La presidenta María Chivite ha querido abrir 2026 con una imagen de estabilidad y control político. La remodelación de su Gobierno, anunciada de urgencia en el Palacio de Navarra, ha sido presentada como un «nuevo impulso» para encarar los últimos quince meses de legislatura.
Javier Remírez e Inma Jurío sustituyen a Félix Taberna y Amparo López en dos movimientos clave: Presidencia, Igualdad y Portavocía, por un lado, e Interior, Función Pública y Justicia, por otro. A ellos se suma Miriam Martón como nueva directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo.
Chivite, que no se ha visto salpicada por la presunta corrupción que salpica a su padrino político Santos Cerdán, defendió los cambios apelando a la necesidad de «imprimir otro ritmo y otro perfil político» y rechazó que la estabilidad se garantice «con la mera inercia». Nadie viene al Gobierno a estar cómodo, a un Gobierno se viene a tomar decisiones», subrayó, insistiendo en que la legislatura avanza «hacia su íntegro cumplimiento» tras la aprobación de los Presupuestos.
Sin embargo, ese mensaje de fortaleza institucional contrasta con el creciente malestar social y sindical, especialmente en el ámbito fiscal y presupuestario. El sindicato vasconavarro ELA, mayoritario en amplios sectores de la Comunidad Foral, ha elevado el tono de su crítica y sitúa a María Chivite en el centro de lo que considera un ciclo de «inmovilismo» que reproduce, en lo esencial, las políticas de gobiernos anteriores.
Así lo expresó con claridad su secretario general, Mitxel Lakuntza, en una extensa entrevista concedida a Diario de Noticias con motivo del balance de fin de año. Lakuntza enmarca su análisis en una idea de fondo: el llamado ‘cambio político’ iniciado en 2015 sigue siendo una tarea inacabada.
«Nos preocupa un constante empobrecimiento general de la sociedad y una extensión de la precarización social y laboral que no está formando parte de la agenda política de los gobiernos», afirmó. Para ELA, el problema no es coyuntural ni atribuible solo al contexto internacional, sino estructural: «Si se analiza la distribución de la riqueza, la situación de la vivienda, el incremento de la pobreza… la izquierda no cumple su papel.
El dirigente sindical apunta directamente a la política fiscal como eje central del conflicto. «El debate fiscal y presupuestario determina qué pasa con la riqueza que se genera», sostuvo. Y fue especialmente duro con el último acuerdo fiscal avalado por el Gobierno foral y sus socios: «Las dos grandes medidas son que se recaude menos, porque se van a bajar algunos tramos del IRPF y bajar el impuesto de sociedades, ya bastante escaso si sumas las deducciones, exenciones y bonificaciones».
En su opinión, presumir de baja presión fiscal empresarial, como ha hecho Chivite, es «una vergüenza» en un contexto de aumento de la pobreza y emergencia habitacional. «Que la presidenta de un Gobierno esté haciendo un discurso propatronal es injustificable», sentenció. Lakuntza fue más allá y equiparó el actual rumbo fiscal con el de UPN, e incluso lo consideró un retroceso. «Es la política que hacían Barcina y UPN, pero incluso empeorando el impuesto de sociedades», afirmó.
Desde ELA se subraya que Navarra mantiene un diferencial de recaudación de unos 2.000 millones de euros respecto a la media europea, lo que explica, a su juicio, la infradotación de servicios públicos y la falta de ambición redistributiva.
AUSENCIA DE TENSIÓN POLÍTICA EN EL PODER EN NAVARRA
Para Lakuntza, la ausencia de tensión política dentro del bloque gubernamental favorece la desmovilización social y consolida un discurso conformista: «Hay un discurso que llama a estar contentos porque UPN no está en el Gobierno. La lectura política no puede quedarse solo en eso, porque nos impide avanzar». El malestar sindical no se limita a la fiscalidad. ELA denuncia el fracaso de las políticas de vivienda, con solo un 1,17% del presupuesto destinado a este ámbito y un parque público de alquiler social que apenas alcanza el 1,6% del total.
También critica la gestión de la siniestralidad laboral, recordando que Navarra presenta la peor tasa del Estado, con «un trabajador o trabajadora que muere cada dos semanas». En este contexto, Lakuntza descalificó el diálogo social impulsado por el Gobierno: «Las mesas de diálogo social no tienen ningún logro, solo sirven para desmovilizar y dar una imagen de armonía que no es real, es propaganda».
El choque con Chivite se ha evidenciado incluso en el plano institucional. Lakuntza relató que el sindicato solicitó una reunión para abordar la propuesta de un salario mínimo propio para Navarra y que la presidenta se negó a recibirles. «Que la presidenta dé un portazo a una reunión a más del 40% de la representación sindical en Navarra me parece grave», afirmó, justificando la convocatoria de una huelga general en marzo junto a LAB y otras centrales.
Este diagnóstico se refuerza con el balance de ELA sobre los diez años de gobiernos «del cambio». El sindicato subraya que, mientras el PIB ha crecido más de un 41%, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza ha aumentado del 13,9% al 18,3%.
