La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife comienza este jueves la primera de las piezas en las que ha dividido el Caso Mediador o Caso ‘Tito Berni’, la presunta trama de corrupción integrada por políticos canarios y empresarios. Este jueves comienza la parte relativa al intento de vender placas fotovoltaicas por parte de un empresario valenciano y a la intermediación que habría intentado el mediador Navarro Tacoronte, a través del general Espinosa, jubilado, de la Guardia Civil, para llegar a empresarios canarios.
La Fiscalía ha solicita una pena de un año por un presunto delito de cohecho para el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte, conocido como «el Mediador» y que da nombre a la causa.
En principio el juicio se alargará durante cuatro días, el 22, 23, 26 y 27 de enero. La primera jornada se dedicará a la formación del jurado popular y a escuchar las cuestiones previas de acusaciones y defensas.
El escrito de la Fiscalía recoge que el empresario Antonio Bautista entró en contacto con Navarro Tacoronte por sus supuestos contactos en el mundo empresarial y el ámbito público en el archipiélago, al presentarse como una persona «integrada» en el Gobierno regional, pese a saber que «carecía» de cualquier representación o responsabilidad en el Ejecutivo.
Así, Navarro se ofrecía a conseguir la celebración de contratos con entidades relevantes del mundo empresarial y prometía también acceder a la concesión de subvenciones a favor de la empresa de Bautista, aparte de formalizar «lucrativos contratos» con la administración pública, señala la Fiscalía.
La Fiscalía continúa diciendo que Navarro para ganarse la confianza de los empresarios, a quienes exigía «comisiones, dádivas o regalos», organizaba «encuentros con personas influyentes del ámbito político o económico principalmente, caso del general de la Guardia Civil, que actuaba en connivencia con Navarro, y hacía valer que durante cuatro años fue una de las máximas autoridades del instituto armado en Canarias».
Algunas reuniones se celebraban en la Península para ganarse la confianza de Bautista y generar una «imagen de seriedad y poder» con el fin de que tuviera la convicción de que «accediendo a las exigencias, pagos y comisiones podía obtener negocios ventajosos y lucrativos contratos para sus empresas».
Estos encuentros se desarrollaban normalmente en restaurantes donde el empresario «siempre asumía el pago de los gastos», subraya la Fiscalía, hasta el punto de que «empezó a realizar los primeros regalos al general, como cajas de puros valoradas en casi 250 euros, y también al mediador, lo mismo que diferentes viajes».
Progresivamente, las exigencias del general y de Navarro Tacoronte habrían ido en aumento, como la exigencia de contratación de algunas personas en las empresas de Bautista -en concreto una amiga del general con un sueldo mensual de 3.000 euros- y hasta la promesa de contratar al propio general una vez se hubiera jubilado de la Guardia Civil.
Asimismo, el empresario llegó a abonar casi 20.000 euros en sobres y en efectivo al general y al mediador en contraprestación para lograr sus fines comerciales.
Con el fin de «impresionar» a los posibles empresarios que querían captar para la trama, algunas de las reuniones se realizaban en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid y también en el Congreso de los Diputados, donde eran recibidos por el actual ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, «tito Berni», investigado en otras piezas de la causa.
OBSEQUIOS QUE CONSEGUÍA EL MEDIADOR
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Bautista obsequió al general y una acompañante con un viaje a Canarias que incluía el abono del hotel y coche de alquiler, más una cantidad de dinero en efectivo.
Por su parte, el empresario Antonio Bautista llegó a presentar hasta cuatro proyectos de instalación de placas fotovoltaicas a empresarios ganaderos de Fuerteventura, pero las ofertas no fructificaron.
