El escenario político español ha sufrido un nuevo incendio tras la presentación del nuevo modelo de financiación autonómica por parte de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Lo que el Ejecutivo central proyectaba como una solución técnica para desbloquear una década de parálisis financiera, y no nos engañemos, alargar la legislatura gracias al nacionalismo catalán se ha transformado en una crisis interna dentro del PSOE. En el centro de esta rebelión se sitúa Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, quien ha abandonado cualquier pretensión de cautela diplomática para lanzar un ataque frontal contra lo que considera un «atropello» a la integridad nacional y a los principios fundamentales de la izquierda progresista.
Desde el municipio de Alcoba de los Montes, en Ciudad Real, el barón socialista señaló el malestar de una parte significativa del territorio nacional y de los votantes socialistas de regiones sin separatistas, utilizando un tono de gravedad institucional pocas veces visto en el político castellanomanchego. Para García-Page, el acuerdo no representa simplemente una redistribución de recursos, sino un cambio de paradigma que entrega las llaves de la riqueza nacional a los partidos independentistas. Su diagnóstico es demoledor: la propuesta supone el «mayor ataque a la igualdad» producido en la etapa democrática, un diagnóstico que rechina dentro del Gobierno de Pedro Sánchez, que atravesando un momento grande de debilidad intenta equilibrar las exigencias de sus socios de investidura con la estabilidad de un país que observa, con creciente inquietud, cómo se fractura el principio de solidaridad interterritorial.
FRACTURA IDEOLÓGICA DE LA IZQUIERDA
El argumento de García-Page no es solo económico, sino profundamente ideológico. El presidente castellanomanchego ha lamentado lo que define como un «intento de suicidio político de la izquierda», sugiriendo que el PSOE está abandonando sus banderas históricas para abrazar intereses puramente personales y de supervivencia en el poder. La crítica se dirige directamente a la línea de flotación del sistema de valores progresistas: la transformación de un modelo de progresividad fiscal —donde quien más tiene más aporta para que se redistribuya hacia quienes menos poseen— en un modelo de «regresividad» donde se prioriza la riqueza de ciertos territorios sobre la equidad ciudadana.
Esta metamorfosis fiscal, a juicio de Page, es algo que tradicionalmente solo habría defendido «la derecha más reaccionaria». El presidente regional ha ido más allá al calificar de «ininteligibles y caóticos» los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Hacienda para justificar que se pacte el modelo de todos con unos pocos y luego se pretenda servir el «plato frío» al resto de las comunidades. La indignación del líder socialista radica en la ruptura de la transparencia y la bilateralidad privilegiada con el independentismo, una maniobra que considera una ofensa a las décadas de lucha por la cohesión social en España. En su discurso, la mención a la «camiseta limpia o sucia» de quienes defienden este modelo dentro de sus propias filas evidencia una ruptura emocional y orgánica con la dirección federal del partido.
LA OPOSICIÓN SE SUMA A LAS TESIS DE SÁNCHEZ
Desde el Partido Popular, voces como la de Elías Bendodo han denunciado que este principio significa, en la práctica, que los territorios más ricos seguirán acumulando más recursos mientras los menos favorecidos quedan relegados a una posición de dependencia permanente. Bendodo, en el marco de la Interparlamentaria del PP en A Coruña, ha acusado a Pedro Sánchez de firmar el «principio de insolidaridad» y de haber «matado al PSOE» para convertirlo en una marca personalista que prioriza la supervivencia del líder sobre la igualdad de los territorios. El PP subraya la contradicción de la ministra Montero, recordando que, en su etapa como consejera en Andalucía, calificaba de «inaceptable» este mismo sistema que ahora defiende desde Madrid.
Por su parte, desde la Comunidad de Madrid, a través de su consejera de Economía, Rocío Albert, ha elevado el tono al denunciar que la región recibirá la mitad de recursos que Cataluña, acusando al Gobierno de utilizar los impuestos de los madrileños para «financiar la fiesta independentista». El Gobierno madrileño advierte que utilizará todos los recursos legales a su alcance para impedir lo que consideran un agravio comparativo. La tesis de la «financiación a la carta» ha calado hondo, y la respuesta coordinada de diversas autonomías sugiere que la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) se enfrentará a un muro infranqueable en el Congreso, donde el Ejecutivo carece de una mayoría sólida para sacar adelante cambios de tal envergadura sin el consenso de los grandes partidos nacionales.
REPARTO INJUSTO
La defensa del Gobierno se ha centrado en el argumento de que la «hucha» de la financiación autonómica ha crecido significativamente tras años de espera. Sin embargo, para García-Page, este aumento de la cuantía total es una maniobra de distracción que no corrige la injusticia del reparto.
«El pastel es más grande, pero los trozos son mucho más injustos», ha sentenciado, rechazando lo que denomina «fondos de limosna» creados para apaciguar a las regiones críticas. Para el presidente de Castilla-La Mancha, no se trata de una cuestión de cantidad, sino de dignidad democrática y de respeto a las normas que rigen la convivencia. La metáfora de España como una «inmensa guardería» a la que se le intenta imponer un relato falso refleja el hartazgo de una administración regional que se niega a ser espectadora de un acuerdo que considera viciado de origen.
La reclamación final de Page es una apelación directa a la soberanía nacional. Ante la posibilidad de que el modelo avance bajo la dirección de quienes «quieren romper España», el mandatario ha exigido que «hablen los españoles». Esta petición de consulta o, al menos, de un debate nacional abierto y honesto, sitúa la cuestión de la financiación en el centro de la próxima contienda electoral, ya sea regional o general. El conflicto ha dejado de ser una disputa contable sobre décimas de PIB para convertirse en una batalla por la identidad de España como nación solidaria. Con la advertencia de que «ya está bien de barrer siempre para los mismos», García-Page ha cerrado su intervención dejando claro que su gobierno no aceptará más «trampas ni engaños», marcando el inicio de una resistencia política y legal que promete ser larga y de consecuencias imprevisibles para la estabilidad de la legislatura.
INVIAVILIDAD SIN CONSENSO NACIONAL
La estrategia de la Moncloa de negociar de forma bilateral con el independentismo ha chocado frontalmente con la realidad de un Estado autonómico que exige multilateralidad. La advertencia del Partido Popular sobre la falta de apoyos para modificar leyes orgánicas clave, sumada a la rebelión interna en el PSOE liderada por Page, deja al nuevo modelo de financiación en un limbo jurídico. Mientras el Gobierno intenta presentar el acuerdo como una medida de regeneración y justicia, las comunidades damnificadas lo ven como el precio a pagar por la permanencia en el palacio de la Moncloa, una «factura política» que, según denuncian, terminarán pagando los ciudadanos a través de servicios públicos desiguales.
La batalla por la financiación autonómica es, en última instancia, la batalla por el modelo de país. Por un lado, una visión que apuesta por la singularidad y el pacto bilateral como herramienta de pacificación territorial; por otro, una visión que defiende la igualdad de todos los españoles ante la caja común, independientemente del código postal en el que residan. García-Page ha dejado claro que no participará de lo que considera un «atropello» y que su lealtad primera es hacia los valores que impiden que el futuro de los hijos y nietos de los españoles sea decidido en despachos cerrados con quienes cuestionan la propia existencia del Estado. La pelota está ahora en el tejado de un Gobierno central que deberá decidir si prosigue con su plan a riesgo de fracturar definitivamente el país o si abre un proceso de diálogo real que incluya a todas las voces de una España que se niega a ser repartida en trozos desiguales.
