La defensa de Koldo García ha formalizado una estrategia legal que se fundamenta en la impugnación técnica de la instrucción y en la búsqueda de nulidades procesales significativas. A través de un extenso escrito de defensa presentado ante el Tribunal Supremo, la representación letrada del exasesor ministerial articula una serie de requerimientos que cuestionan la base misma de la acusación y denuncian una vulneración sistemática de sus derechos fundamentales durante el proceso. El eje principal de su resistencia jurídica se divide en la denuncia de un doble enjuiciamiento prohibido, la impugnación de informes técnicos de la administración y la exigencia de nuevas pruebas testificales para desvincular el patrimonio del investigado de los contratos bajo sospecha.
La primera gran ofensiva de la defensa se centra en el principio de non bis in idem, argumentando que Koldo García está siendo investigado simultáneamente por los mismos hechos en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Según el requerimiento, existe una «identidad de sujeto, hecho y fundamento» que debería invalidar la bicefalia judicial actual.
En este sentido, la defensa sostiene que «el núcleo de la investigación en ambos tribunales es el mismo: la adjudicación de contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y el presunto incremento patrimonial derivado de estas operaciones. Por ello, solicitan formalmente la nulidad de las actuaciones o la inhibición de la Audiencia Nacional a favor del Tribunal Supremo para evitar una doble sanción o resoluciones contradictorias.
DUDAS SOBRE LA AUDITORÍA DE TRANSPORTES
En un segundo bloque de requerimientos, la defensa ataca con dureza la validez del informe de auditoría realizado por el Ministerio de Transportes tras la salida de José Luis Ábalos. Alegan que dicho informe se elaboró al margen de las garantías procesales, sin posibilidad de contradicción y con una «evidente orientación incriminatoria». Para contrarrestar este documento, que consideran «deliberadamente sesgado», han requerido la comparecencia de las autoras del informe con el fin de interrogarles sobre posibles instrucciones políticas recibidas para «hallar irregularidades». Este requerimiento busca desacreditar uno de los pilares documentales que sirvieron para elevar la causa al Alto Tribunal.
Otro punto crítico en las exigencias de la defensa es la recuperación o acceso total a los dispositivos electrónicos intervenidos a Koldo García. Sus abogados denuncian que «se les ha privado de una herramienta esencial para articular su defensa al no disponer de los volcados completos de los teléfonos». Argumentan que la acusación se basa en una interpretación selectiva de la Guardia Civil sobre mensajes y metadatos, y que necesitan realizar su propio análisis forense para construir una línea temporal que demuestre el uso legítimo de esos soportes. Sin este acceso, sostienen que se está produciendo una situación de «asimetría procesal» que genera una grave indefensión.
La estrategia testifical requerida es igualmente de atrevida, solicitando que declaren desde altos cargos políticos hasta técnicos de los servicios jurídicos. Entre las peticiones destaca la de Francina Armengol, con el objetivo de demostrar que la contratación en Baleares fue una decisión autónoma basada en informes técnicos y no el resultado de una presión de Koldo García. También requieren el testimonio de responsables de empresas públicas como INECO o LOGIRAIL para justificar que ciertas contrataciones de personal respondieron a criterios de idoneidad y no a un tráfico de influencias. Con esto, la defensa pretende atomizar la responsabilidad y demostrar que los procesos siguieron los cauces legales de emergencia.
EL ORIGEN DE LOS FONDOS BAJO SOSPECHA
En cuanto al origen de los fondos bajo sospecha, la defensa ha presentado un requerimiento para introducir pruebas que vinculen el manejo de efectivo con actividades internas del partido político. Sostienen que el dinero metálico detectado en las cuentas de Koldo García no provenía de mordidas ilegales, sino de un sistema de retribución y anticipos para gastos de escolta y conductor propios de su función orgánica. Para apuntalar esta tesis, han solicitado la declaración de miembros de la Secretaría de Organización del partido, buscando romper el nexo causal que la Fiscalía establece entre los contratos de las mascarillas y el incremento de ingresos en metálico del investigado.
Finalmente, la representación de Koldo García ha formalizado la petición de exhibir el acuerdo de conformidad que Víctor de Aldama habría alcanzado con la Fiscalía. Los letrados consideran esencial conocer los términos exactos de dicho pacto para valorar la credibilidad del coacusado y detectar posibles «móviles espurios» en su declaración incriminatoria.
Este requerimiento se suma a la solicitud de informes de auditoría interna sobre los accesos de la Guardia Civil a las bases de datos policiales, sugiriendo que la investigación pudo tener un origen prospectivo irregular. Todos estos requerimientos componen un blindaje jurídico que busca, en última instancia, la nulidad de las diligencias más perjudiciales antes de que el juicio oral alcance su fase decisiva
