El panorama ferroviario español atraviesa su hora más oscura tras el trágico accidente ocurrido el pasado domingo en las inmediaciones de Adamuz, un siniestro de alta velocidad que se ha cobrado la vida de 45 personas y ha dejado más de un centenar de heridos. La magnitud de la catástrofe ha desatado una tormenta política en la que la oposición, liderada por el Partido Popular (PP), acusa al Ministerio de Transportes de opacidad y de una negligencia sistémica en la gestión de las infraestructuras. La cabeza de Óscar Puente pende de un hilo
Desde el Partido Popular critican con dureza la respuesta del ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien acusan de ofrecer explicaciones «imprecisas» y de intentar normalizar la pérdida de fiabilidad del sistema. Para la formación conservadora, el mensaje enviado desde el Ejecutivo —que sugiere que los ciudadanos deben «conformarse» con un servicio degradado— solo contribuye a aumentar la inseguridad y la preocupación de los viajeros.
«Cuando el presidente Feijóo pregunta, el ministro responde hablando de bulos. No son bulos, son preguntas legítimas sobre los retrasos, la comunicación de los maquinistas y el estado real del sistema», señalan fuentes de la formación. En este sentido, el PP exige abandonar la confrontación política y apostar por la transparencia total para arrojar luz sobre las causas técnicas del descarrilamiento.
OFENSIVA PARLAMENTARIA: COMPARECENCIA URGENTE DE SÁNCHEZ
La estrategia de la oposición no se limita al control del Ministerio. El PP ha solicitado formalmente la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. El objetivo es claro: que el jefe del Ejecutivo rinda cuentas específicamente sobre el suceso de Adamuz, dejando a un lado la agenda internacional.
«No queremos hablar de Groenlandia, Estados Unidos o Israel. Queremos hablar de qué pasó el domingo y queremos que se haga ya, no en febrero», advierten. De no producirse esta comparecencia en la Cámara Baja, el PP ya ha anunciado que utilizará su mayoría en el Senado para forzar al Gobierno a dar las explicaciones pertinentes.
ADVERTENCIAS IGNORADAS Y UNA GESTIÓN «ERRÁTICA»
La tragedia de Adamuz parece ser, para muchos, el desenlace anunciado de una crisis que venía gestándose meses atrás. Ya en septiembre de 2025, se trasladó al Ministerio un informe que contabilizaba más de 3.000 incidencias solo en la línea Madrid-Barcelona. Según la oposición, el Gobierno calificó estas advertencias de «tonterías».
Sin embargo, tras el accidente, la reacción de Transportes ha sido interpretada como una prueba de su propia inseguridad. Los cambios constantes en las limitaciones de velocidad —pasando de 300 km/h a 160 km/h, subiendo a 230 km/h y volviendo a bajar— en diversos tramos de la red nacional (incluyendo las líneas de Valencia y Galicia) evidencian, a juicio del PP, una «alarmante falta de gestión».
«Subirse a un AVE hoy no es igual que antes. Los pasajeros notan las vibraciones, la inestabilidad en los vagones y el deterioro del servicio. Los maquinistas llevan tiempo reduciendo la velocidad por iniciativa propia para garantizar una seguridad que el Ministerio no asegura».
EN BUSCA DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS
El Partido Popular recuerda que ya impulsó una disposición adicional en la Ley de Movilidad exigiendo un informe detallado sobre las incidencias por provincias y sus soluciones presupuestarias. El plazo para que el ministro Puente entregue dicho documento vence el próximo 5 de febrero.
Aunque el Ministerio asegura que el informe está «avanzado», la oposición denuncia que no se ha compartido ni un solo dato con la opinión pública. La consigna de Génova es clara: obtener la información de los técnicos antes de señalar culpables. No obstante, advierten que, una vez se conozca la verdad, exigirán responsabilidades al más alto nivel, «caiga quien caiga», vinculando directamente la falta de ejecución presupuestaria con las fatales consecuencias del domingo.
