El accidente de Adamuz deja, además de la vertiente humana de la tragedia una inevitable vía judicial que buscará la reparación legal de las víctimas. En los últimos días se han presentado al menos dos denuncias, con tres personados como acusaciones, las que han llegado al juzgado de Instrucción 2 de Montoro (Córdoba), que ahora se enfrenta a una gigantesca causa por encima de sus capacidades normales, con una nueva juez, que llegó el martes 20 de enero y hasta el momento 5 personas denunciadas, todas relacionadas con ADIF, la empresa estatal de Infraestructuras, encargada del mantenimiento de las vías.
Hasta la llegada de la nueva juez, el levantamiento de cadáveres, traslado e identificación de los fallecidos en las vías de Adamuz fue dirigido por María del Carmen Troyano Torrejón, que era juez en funciones interinas desde agosto de 2025. Pero el martes entró a ocupar esa plaza la nueva titular, Cristina Pastor Recover, procedente del juzgado de Lora del Rio (Córdoba), y que será encargada de dirigir toda la investigación, que se antoja larga y difícil.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el pasado 20 de enero la Orden de 12 de enero de 2026 por la que se destinan los jueces nombrados por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Entre los nombramientos figuraba el de Cristina Pastor Recover, que ya ocupa como titular la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, con competencia en materia de Violencia sobre la Mujer. Pastor Recover pertenece a la 72ª promoción de los 160 jueces nombrados en el año 2024.
El problema es que la plantilla de este juzgado al que llega, como la de otros muchos en España era insuficiente y tenía problemas de dilaciones indebidas. Por eso la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía aprobaba después del accidente una dotación extraordinaria, porque lo que menos esperan ahora las familias afectadas es que el juzgado se colapse por falta de personal. De momento, al juzgado han llegado un gestor y una tramitadora judicial. La Fiscalía también ha destinado tres fiscales en apoyo del titular.
Del mismo modo, se han autorizado pagos por servicios extraordinarios al personal de la oficina judicial y del Registro Civil desde el 19 de enero de este año y durante 30 días, según informó la Junta de Andalucía. En cuanto a los medios materiales, se han remitido dos impresoras adicionales al juzgado y se ha creado una cuenta de correo específica para esta causa, ante el elevado volumen de documentación que se espera gestionar con infinidad de acusadores y abogados defensores.
ADAMUZ: 2 DENUNCIAS Y 3 ACUSACIONES
De momento, ya se han presentado denuncias de la asociación Liberum, que ejerce la acusación popular en varias causas muy conocidas como el Caso Koldo, el Caso David Sánchez y la DANA de Valencia. Liberum presentaba denuncia el mismo lunes contra el director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), el director corporativo de Seguridad en la Circulación de ADIF y el subdirector de circulación de Alta Velocidad de la misma empresa, por varios delitos de homicidio por imprudencia grave, por cada uno de los fallecidos en el accidente ferroviario, así como por varios delitos de lesiones por cada uno de los heridos.
Los denunciados son el director de AESF, Pedro M. Lekuona García, el director corporativo de Seguridad de ADIF, David Gómez Rey Romero y Francisco Martín Moreno, subdirector de Circulación Alta Velocidad de ADIF.
Ya el día 22 el partido político VOX presentaba otra querella ante el Juzgado de Instrucción de Montoro por el accidente ferroviario de Adamuz. Concretamente, la querella se refiere al «delito de homicidio imprudente, derechos de los trabajadores, infracción muy grave del deber de cuidado y delitos de prevaricación en la modalidad de comisión por omisión, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales en su vertiente de intervención fraudulenta en contrataciones públicas o en liquidaciones de haberes públicos». La querella, en este caso, se dirige contra Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF y contra el actual presidente, Luis Pedro Marco.
Hazte Oír anunciaba el martes que se presentaba como acusación popular en la causa Adamuz que ya está abierta formalmente. Es de esperar que estas denuncias, junto con el centenar que se espera de los afectados y sus familias, se unifiquen en una sola causa.
CAMBIOS DE VELOCIDADES
Mientras tanto en ADIF no parecen ponerse de acuerdo con el límite de velocidad en las vías de Alta Velocidad que siguen funcionando con normalidad. Los maquinistas expresan desconcierto. Desde el Ministerio aseguran, sin embargo, que son medidas de precaución y protocolarias, temporales para dar tiempo a que se investiguen las deficiencias denunciadas por los maquinistas.
ADIF ya ha levantado estas restricciones (160 kilómetros por hora) impuesta el martes, tras evaluar el estado en la red. En concreto, se investigó al tramo de 148,1 kilómetros entre Mejorada del Campo (Madrid) y Alhama de Aragón (Zaragoza). Una vez concluida la revisión, se mantuvo un límite de 230 kilómetros por hora en cuatro puntos del trayecto entre Madrid y Calatayud.
Al día siguiente ADIF anunció que volvía a establecer, «cumpliendo con los protocolos de seguridad», una «nueva limitación temporal de velocidad» (LTV) en el tramo comprendido entre Madrid y Zaragoza. En el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 100 a 178 se podía circular a un máximo de 160 kilómetros por hora.
Estos avisos son habituales en el discurrir cotidiano, pero en el recorrido entre Madrid y Barcelona, con una frecuencia diaria de 85 trayectos, se debe a distintas denuncias formuladas en los últimos días. El ministro de Transportes, Óscar Puente, detalló ayer que Adif recibió el martes 25 avisos, de los cuales 21 fueron realizados por el mismo maquinista. Ayer, ese mismo maquinista trasladó 13 avisos, añadió el ministro socialista.
Unas horas más tarde los límites de velocidad llegaban a la línea Madrid-Valencia, donde los trenes no podrán superar los 160 kilómetros por hora hasta el jueves. La razón fue la alerta de un maquinista de golpes fuertes, el bamboleo y baches en el tramo que recorre los puntos del desvío de Villarrubia, Cuenca-Monteagudo, Minglanilla-Caudete de las Fuentes y la vía II Chiva-Xàtiva.
El jueves la bajada de velocidad llegaba a Galicia, donde ADIF limitaba la velocidad máxima a 220 kilómetros por hora en 28 kilómetros de la línea Ourense-Santiago, la que registró el accidente del Alvia en Angrois hace 13 años, tras recibir varios avisos de maquinistas por el estado de la vía.
