socialista Rodríguez Zapatero, es asesor de Plus Ultra y una de sus empresas es clienta de Whathefav SL, sociedad de las hijas de Zapatero.
Pero el informe de Garicano solo recoge el nombre de Roselli: «Según los estados financieros de Corpoestructura, S.L. y la información disponible en diversos medios, Snip Aviation, S.L. recibió en 2018 un préstamo de 1,23 millones de Corpoestructura, S.L, controlada por Rodolfo Reyes y Roberto Roselli (ver estados financieros de Corpoestructura de 2018, pág. 7). A su vez, Camilo Ibrahim prestó fondos a Corpoestructura, S.L. por valor de 3,39 millones. Estos apoyos pudieron jugar un papel clave en que Snip Aviation, S.L. se hiciera con el control de Plus Ultra».
En definitiva, la conclusión fue que «los documentos aportados por el Reino de España refuerzan las sospechas existentes en el momento de plantear la denuncia de que Plus Ultra no reunía los requisitos de elegibilidad necesarios para recibir la ayuda, en particular, los de no ser una empresa en crisis antes del inicio de la pandemia, ser estratégica y ser viable».
