El panorama político y social español se enfrenta a días trágicos y de consternación después del reciente y trágico accidente ferroviario que ha conmocionado al país de Adamuz en Córdoba, en el que tras 45 fallecidos la gente ha comenzado a mirar hacia el Gobierno por culpable. Un suceso que a parte del dolor de las víctimas también está dejando tocado al discurso del Gobierno de izquierdas. Tras estos últimos incidentes en los trenes españoles se puede llevar a cabo un análisis sobre la gestión de la infraestructura pública y la reacción gubernamental, se pone de manifiesto una desconexión flagrante entre la retórica de protección de los servicios públicos y la realidad material de las inversiones y adjudicaciones estatales.
Unos sucesos que dejan mal a la narrativa que durante años sostuvo que los recortes matan por parte de la izquierda del PSOE, al principio, y los propios socialistas después. Un lema que definió la oposición a las políticas de la etapa de Mariano Rajoy, y que estos últimos meses parece haber sufrido un descarrilamiento metafórico al chocar con la gestión del actual Ministerio de Transportes, que lidera Óscar Puente.
Las últimas cifras que han salido cómo la inversión en infraestructura ferroviaria, lejos de vivir una edad de oro como ha sostenido durante su mandato el ministro de Transportes, está atravesado una década de estancamiento, recuperando apenas ahora niveles similares a los de 2014, según cifras ofrecidas por algunos medios. Esta falta de inversión crónica desde gobiernos anteriores ha derivado, según los testimonios recogidos por MONCLOA.COM, en situaciones de precariedad extrema, donde incluso se llega a practicar lo que en el sector se denomina «canibalismo«, consistente en desmantelar piezas de trenes en desuso para mantener operativos los que aún circulan, algo que durante varios años se hizo en ministerios como el de Defensa.
AZVI DENTRO DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA RED
El centro de la polémica se sitúa en el tramo de vía donde ocurrió el siniestro. Informaciones periodísticas recientes de ABC han revelado que las obras de renovación de ese sector fueron adjudicadas a una Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por AZVI, que presentó una oferta con una rebaja mínima sobre un presupuesto que ya de por sí era considerado insuficiente por el sector.
Solo dos empresas se presentaron al concurso debido a los bajos precios licitados por el Ministerio, lo que según los técnicos de Adif comprometió la calidad de los materiales. Se habla de componentes que parecían reutilizados o de baja calidad, una advertencia que los propios trabajadores habrían lanzado en su momento sin recibir respuesta efectiva. Algo que se suma y resulta especialmente espinoso junto al hecho de que en dicha adjudicación aparezcan empresas vinculadas a la trama de presunta corrupción denominada ‘Caso Koldo’, como es la citada AZVI, que han salpicado la actualidad política reciente, lo que añade una capa de sospecha sobre cómo se gestiona el dinero que debería garantizar la seguridad de los ciudadanos.
RESPUESTA DEL GOBIERNO DE PROGRESO
La respuesta del Gobierno ante la tragedia ha seguido un patrón de blindaje emocional y una evasión de responsabilidades notoria. Mientras figuras como la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, apela constantemente al respeto por las víctimas y al dolor del pueblo para evitar responder preguntas incómodas sobre la seguridad laboral y las infraestructuras. Algo que desde algunos sectores se percibe como un intento de deslegitimar las protestas de los trabajadores.
En este sentido, los maquinistas, especialmente en Cataluña, han iniciado una serie de movilizaciones denunciando que la red no es segura, un discurso que ha evolucionado rápidamente desde la contención inicial hacia una denuncia abierta tras observar maniobras extrañas en la gestión de las velocidades de los tramos afectados, con muchas reducciones e incluso clausura de trayectos.
Sin embargo, la respuesta institucional ha sido calificar estas preocupaciones de anímicas o incluso sugerir que se trata de quejas aisladas de pocos individuos, tratando de minimizar un problema que parece sistémico. Con Óscar Puente a la cabeza que llegó a señalar en una entrevista en Catalunya Ràdio. Allí, pidió tiempo e «intentar entre todos mantener la calma y reconducir esta situación». Por eso, ha apostado por negociar cuando baje, a su parecer, el «soufflé emocional» en clara relación al movimiento de las asociaciones de maquinistas.
