La desconexión entre el Ejecutivo Central y las peticiones de los militares se ha convertido en insostenible. Mientras el Gobierno, con la ministra Margarita Robles a la cabeza, despliega un optimismo fundamentado en cifras macroeconómicas y compromisos internacionales con la OTAN, el sentimiento que impera en los cuarteles es de un profundo y amargo abandono, una precariedad laboral que ha colapsado el reclutamiento del personal necesario para hacer frente a los desafíos que nuestro país debe afrontar dentro de las alianzas en las que participan.
España atraviesa un momento de inversión histórica en armamento y tecnología bélica, un auténtico «festival de gasto» que, paradójicamente, convive con una precariedad salarial y operativa que desangra a las unidades. La narrativa oficial dibuja un horizonte de modernidad y liderazgo, pero la realidad cotidiana de quienes visten el uniforme es la de una lucha constante por la dignidad profesional frente a unas nóminas que causan sonrojo al compararse con cualquier otro cuerpo de seguridad del Estado.
El ejercicio 2025 se cerró como un año récord en la aprobación de partidas milmillonarias destinadas a la industria de defensa. Semana tras semana, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a contratos de envergadura para la construcción de fragatas, carros de combate y aeronaves de última generación. Sin embargo, este despliegue de músculo financiero parece detenerse en seco antes de llegar al bolsillo del militar. El personal asiste con estupor a una gestión que prioriza el hierro y el software sobre el capital humano.
El incremento retributivo recibido en marzo del pasado año, lejos de ser la solución prometida, ha resultado ser un parche insuficiente que no ha logrado cerrar la brecha de más de 800 euros mensuales que separa a un militar de otros funcionarios que realizan tareas análogas. Esta diferencia no solo es un agravio comparativo, sino un factor determinante que está impulsando a cientos de efectivos a abandonar las filas en busca de una estabilidad que su propio ministerio les niega.
MODERNIDAD SIN TRIPULANTES
La ambición del Ministerio de Defensa ha quedado plasmada en gestos simbólicos y cambios de nomenclatura, como la transformación del Ejército del Aire en Ejército del Aire y del Espacio. No obstante, para las asociaciones profesionales y el personal de base, esta pátina de modernidad resulta vacía si no viene acompañada de sueldos propios del siglo XXI. Existe una contradicción fundamental en la política de Robles: se autoriza el gasto para flotas enteras y sistemas futuristas, pero se olvida que una fragata de última generación o un avión de combate no son más que carcasas inertes sin una tripulación motivada, formada y bien remunerada. La ecuación ministerial falla estrepítamente al despreciar el factor humano, convirtiendo la carrera militar en una opción cada vez menos atractiva para los jóvenes y en una carga pesada para quienes ya la ejercen.
El desajuste es especialmente sangrante cuando se analiza el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Dicho plan reservaba teóricamente un modesto 6% de sus partidas para la mejora de las retribuciones del personal, pero a día de hoy, esa ejecución brilla por su ausencia. El hecho de que se destinen ingentes recursos a proyectos industriales, en ocasiones incluso en contra del criterio técnico de quienes deberán operarlos, mientras se ignora la necesidad de una nueva Ley de la Carrera Militar, evidencia una escala de valores invertida. Para el Gobierno, parece ser políticamente más sencillo vender el éxito de la industria nacional que afrontar la necesaria y costosa actualización de los salarios de sus soldados, marineros y suboficiales, quienes enfrentan jornadas extenuantes y una movilidad geográfica constante sin una compensación económica justa.
COLAPSO EN EL RECLUTAMIENTO
Las consecuencias de esta política ya son visibles en los centros de reclutamiento. La capacidad para atraer a los mejores perfiles está bajo mínimos históricos, simplemente porque la oferta profesional de las Fuerzas Armadas no puede competir con el mercado laboral civil ni con otros cuerpos policiales. Quienes podrían ser los futuros especialistas y mandos de esa flamante tecnología que se está adquiriendo prefieren no presentarse a las convocatorias. El resultado es un ejército que envejece y que ve cómo sus plazas quedan vacantes, mientras el mando político sigue anunciando la compra de naves que, de seguir así, acabarán sobrando por falta de personal que las maneje. La sostenibilidad de la Defensa Nacional no depende solo del número de misiles en el inventario, sino de la capacidad operativa y moral de sus integrantes, algo que actualmente está en riesgo crítico.
En este escenario de crecientes amenazas globales y conflictos en múltiples frentes, la gestión de Margarita Robles es vista por muchos como una temeridad administrativa. La pregunta que recorre los estamentos militares es si quienes dirigen el Ministerio son plenamente conscientes de la gravedad de la situación o si actúan con una irresponsabilidad que compromete la seguridad del país a largo plazo. Ante este panorama de parálisis en lo humano y efervescencia en lo material, la exigencia de responsabilidades políticas se vuelve inevitable. La dimisión de la ministra se plantea ya no como una demanda sindical, sino como la única salida para revertir una deriva que amenaza con convertir a las Fuerzas Armadas en un escaparate tecnológico vacío de alma y de efectivos.
