VOX ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción de Montoro (Córdoba) por los hechos ocurridos en relación al accidente ferroviario que se produjo el 18 de enero de 2026, al ser los hechos constitutivos de posibles delitos. Concretamente, la querella se refiere al «delito de homicidio imprudente, derechos de los trabajadores, infracción muy grave del deber de cuidado y delitos de prevaricación en la modalidad de comisión por omisión, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales en su vertiente de intervención fraudulenta en contrataciones públicas o en liquidaciones de haberes públicos».
En una nota de prensa Vox dice que «H»hay que resaltar que nos encontramos ante unos hechos extremadamente graves, y con independencia de las distintas causas y de la autoría inmediata, que pudieran haber causado el accidente, bien sea por falta de diligencia, de forma accidental, o una concurrencia de ellas, en todo caso aparece una grave negligencia en la falta de mantenimiento y cuidado de las vías ferroviarias».
En su querella, VOX destaca como la pérdida de vidas, las lesiones de víctimas, y la restitución de la confianza de los usuarios en la utilización del tren obligan a la investigación a analizar de forma exhaustiva: la situación y evolución previa del estado de la red ferroviaria en todo el trayecto, análisis y mantenimiento de la infraestructura, procedimiento de toma de decisiones, adjudicación y la ejecución de la contratación pública al respecto, las personas intervinientes y beneficiadas en las mismas, y el cumplimiento de los procedimientos de seguridad y salud.
Por otra parte, y en este momento, se puede determinar aquellas personas que deben responder penalmente de los delitos incluidos en la querella, con independencia del análisis de las causas del siniestro quedará a expensas de la necesaria investigación, sin embargo, «ya en este momento, es evidente la responsabilidad de los querellados, por la existencia de un resultado objetivo como son los fallecimientos, lesionados, y los daños materiales vinculados al accidente, y que por tanto, se deduce en: la exigencia de investigación judicial y la responsabilidad penal de los querellados, dimanante del deber de cuidado inherente a las competencias legales de sus cargos», añaden.
Según los querellantes, «es innegable obviar los diferentes avisos que se han producido a lo largo de los últimos meses (incluso años) en referencia a las incidencias y averías que se han producido en el tramo donde ha sucedido el brutal accidente: por parte de los maquinistas, el sindicato SEMAF, InfoAdif y numerosos usuarios».
VOX ha solicitado al tribunal las declaraciones de los querellados Isabel Pardo de Vera y Luis Pedro Marco, anterior y actual directores de ADIF, así como del ministro Óscar Puente, el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y José Antonio Santano Clavero, actual secretario de Estado de Transportes y Movilidad, entre otros, así como los que resulten responsables en la medida de su ámbito de competencia y participación en la toma de decisiones