Una situación que puede rayar la hipocresía pues puede suponer que los defensores de lo público, como es el actual Gobierno, ignoren las deficiencias cuando estas ocurren bajo su mando. Y es que resulta paradójico que sea la oposición o la prensa crítica quien deba fiscalizar la calidad de los materiales ferroviarios o el estado de las vías, mientras quienes ostentan la bandera del progreso aseguran que los servicios públicos funcionan de maravilla, como ha sucedido estos días desde el entorno de Moncloa, según han comentada fuentes cercanas al PP.
LA DEFENSA VACÍA DE LO PÚBLICO Y EL PAPEL DE LAS VÍCTIMAS
Esta actitud comienza a vaciar de contenido el concepto de defensa de lo público, convirtiéndolo en una herramienta de marketing político más que en un compromiso real con la excelencia y la seguridad del servicio, además de las urnas de votantes de izquierdas. El ciudadano puede quedar así atrapado entre una retórica amable que le asegura que España funciona bien y una realidad cotidiana de retrasos, falta de repuestos y, en el peor de los casos, accidentes mortales como los de esta última semana.
La voz de las víctimas también está jugando un papel fundamental en este relato periodístico. Lejos de dejarse instrumentalizar por el discurso oficial, algunos afectados expresan una profunda desconfianza hacia las instituciones y han avisado de unirse para poder acudir a los tribunales. Estas mismas víctimas también han recordado en medios que tragedias anteriores, desde la gestión de la pandemia hasta catástrofes naturales, donde las promesas de responsabilidad se diluyeron en el tiempo sin que nadie abandonara su cargo.
Estos mismos familiares de los afectados han comentado que al final queda un «sentimiento de que los políticos acuden a hacerse la foto en el momento del dolor para luego desaparecer«, quedando una sensación constante que erosiona la legitimidad del sistema. Una situación en la que las víctimas dejan de ser un sujeto de protección para convertirse en un escudo contra la crítica.
El estado de la red ferroviaria española y la gestión del accidente de Adamut se está presentando como un espejo donde la izquierda institucional se mira y no parece reconocerse en sus antiguos principios. La fiscalización de los contratos, la exigencia de materiales de alta calidad y la escucha activa a los trabajadores de base han sido sustituidas por una defensa cerrada del sistema y una apelación constante a la emoción para silenciar el debate.
El futuro de la seguridad ferroviaria y de la confianza ciudadana dependerá de si se permite una investigación independiente que no dependa del propio Ministerio implicado y de si, finalmente, se reconoce que los servicios públicos requieren algo más. Queda claro que requieren inversión, transparencia y una gestión libre de clientelismos, los recortes matan gobierne el PP o el PSOE.
A continuación, y en virtud de los artículos 1 y 2 de La Ley Orgánica 2/1984 del 26 de marzo procedemos a publicar declaración remitida por burofax por Azvi con fecha 26/01/2026 sin que en ningún caso la publicación de la misma implique que MERCA2 esté o no de acuerdo con lo que a continuación se reproduce:
Muy Sres. Nuestros:
A la vista de la noticia publicada en el diario digital moncloa.com (www.moncloa.com), de
fecha 26 de enero de 2026, la cual contiene hechos inexactos y cuya divulgación está
causando perjuicio a esta parte, al amparo de lo previsto en la Ley Orgánica 2/1984, de 26
de marzo, reguladora del derecho de rectificación (la “LORDR”), por la presente
solicitamos la rectificación de la referida noticia en los siguientes términos:
- Noticia cuya rectificación se solicita:
La publicada por el medio digital moncloa.com, el 26 de enero de 2026, cuya URL se
indica a continuación (la “Noticia”):
- “Para la izquierda los recortes matan solo cuando gobierna el PP”
https://www.moncloa.com/2026/01/26/izquierda-recortes-solo-pp-3357348/
- Rectificación solicitada sobre la Noticia:
La Noticia, sin entrar en sus posibles motivaciones, orienta al error a la opinión pública
al tratar de involucrar a Azvi, temerariamente, en el pago de supuestas comisiones y a
la participación en tramas delictivas, por la simple vía de volver a dar difusión a
falsedades manifiestas de personas investigadas y que, además, y siendo lo más
importante, en nada se compadecen con los resultados arrojados por la investigación
judicial y policial en curso, tras todos los meses transcurridos.
