El Gobierno de Pedro Sánchez rescató la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros incumpliendo su propia normativa. Lo hizo en contra de la ley PCM/679/2020, de 23 de julio, que señalaba los requisitos, entre los cuales las empresas beneficiarias de ese rescate no debían estar en crisis a 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con la normativa europea. La juez que instruye la causa por este rescate investiga ya la posibilidad de una mano o influencia externa que ayudase a decidir el rescate.
Las pruebas ya han sido presentadas en forma de informe por el colectivo de funcionarios Manos Limpias a la juez de Instrucción 15 de Madrid que instruye esta causa bajo secreto de sumario, en la que de momento están investigadas una decena de personas.
El Real Decreto ley 25/2020, de 3 de julio, creaba el fondo de apoyo para la solvencia de empresas estratégicas, que sería gestionado a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y por los representantes de los ministerios de Economía, Hacienda, Industria y Energía.
Pero esa Ley fijaba todos sus preceptos de acuerdo al artículo 2 del Reglamento de la Comisión (UE) nº 651/2014 de 17 de junio. Pero se da la circunstancia de que según tal reglamento, «Plus Ultra estaba en crisis antes del 31 de diciembre de 2019, por no haber reembolsado ni un euro del préstamo de 6,3 millones de euros que le concedió Panacorp en 2017, con objeto de evitar su disolución», según la denuncia de Manos Limpias.
Además, Plus Ultra no tenía aviones en propiedad cuando fue rescatada, ocupaba el puesto 77 del ranking nacional y su cuota de mercado era un exiguo 0,1% del total. Pero, a pesar de todo, el 9 de marzo de 2021 el Consejo de Ministros aprobaba el rescate.
El denunciante se pregunta «¿cómo podemos considerar a Plus Ultra una empresa estratégica si solamente operaba a cuatro ciudades sudamericanas, a las cuales ya volaban otras líneas aéreas españolas como Iberia y Air Europa?.
El Fondo de Solvencia fue creado con el objetivo de aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras, consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional que atravesaban dificultades debido a la pandemia del Covid 19. Las empresas rescatadas debían ser relevantes para «la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o para su contribución al buen funcionamiento de los mercados», según el informe presentado en el juzgado.
El 23 de julio de 2020, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se publicaba la orden donde se fijaban «el conjunto de requisitos que deberían cumplir los beneficiarios de las operaciones, correspondiendo a la SEPI verificar la concurrencia de los mismos (…). Entre otros requisitos se señalaba que la empresa beneficiaria no debería estar en crisis a 31 de diciembre de 2019, todo de acuerdo con el artículo 2 (18) del Reglamento de la Comisión (UE) nº 651/2014, de 17 de junio», según la denuncia.
Para determinar si Plus Ultra estaba en crisis antes de diciembre de 2019 o no hay que acudir al reglamento de la UE que establece como medida de una empresa en crisis «cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o hay recibido ayuda de reestructuración».
Dicen los denunciantes que «nos consta que Plus Ultra sí está inmersa en una crisis a 31 de diciembre de 2019, cuando conocemos a través de las cuentas 2023-2024 de la sociedad que el 22 de diciembre de 2017, dos años antes, que la compañía había contraído un préstamo participativo, para evitar entrar en causa de disolución, por importe de 7.500.000 dólares -al cambio 6.304.314,71€- con la entidad Panacorp Casa de Valores SA».
Añadían que, además, «las dificultades financieras que arrastraban desde su constitución en 2011 eran mayúsculas, cerrando todos los años con pérdidas. Tal préstamo seguía vigente a 31 de diciembre de 2019, sin haber amortizado un solo euro y tampoco en el momento del rescate aprobado por el Consejo de Ministros de España en 9 de marzo de 2021».
PLUS ULTRA YA ESTABA EN CRISIS
Es decir, que Plus Ultra ya estaba en crisis antes de la irrupción del Covid 19 y, por tanto, no cumplía los requisitos para ser rescatada.
Tras la reactivación del sumario solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) practicó varias detenciones el pasado 11 de diciembre. Entre los detenidos, el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola; su director ejecutivo, Roberto Rosellini; y un empresario relacionado con la aerolínea y amigo del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez. Como hay secreto de la investigación nadie sabe, ni siquiera ellos mismos, de qué se les acusa en concreto, aunque los indicios señalan al uso fraudulento de parte de ese rescate.
