WhatsApp se ha convertido en el centro de una polémica que afecta a millones de conductores españoles que desconocen las nuevas sanciones vigentes desde 2025. La Dirección General de Tráfico ha intensificado su persecución contra grupos y aplicaciones que alertan sobre controles de velocidad, alcoholemia o presencia policial en las carreteras. Esta práctica, extendida entre comunidades de vecinos, amigos y grupos profesionales, puede acarrear consecuencias económicas devastadoras para quienes organizan o participan activamente en estas conversaciones.
La normativa contempla sanciones que oscilan entre los 100 y los 20.000 euros. La cifra máxima se reserva para aquellos casos donde se demuestre una obstrucción deliberada a la labor de control de las autoridades. Por ello, compartir un mensaje aparentemente inocente sobre la ubicación de un radar móvil puede transformarse en un problema legal de dimensiones impredecibles para el conductor desprevenido.
La nueva interpretación que cambia las reglas del juego
La Dirección General de Tráfico ha modificado su criterio interpretativo respecto a la obstaculización de controles viales. Anteriormente, esta conducta se asociaba principalmente con acciones físicas como impedir el acceso a un punto de control o alertar mediante señales luminosas entre vehículos. Sin embargo, la proliferación de grupos dedicados exclusivamente a compartir ubicaciones policiales ha llevado a las autoridades a ampliar el concepto.
Según fuentes jurídicas consultadas, la clave reside en demostrar la intencionalidad y la sistematicidad de estas acciones. Un mensaje aislado informando de un control difícilmente prosperará como infracción grave, pero administrar un grupo con centenares de miembros cuyo objetivo explícito sea eludir controles constituye una vulneración flagrante. La Guardia Civil y las policías autonómicas disponen ya de protocolos específicos para identificar estos grupos y rastrear a sus administradores mediante procedimientos legales.
La tecnología permite ahora geolocalizar mensajes y establecer patrones de comportamiento entre usuarios habituales. Cuando un grupo advierte sistemáticamente sobre controles en horarios de máxima actividad policial, las autoridades pueden solicitar información a las operadoras mediante procedimientos judiciales. Esta capacidad investigadora transforma lo que parecía una práctica inofensiva en una actividad potencialmente perseguible con multas millonarias que superan el sueldo anual de muchos españoles.
Qué acciones están prohibidas y sus consecuencias
La normativa establece diferentes niveles de infracción según el grado de implicación personal. No todas las participaciones en grupos de alerta conllevan las mismas consecuencias, pero conviene conocer dónde se encuentra la línea roja legal para evitar sorpresas desagradables que afecten al bolsillo.
✓ Crear o administrar grupos específicos para avisar de controles policiales
✓ Compartir ubicaciones precisas de radares móviles en tiempo real
✓ Organizar sistemas coordinados de alerta entre conductores habituales
✓ Utilizar aplicaciones diseñadas exclusivamente para eludir controles
✓ Publicar fotografías o vídeos identificando vehículos policiales
La diferencia fundamental radica en la habitualidad y el propósito declarado del grupo. Comentar casualmente que hay tráfico denso por un control policial en una conversación familiar no constituye infracción administrativa. En cambio, mantener un canal actualizado minuto a minuto con posiciones de patrullas sí entra dentro del ámbito sancionador. Las autoridades distinguen entre información incidental e interferencia deliberada en operativos de seguridad vial destinados a salvar vidas.
Precedentes judiciales que marcan el camino legal
Los tribunales españoles han comenzado a pronunciarse sobre estos casos durante 2025 con sentencias que establecen jurisprudencia. Una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó una sanción de 6.000 euros a un administrador de grupo de WhatsApp que coordinaba avisos en la M-30. El fallo considera probada la intención de obstaculizar sistemáticamente la labor preventiva de la DGT en uno de los puntos más transitados de la capital.
Otros casos documentados revelan multas de menor cuantía, entre 500 y 2.000 euros, para participantes activos que contribuían regularmente con información sobre controles móviles. La graduación de la sanción depende de factores como la reincidencia, el número de avisos compartidos y el impacto demostrable en la efectividad de los operativos policiales diseñados para reducir la siniestralidad. Los abogados especializados recomiendan abandonar inmediatamente cualquier grupo sospechoso.
La Fiscalía de Seguridad Vial ha anunciado que priorizará la persecución de organizadores sobre participantes ocasionales en su estrategia de actuación. Esta decisión busca desmantelar las redes más activas sin colapsar el sistema judicial con infracciones menores que ralentizarían los procedimientos. No obstante, la advertencia es clara: ningún usuario está completamente a salvo si participa en conversaciones cuyo objeto principal sea eludir controles.
Alternativas legales y recomendaciones de los expertos
Existen aplicaciones de navegación legales que informan sobre radares fijos mediante datos oficiales públicos. Waze, Google Maps y otras plataformas ofrecen alertas dentro del marco normativo porque utilizan información institucional y no dependen de redes organizadas para eludir controles en tiempo real. La diferencia legal resulta sustancial: consultar un mapa oficial de radares resulta lícito, organizar una red clandestina no lo es bajo ningún concepto.
Los expertos en seguridad vial recomiendan evitar cualquier grupo cuyo nombre o descripción haga referencia explícita a controles policiales o radares móviles. Conviene revisar las conversaciones grupales y abandonar aquellas donde se compartan sistemáticamente ubicaciones de patrullas o dispositivos de control. La prevención resulta más económica que enfrentarse a un procedimiento sancionador que puede prolongarse meses y generar gastos legales adicionales.