El sumario recoge que «en relación a Antonio Bautista Prado, mantendría diversos encuentros como los producidos en fecha 08/10/2020 en Fuerteventura en el restaurante Casa Fausto, en fecha 04/11/2020 en Santa Cruz de Tenerife en el Hotel Escuela y Guachínche La Granja, en fecha 26/11/2020 en la Quesería Felipa La Montañeta (Fuerteventura) y en fecha 22/12/2020 en Las Palmas. Habría respaldado al empresario en la presentación de su proyecto fotovoltaico a
diversas ganaderías Canarias, previo pago en efectivo. En fecha 06/12/2020 recibe un Bizum por valor de 400 euros de este empresario previas solicitudes de dinero a través Marcos Antonio Navarro Tacoronte».
En este juicio, comparecerán desde el 22 de enero ante un jurado como acusados el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y el intermediario que da nombre al caso Mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte, para quienes la Fiscalía pide condenas de un año de prisión por cohecho.
Toda esta pieza gira en torno al presunto pago de sobornos por parte de Antonio Bautista para agilizar la tramitación de proyectos relacionados con la adjudicación de contratos públicos para la instalación de placas fotovoltaicas en Canarias.
El relato de la Fiscalía se remonta hasta agosto de 2020, cuando el empresario expuso su interés en comercializar sus productos en Canarias a Navarro Tacoronte, quien se presentaba como una persona cercana a Taishet Fuentes, ex director general de Ganadería del Gobierno canario y sobrino del ex diputado socialista Bernardo Fuentes.
Navarro Tacoronte, siempre según el relato de la Fiscalía, consiguió que el empresario le entregara dinero en efectivo o mediante ingresos en cuentas de su pareja sentimental y su hija a cambio de facilitar sus negocios. Para dar confianza y apariencia de solvencia a sus gestiones, se organizaron visitas en el Congreso al entonces diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo -apodado Tito Berni en la trama-, quien dimitió de su escaño tras saltar todo el caso.
El empresario, según la Fiscalía, llegó a presentar hasta cuatro presupuestos sobre instalaciones fotovoltaicas a ganaderos de Fuerteventura y pagó sobornos por importe de 17.000 euros al resto de procesados, en distintas partidas.
La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para el ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, por un delito de falsedad documental en concurso con un delito contra la seguridad social por elaborar un contrato ficticio para que un ciudadano marroquí pudiera renovar su permiso de trabajo.
El general Espinosa, de 70 años, está acusado de cohecho y piden para él un año de cárcel. Su presunto delito fue mediar ante grandes empresarios canarios -entre ellos Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, y Eustasio López, de Lopesan-, a quienes conocía de su etapa al frente jefe de la Comandancia de Gran Canaria (2008-2012), y por tanto como una de las más altas autoridades policiales de la isla. Sin embargo, ninguno de los dos empresarios contrataron a nadie de la trama.
LA FISCALÍA pide TAMBIÉN UN AÑO DE CÁRCEL para el empresario
Al empresario valenciano Antonio Bautista, a quien el resto apodaba «el curilla» y presunto pagador de «mordidas» a cambio de ampliar su negocio, la Fiscalía le pide igualmente un año de prisión, al igual que al mediador Navarro Tacoronte. En los mismos días de sus encuentros con el guardia civil Bautista sacó de cajeros automáticos hasta 23.500 euros cuyo destino se desconoce, aunque Bautista sufragaba comidas de la trama en Madrid.
Las grabaciones y fotografías realizadas por el propio mediador que guardaba en sus teléfonos móviles son las pruebas más concluyentes que existen en esta primera pieza del caso y el resto de la causa.
El principal problema al que se enfrenta el general Espinosa desde el principio ha sido explicar el origen de los 61.000 euros que guardaba en metálico en su casa en cajas de zapatos en fajos con las cantidades reseñadas en cada caso. Los investigadores creen que eran pagos en efectivo de los empresarios recibidos presuntamente por el general, que justificó tal cantidad de dinero por si sucedía otra pandemia.
También hay que destacar que es el único de los imputados que ya ha sufrido privación de libertad por esta causa, desde febrero a mayo de 2023, a pesar de su avanzada edad.
