Defensa dispara el gasto militar en un giro histórico hacia la soberanía tecnológica, consolidando un eje industrial liderado por gigantes nacionales que operan bajo el paraguas de programas de modernización sin precedentes. Este movimiento redefine el tablero de la seguridad nacional en un contexto europeo marcado por la necesidad de una autonomía estratégica real frente a las amenazas globales.
El Ministerio de Defensa ha sacudido los cimientos de la industria nacional al adjudicar 31.793 millones en contratos militares durante el ejercicio 2025. Esta cifra, que multiplica casi por nueve los registros del año anterior, no solo representa un récord histórico, sino que confirma la voluntad del Ejecutivo de cumplir los compromisos de la OTAN mediante un impulso directo a los grandes campeones industriales del país.
El duopolio que blinda el cielo y la tierra
La concentración de los recursos públicos ha dibujado un escenario donde Indra y Airbus aglutinan el 71% del importe total de las licitaciones. Esta alianza estratégica, que opera tanto de forma individual como a través de diversas uniones temporales de empresas, se ha convertido en el pulmón financiero de un sector que busca liderar la innovación en defensa dentro de la Unión Europea. La capacidad de estas compañías para gestionar programas complejos ha sido el argumento principal para esta lluvia de millones que triplica todo lo invertido entre 2022 y 2024.
Lejos de las grandes corporaciones, el informe ‘Rearme 2025’ revela una brecha abismal con el resto del tejido industrial, donde firmas como Navantia logran mantener el pulso gracias a la modernización de fragatas. Sin embargo, resulta llamativo que la inmensa mayoría de las adjudicaciones nacionales se queden en casa, con un 99,4% del importe destinado a empresas con sede fiscal en España. Este proteccionismo industrial busca asegurar que el retorno de la inversión no solo mejore la seguridad, sino que fortalezca el empleo cualificado y el I+D nacional.
Adjudicaciones directas bajo la lupa del sector
Uno de los puntos más polémicos del informe es que el 88% del presupuesto se asignó sin concurso público, una vía excepcional que el Gobierno justifica por la urgencia de los programas de modernización. Esta falta de licitación abierta ha levantado ampollas en empresas históricas como Santa Bárbara Sistemas, que ha anunciado recursos legales tras ser excluida de contratos clave como el de los obuses. La tensión entre la eficiencia operativa y la transparencia administrativa promete ser uno de los grandes debates jurídicos de los próximos meses en el ámbito de la defensa.
La artillería de ruedas y cadenas, valorada en más de 7.200 millones, ha sido el detonante de este malestar empresarial que cuestiona la experiencia de los nuevos adjudicatarios. A pesar de las críticas, el Ministerio de Defensa mantiene su hoja de ruta basada en 31 programas especiales de modernización que consideran vitales para la seguridad nacional. Este plan industrial no solo busca renovar el material, sino crear una estructura de mando y control totalmente digitalizada que responda a los retos de la guerra híbrida y la ciberdefensa.
El salto tecnológico en la enseñanza de vuelo
Airbus se ha consolidado como el socio preferente para la renovación de la flota aérea, destacando el contrato de 2.600 millones para el sistema de entrenamiento que sustituirá al veterano F5. Este proyecto, junto con la adquisición de 50 helicópteros ligeros, sitúa a la compañía en una posición de dominio absoluto sobre los cielos españoles. La apuesta por sistemas integrados de enseñanza en vuelo refleja un cambio de paradigma donde la simulación y la inteligencia artificial empiezan a ganar peso frente a las horas de vuelo convencionales.
Por su parte, Indra refuerza su papel como el cerebro tecnológico de las Fuerzas Armadas mediante la ejecución de centros de operaciones de artillería antiaérea semiautomática. Estos sistemas, valorados en más de 2.000 millones, son los encargados de coordinar la defensa del espacio aéreo nacional frente a incursiones no autorizadas. La integración de redes de radio táctica de última generación asegura que el flujo de información entre el mando y las unidades de combate sea instantáneo y seguro, algo crítico en los teatros de operaciones actuales.
Compromisos con la OTAN y soberanía nacional
El brutal incremento del gasto militar responde a la necesidad de España de alcanzar el objetivo del 2% del PIB destinado a defensa exigido por los aliados. No se trata solo de una cuestión de imagen exterior, sino de una actualización profunda de las capacidades operativas que habían quedado obsoletas tras años de recortes presupuestarios. El informe de Opina 360 resalta que esta inversión es la piedra angular del Plan Industrial y Tecnológico aprobado el pasado abril, diseñado para que España deje de ser un mero comprador de tecnología extranjera.
La dependencia de proveedores externos se ha reducido al mínimo, fomentando un ecosistema de pymes tecnológicas que orbitan alrededor de los grandes contratos. Aunque Airbus o Safran tengan raíces internacionales, sus filiales españolas actúan como motores económicos locales, asegurando que el conocimiento técnico permanezca en el territorio. Este modelo de «soberanía compartida» permite a España participar en proyectos europeos de gran envergadura mientras mantiene el control sobre sus sistemas críticos de defensa y seguridad.
Un futuro hipotecado a la modernización constante
El rearme de 2025 no es un evento puntual, sino el inicio de un ciclo de gasto que condicionará las cuentas públicas de la próxima década. La gestión de cerca de 2.600 contratos anuales supone un reto administrativo colosal para el Ministerio, que debe supervisar que cada euro se traduzca en una mejora real de la capacidad defensiva. La clave del éxito residirá en mantener el ritmo de las entregas industriales y evitar los sobrecostes que tradicionalmente han lastrado los grandes programas especiales de armamento en el pasado.
La industria de defensa española se enfrenta ahora al reto de demostrar que puede ejecutar estos contratos con la precisión que exige la alta tecnología militar. Con Indra y Airbus a la cabeza, el país se juega su relevancia en el nuevo orden de seguridad europeo. La inversión de 31.793 millones es una declaración de intenciones: España quiere ser un actor de primer nivel en la industria bélica global, transformando sus ejércitos en fuerzas modernas, digitales y, sobre todo, soberanas.
