Tras conocerse la detención de Nicolás Maduro en Venezuela por fuerzas estadounidenses y la actualización de la acusación en Estados Unidos por presuntos delitos vinculados al narcoterrorismo y al tráfico de drogas, la asociación Hazte Oír (HO) ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
La querella sostiene que José Luis Rodríguez Zapatero habría «intervenido en hechos susceptibles de encaje» en los siguientes delitos previstos en el Código Penal español: tráfico de drogas (arts. 368 y ss. CP), blanqueo de capitales (art. 301 CP) y pertenencia a organización criminal (art. 570 bis CP).
Hazte Oír ha podido preparar esta querella tras acceder al indictment (escrito de acusación) presentado por la fiscalía estadounidense y tras intensos días de trabajo jurídico, analizando vías legales en Estados Unidos, con el fin de trasladar a España los elementos relevantes para la investigación y persecución de posibles responsabilidades.
«Lo ocurrido en Estados Unidos no puede quedarse allí. Si existen indicios de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo, y de quienes habrían facilitado su operativa y su impunidad internacional, España debe investigar hasta el final», señalan desde Hazte Oír. La organización recuerda que el mismo día en que se conoció la operación contra Maduro anunció públicamente la preparación de una batería de acciones judiciales contra Zapatero por su papel en el sostenimiento político e internacional del régimen venezolano, y subraya que esta querella es la primera de esas iniciativas.
Hazte Oír sostiene que la actuación del querellado no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar la operativa internacional del régimen de Nicolás Maduro. A juicio de la organización, esa colaboración con la estructura criminal habría servido para reforzar su capacidad de actuación, su cobertura exterior y su continuidad, elementos que ahora deben ser investigados en sede judicial para depurar, en su caso, las responsabilidades penales
En la relación de hechos se relata que «en fecha 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) hizo pública una acusación formal indictment (Caso S2 11 Cr. 205) presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en la que se imputan a Nicolás Maduro Moros y a otros altos cargos del régimen venezolano delitos de narcotráfico internacional, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y blanqueo de capitales. Dicha acusación fue anunciada públicamente por el Fiscal General de los Estados Unidos y se basa en investigaciones de la Drug Enforcement Administration (DEA) realizadas durante varios años. Según sostienen dichas autoridades y se incorpora a esta querella hasta cuatro hechos como acusatorios:
Conspiración narco-terrorista: Nicolás Maduro no solo conocía, sino que dirigía y gestionaba actividades de narcotráfico en colaboración directa con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La DEA sostiene que Maduro negoció cargamentos de toneladas de cocaína producida por las FARC, utilizando a Venezuela como plataforma segura de tránsito.
Uso de recursos estatales: Se acusa a Maduro de proporcionar armas militares a las FARC y de coordinar, junto con otros altos funcionarios (el «Cártel de los Soles»), «el uso de bases aéreas y puertos venezolanos para el despacho de droga», según la querella.
La ruta hacia Europa y España: La investigación de la DEA señala que, si bien gran parte de la droga tenía como destino EE.UU., una porción significativa de los cargamentos de cocaína gestionados bajo la supervisión de Maduro fueron enviados a través de rutas marítimas y aéreas hacia África Occidental y Europa, siendo España la principal puerta de entrada y distribución.
Enriquecimiento ilícito: Las autoridades estadounidenses estiman que esta conspiración permitió el movimiento de aproximadamente 250 toneladas de cocaína al año, generando cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas que fueron posteriormente blanqueadas. Como consecuencia de todas estas actuaciones, el 3 de enero de 2026 se produjo la detención de Nicolás Maduro Moros, en el seno de una operación oficial que supuso su extracción del territorio venezolano y su posterior puesta a disposición de la jurisdicción federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY).
Los querellantes aportan «la resolución norteamericana -y la traducción automática de la misma- que amparó la extracción de Nicolás Maduro, así como su traducción al español. Debe recalcarse que en dicha resolución se identifican unos investigados, pero al mismo tiempo también se señala la existencia de otros participantes, conocidos o desconocidos, lo que es de gran relevancia para esta acusación».
VÍNCULOS DE ZAPATERO
Además, la querella detalla vínculos políticos, económicos y personales de Zapatero con el régimen venezolano, incluyendo reuniones con altos cargos, mediaciones internacionales, y presunta participación en actividades económicas opacas. También se menciona un incremento significativo en su patrimonio desde que dejó la presidencia, lo que se considera un posible indicio de enriquecimiento ilícito.
Por todo ello, Hazte Oír solicita la apertura de diligencias penales, medidas cautelares como la retirada de su pasaporte y el embargo de bienes, y una investigación exhaustiva de su patrimonio y relaciones económicas.
El documento señala que Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela, mantenía una relación cercana y personal con el querellado, José Luis Rodríguez Zapatero. Se menciona que Rodríguez Zapatero la consideraba su «amiga», según intercambios de mensajes privados publicados en medios españoles. Además, se indica que ambos participaron juntos en reuniones con Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen venezolano, y que Delcy Rodríguez estuvo involucrada en diversas actividades económicas y políticas en las que Zapatero habría actuado presuntamente como intermediario.
La querella recoge también la «especial relevancia» de la «evaluación de la evolución económica de su entorno familiar, entre ellas la sociedad Whathefav SL, propiedad de sus hijas (Laura y Alba Rodríguez Espinosa) debe incorporarse como elemento esencial de análisis» y añade que «esta sociedad, cuyo crecimiento económico significativo coincide temporalmente con la actuación del querellado como interlocutor privilegiado del régimen, introduce un vector adicional de investigación desde la perspectiva del blanqueo de capitales, en tanto que las estructuras familiares y societarias son mecanismos recurrentes de integración de fondos en contextos de criminalidad organizada».
También aluden a la temporalidad de ese incremento patrimonial de Rodríguez Zapatero que habría coincidido desde 2014 a 2025, «momento en el que intensifica de forma notoria sus contactos directos y reiterados con Nicolás Maduro y con la cúpula del chavismo». El patrimonio inmobiliario del entorno familiar del ex presidente habría pasado de 38.000 euros en 2011 a más de 3,7 millones de euros en años posteriores y se menciona la adquisición de varios inmuebles de lujo por valor supuesto de unos 6 millones de euros y cuando dejó de ser presidente en 2011 su declaración de bienes fue de 130.562,14 euros. Además, cuando cesó como parlamentario en septiembre de 2011 el patrimonio total era de unos 200.000 euros, con una parcela en León como principal activo inmobiliario.
El documento indica que el patrimonio inmobiliario del entorno familiar de José Luis Rodríguez Zapatero habría pasado de un valor aproximado de 38.000 euros en 2011 a más de 3,7 millones de euros en años posteriores. Este incremento patrimonial significativo coincide temporalmente con el inicio e intensificación de su relación con el régimen venezolano, lo que se considera un posible indicio de enriquecimiento ilícito. Además, se menciona la adquisición de varios inmuebles de lujo, cuyo valor agregado podría alcanzar los seis millones de euros.
