Washington ha amanecido con una resaca política que pocos esperaban tras la euforia militar de la semana pasada. Aunque el Pentágono sigue celebrando la ejecución táctica de la operación en Caracas, el Senado ha decidido frenar las ambiciones expansionistas del presidente. No se trata solo de Venezuela; se trata de quién tiene realmente la llave de la guerra en la democracia más potente del mundo, una pregunta que llevaba años dormida y que acaba de despertar de golpe con 52 votos a favor y 47 en contra.
La resolución aprobada este jueves no es un simple papel mojado, sino una advertencia directa desde el Legislativo al Despacho Oval para limitar los poderes de guerra presidenciales. Mientras los analistas debatían sobre la legalidad internacional de la extracción, cinco senadores republicanos han cruzado el pasillo para unirse a los demócratas. Este movimiento bipartidista envía un mensaje claro: el éxito militar de una noche no garantiza la carta blanca política para administrar una nación extranjera indefinidamente.
La rebelión de los 52 y el factor republicano
Lo que ha ocurrido en el pleno del Senado es una rareza en tiempos de polarización extrema, donde las filas partidistas suelen ser muros infranqueables. Sin embargo, ante la retórica cada vez más agresiva de la Casa Blanca, un grupo clave de conservadores ha dicho basta priorizando la Constitución sobre la lealtad al líder. Figuras como Rand Paul y Todd Young han dejado claro que, aunque celebran la caída del chavismo, no están dispuestos a permitir una ocupación militar prolongada sin el consentimiento explícito del Congreso de los Estados Unidos.
El debate ha sido intenso y, por momentos, ha rozado lo personal, con acusaciones cruzadas de falta de patriotismo desde el ala más dura del trumpismo. A pesar de la presión mediática y las redes sociales ardiendo, la vieja guardia del Senado ha recuperado su voz para recordar que la declaración de guerra es su competencia exclusiva. No es una defensa de Maduro, a quien todos califican de tirano, sino una defensa de la propia institucionalidad estadounidense ante un Ejecutivo que parece no reconocer límites fronterizos ni legales.
La sombra de la «Operación Caracas»
Para entender este frenazo legislativo, hay que rebobinar hasta la madrugada del 3 de enero, cuando las fuerzas especiales ejecutaron una incursión de película. Aunque la precisión quirúrgica del asalto fue innegable, las consecuencias geopolíticas están resultando ser mucho más desordenadas de lo que prometía el PowerPoint del Pentágono. La imagen de un presidente extranjero extraído en pijama y trasladado a Nueva York ha generado un vacío de poder en Caracas que Washington pretende llenar unilateralmente, algo que ha encendido todas las alarmas diplomáticas.
Un grupo clave de conservadores ha dicho basta priorizando la Constitución sobre la lealtad al líder.
La euforia inicial de los mercados y de parte de la diáspora venezolana se está transformando rápidamente en una inquietud palpable sobre el «día después». Mientras los titulares se centraban en la figura del dictador capturado, los expertos en seguridad advertían del caos inminente si no había una hoja de ruta clara para la transición. La Casa Blanca vendió una victoria rápida, pero la realidad sobre el terreno sugiere que gestionar el colapso de un estado fallido requiere mucho más que helicópteros silenciosos y unidades de élite.
«Dirigiremos el país»: La frase que lo cambió todo
El detonante real de esta resolución no fue la operación militar en sí, sino las declaraciones posteriores del presidente Donald Trump asegurando que Estados Unidos «dirigirá» Venezuela. Esta afirmación, cargada de un tono casi colonial, provocó un escalofrío inmediato en los pasillos del Congreso y en las cancillerías de toda América Latina. La idea de una administración directa desde Washington, sin fecha de caducidad y sin votación parlamentaria, transformó una misión de extracción en un potencial escenario de ocupación a largo plazo.
Los senadores impulsores de la medida, como el demócrata Tim Kaine, argumentaron que una cosa es eliminar una amenaza y otra muy distinta es asumir la soberanía de una nación sudamericana. Ante la posibilidad real de que tropas estadounidenses patrullaran las calles de Caracas indefinidamente, la necesidad de imponer un cortafuegos legal se volvió urgente para evitar un nuevo Vietnam en el hemisferio occidental. No se trata de pacifismo ingenuo, sino de realismo político: Estados Unidos no tiene el capital político ni económico para reconstruir Venezuela en solitario.
¿Quién es el siguiente? Groenlandia y México en el radar
Lo más inquietante del debate en el Senado no fue lo que se dijo sobre Venezuela, sino las referencias a otros posibles objetivos que han aparecido en los discursos presidenciales. Durante la sesión, se mencionó explícitamente el temor a que, tras este éxito, la administración ponga sus ojos en territorios como Groenlandia o incluso zonas fronterizas de México. La lógica es sencilla: si el Congreso no marca el límite ahora con un caso extremo, el precedente podría utilizarse para justificar intervenciones militares en cualquier lugar bajo el pretexto de la seguridad nacional o intereses económicos.
Esta resolución actúa, por tanto, como un mecanismo de defensa preventiva ante una política exterior que muchos legisladores consideran errática y peligrosamente impulsiva. Aunque es probable que el presidente intente vetar la medida si llega a su escritorio, el valor simbólico de este voto es incalculable en este momento histórico. El Congreso ha despertado de su letargo para recordar que, en una república, ni siquiera el Comandante en Jefe está por encima de las leyes que regulan el uso de la fuerza.
