La financiación del estado es un melón abierto que promete ser una de las mayores batallas entre el PP y el PSOE en lo que queda de legislatura. El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha confirmado que la formación presentará mociones en todos los ayuntamientos de la geografía nacional para exigir un sistema de financiación que sea, ante todo, justo y equitativo. Esta medida no surge en el vacío, sino como una respuesta directa a lo que desde las filas populares se describe como un «ninguneo» constante por parte del Gobierno de Pedro Sánchez hacia las administraciones más cercanas al ciudadano. La estrategia busca forzar un debate que el Ejecutivo ha intentado, según el PP, mantener en la bilateralidad con las fuerzas independentistas.
Para Bendodo y la dirección del PP, el sistema de financiación no puede ser un «puesto de socorro» al que el presidente del Gobierno acuda en situaciones de extrema necesidad personal o política. La crítica es feroz: el PP sostiene que Sánchez utiliza los recursos públicos como una herramienta de supervivencia, pactando con el separatismo una financiación que califican de desigual, injusta e insolidaria. En este contexto, la moción municipal que se desplegará en las próximas semanas pretende ser el altavoz de miles de alcaldes que se sienten ignorados en el reparto de la tarta estatal. El argumento central es que la reforma de la financiación local debe abordarse de forma estrictamente paralela a la autonómica, evitando que los consistorios queden relegados a un segundo plano o, peor aún, a ser considerados meros apéndices de la administración central.
REBELIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS
Bendodo ha sido contundente al denunciar que las múltiples propuestas que el PP ha presentado para mejorar la vida de los municipios terminan sistemáticamente en la «papelera» de la Moncloa. Entre estas iniciativas, que ahora volverán al primer plano a través de las mociones, figuran demandas históricas como la reforma urgente y justa del sistema de financiación local y la derogación de la tasa de basuras, un gravamen que ha generado un rechazo frontal en numerosos ayuntamientos por su impacto en el bolsillo del contribuyente. Asimismo, se reclama que los ayuntamientos puedan invertir sus remanentes de tesorería en vivienda e inversiones productivas, permitiendo que el ahorro municipal se traduzca en beneficios directos para los vecinos en lugar de permanecer bloqueado por directrices estatales.
Desde la perspectiva del PP, Pedro Sánchez ha demostrado un profundo desprecio hacia las corporaciones locales al no convocar la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), el órgano donde deberían sustanciarse estas discusiones. La acusación de que el Gobierno central actúa como el «gran moroso» de los ayuntamientos resuena con fuerza en el discurso de Bendodo, quien asegura que para el sanchismo los ayuntamientos son vistos exclusivamente como «cajeros automáticos» para recaudar, pero nunca como aliados en la gestión pública. Esta visión de los municipios como sujetos pasivos de la política estatal es lo que el PP pretende revertir, exigiendo que se reconozca que la financiación local tiene la misma relevancia constitucional y social que la autonómica.
EL MURO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Mientras el PP prepara su ofensiva municipal, el frente autonómico ha estallado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La reciente reunión de este órgano se saldó con un rechazo casi unánime —con la única excepción de Cataluña— al modelo de financiación planteado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Consejeros de muy distinto signo político, incluyendo a representantes de comunidades gobernadas por el PSOE como Castilla-La Mancha y Asturias, coincidieron en que el sistema nace «viciado» desde su origen. El argumento de que el modelo ha sido «precocinado» en despachos bilaterales con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha unido a once comunidades del PP, a Canarias y a los sectores más críticos del socialismo territorial.
La reunión, que se prolongó durante más de cuatro horas, dejó patente que la oferta de «voluntariedad» del Ministerio de Hacienda es vista por muchas regiones como un «chantaje». El consejero de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, fue especialmente incisivo al señalar que el Gobierno intenta disfrazar de multilateralidad lo que en realidad es el resultado de una negociación bilateral exclusiva con el independentismo. La sensación generalizada entre los consejeros es de decepción absoluta. Se critica que se presenten cifras y textos ya cerrados sin margen de negociación real, lo que vacía de contenido un órgano que, según el PP, debería servir para construir consensos y no para ratificar acuerdos alcanzados «a espaldas» del resto de España para garantizar la permanencia de Sánchez en el poder.
EL FACTOR PAGE EN LAS FILAS SOCIALISTAS
Por otro lado, la figura de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, cobra un protagonismo especial. El Partido Popular ha lanzado un guante directo al barón socialista, instándole a pasar de la retórica crítica a la acción política efectiva. Bendodo ha subrayado que Page tiene ahora la oportunidad de ser «coherente y consecuente» con sus palabras votando a favor de la propuesta del PP en su ámbito territorial y oponiéndose formalmente al modelo pactado con el separatismo. Según el dirigente popular, una sola orden de Page a sus ocho diputados en el Congreso significaría el fin de la legislatura de Sánchez, situando al presidente castellano-manchego ante el dilema de ser un muro contra el sanchismo o convertirse en su «cómplice».
La presión sobre los barones socialistas críticos es parte de una estrategia más amplia que busca fracturar la unidad de bloque del Gobierno. El PP insiste en que las palabras de rechazo al «plato precocinado» de Montero no tendrán valor si no se traducen en hechos concretos en las votaciones parlamentarias. Mientras tanto, la amenaza de llevar el nuevo modelo de financiación ante la Justicia sigue planeando sobre la mesa, con comunidades como Madrid dispuestas a utilizar todos los recursos legales a su alcance para frenar lo que consideran un ataque frontal a la igualdad entre españoles. La batalla por la financiación, por tanto, se libra ahora en dos frentes: el de los grandes despachos autonómicos y el de las plazas de los ayuntamientos, donde el PP espera movilizar a la base social contra un Gobierno al que acusan de gobernar solo para sus socios.
La conclusión de esta ofensiva es clara: el sistema de financiación no puede ser el resultado de una aritmética de supervivencia personal, sino de un diálogo honesto con todas las administraciones. El PP ha dejado claro que no permitirá que el Consejo de Política Fiscal sea un mero trámite para validar «hechos consumados». Con la presentación de estas mociones municipales, los populares buscan devolver el protagonismo a los ayuntamientos, recordándole al Gobierno que el Estado empieza en el municipio y que la lealtad institucional no puede ser una vía de sentido único que solo beneficie a quienes sostienen al Ejecutivo en la Moncloa. El conflicto está servido y la financiación se confirma como el gran caballo de batalla de la legislatura.
