La defensa del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha desplegado una estrategia agresiva y profundamente técnica destinada a desmontar lo que califican como una instrucción «escorada» y carente de las garantías mínimas que exige un Estado de derecho por el ‘Caso Koldo’. Bajo la dirección letrada de Carlos Miguel Bautista, el equipo jurídico de Ábalos no solo niega los cargos de organización criminal y cohecho, sino que ha pasado a la ofensiva denunciando una «indefensión brutal» provocada por el cierre apresurado de la investigación.
El eje central de esta estrategia de defensa judicial se fundamenta en la impugnación de los tiempos y métodos empleados por el instructor. Para la defensa de Ábalos, el dictado del auto de procedimiento abreviado apenas tres días después de denegar todas las pruebas propuestas no es una casualidad cronológica, sino una maniobra para impedir que el exministro pueda contrarrestar los indicios de la Guardia Civil con pruebas periciales propias. Argumentan que se ha fabricado una «verdad de artificio» que, de no ser frenada a tiempo, acabará convertida en una verdad legal injusta.
BLINDAJE DE LAS EVIDENCIAS DIGITALES
Uno de los pilares de la estrategia es la denuncia de la opacidad en el manejo de las pruebas tecnológicas. La defensa sostiene que se ha vulnerado el derecho a un juicio equitativo al no permitírseles el acceso a dispositivos clave, como un disco duro encontrado en casa de Koldo García que es propiedad de Ábalos. Según los abogados, la apertura y análisis de estos soportes digitales se realizó sin la presencia de la defensa, lo que rompe la cadena de custodia y anula la posibilidad de verificar la integridad de los datos mediante el código hash.
Este aspecto no es menor, pues la defensa pretende utilizar esos mismos dispositivos para demostrar que la investigación comenzó de forma «clandestina» mucho antes de lo que figura oficialmente en el sumario. Si logran probar que la Guardia Civil ya rastreaba a Ábalos cuando este aún gozaba de inmunidad parlamentaria sin la autorización previa de las Cortes, podrían invalidar gran parte de la causa por vulneración de los derechos fundamentales recogidos en los artículos 23 y 71 de la Constitución.
INTERPRETACIÓN DE LOS INDICIOS
La estrategia también se adentra en el terreno de la interpretación de los indicios. Un ejemplo claro es el uso del término «folios» en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO). Mientras que los investigadores sostienen que esta palabra era un código para referirse a pagos en efectivo, la defensa ha solicitado —sin éxito durante la instrucción— que el Ministerio de Transportes certifique el número real de folios entregados a la secretaría del ministro entre 2018 y 2021. Para los abogados, se está criminalizando un lenguaje administrativo habitual, hurtando al tribunal la posibilidad de valorar significados alternativos.
Del mismo modo, el equipo jurídico de Ábalos trata de desvincular al exministro de cualquier flujo económico irregular. Sostienen que no existen ingresos ilícitos y que todos sus movimientos bancarios corresponden a su sueldo público, dietas del PSOE debidamente documentadas y préstamos personales con Koldo García que fueron reintegrados mediante transferencias bancarias, sumando más de 23.000 euros para demostrar que no había un flujo de dinero unidireccional de la supuesta trama hacia él.
REGALOS INEXISTENTES Y EL PAPEL DE ALDAMA
Frente a la acusación de haber recibido beneficios en forma de inmuebles o alquileres, la defensa presenta una narrativa de «engaño» y «ajenidad». Niegan que el chalet de Marbella o el apartamento en la Torre de Madrid fueran contraprestaciones por el rescate de Air Europa o por favores a la empresa Villafuel. En el caso del piso de Plaza de España, argumentan que el alquiler fue pagado por Víctor de Aldama por una relación previa con la inquilina, Jésica Rodríguez, que nada tenía que ver con Ábalos, quien nunca residió allí.
Finalmente, la estrategia se dirige a cuestionar la credibilidad de Víctor de Aldama, ahora convertido en el principal delator. La defensa ha solicitado su interrogatorio bajo condiciones estrictas, exigiendo que se revele cualquier acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Para el equipo de Ábalos, las declaraciones de Aldama son «exageraciones» de alguien que busca beneficios procesales a costa de la realidad, y advierten que un juicio basado en pactos sorpresivos a espaldas del resto de acusados vulnera el principio de igualdad de armas y la seguridad jurídica.