Y, además, lo hace en el contexto de un trágico accidente ferroviario, de enorme
gravedad, mezclando noticias e informaciones pasadas que nada tienen que ver con
los hechos recientemente ocurridos, lo que hace necesaria su rectificación en
términos globales.
En este sentido, el ejercicio del derecho de rectificación regulado por la LORDR ha sido
interpretada por los Tribunales en sentido amplio, estableciéndose, por ejemplo, en la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete, sección 2ª, nº 180/2007, de 16 de
noviembre, que “[E]xaminando la cuestión litigiosa, directamente, establecen los art.
1 a 3 de la Ley Orgánica 2/1984 , reguladora del Derecho de Rectificación , el derecho
de cualquier persona a «rectificar» una información que le aluda publicada en
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cualquier medio de comunicación si considera la información inexacta y perjudicial,
pudiendo así emitir su versión de los hechos que debe publicarse íntegra, gratuita y de
modo similar a la rectificada, sin comentarios ni apostillas del medio de
comunicación.
Su naturaleza jurídica o finalidad es, desde un punto de vista del interés personal, que
el aludido por una información pueda exponer en el mismo medio su versión de los
hechos, y no tanto que se exprese la verdad de lo ocurrido o informado; y desde el
punto de vista del interés general, que la colectividad conozca otra versión de los
hechos informados. Por ello, el derecho de rectificación , a pesar de su nombre (como
bien indica la Sentencia apelada), no trata tanto de cuestionar la información o
corregirla sino de ofrecer más información sobre lo ya tratado por un medio, en interés
del aludido y de la propia colectividad para formarse una mejor opinión pública.”
En consecuencia, con arreglo a la LORDR, la rectificación que se requiere, con
respecto a la Noticia, es la siguiente:
“Grupo Azvi rechaza de forma tajante cualquier intento de vincular el trágico accidente
del pasado 18 de enero de 2026 con investigaciones judiciales ajenas al mismo, en
particular las relativas a Koldo García Izaguirre y/o Víctor Gonzalo de Aldama Delgado.
Las informaciones publicadas desde el 19 de enero de 2026 reeditan informaciones
difundidas con anterioridad y desmentidas por Grupo AZVI.
Estas informaciones, que nada tienen que ver con los hechos ocurridos ni con las
investigaciones sobre el mismo, se limitan a reactivar acusaciones falsas ya
superadas, aprovechando un accidente de enorme gravedad humana con fines
sensacionalistas. - Con respecto a Erikapat Consultoría Internacional, S.L., Grupo Azvi aclara que:
- La relación contractual, formalizada con absoluto y completo
desconocimiento de los hechos delictivos que se imputan a Koldo García, tuvo
una duración inferior a cuatro meses (noviembre de 2023 a febrero de 2024) y
fue finalizada de forma inmediata al conocerse el arresto de Koldo García, por
ser un hecho incompatible con el Código Ético y el Sistema de Compliance de
Grupo Azvi. - El contrato se circunscribía exclusivamente a un proyecto de expansión en
Sudamérica y prohibía expresamente a la consultora representar o contratar en
nombre de Grupo Azvi. Los servicios contratados no guardaban relación
alguna, ni temporal ni material, con los hechos imputados a Koldo García
Izaguirre o Patricia Uriz Iriarte. - Durante el breve lapso de tiempo en el que el contrato estuvo vigente, parte de
los pagos realizados se efectuaron directamente a la Agencia Tributaria como
consecuencia de embargos existentes. - Dicho contrato no devengó ningún tipo de retribución variable asociada a la
consecución de proyectos, toda vez que no se materializó ninguno.
- En cuanto a Víctor de Aldama Delgado, Grupo Azvi señala que:
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- El pago de 18.000 euros realizado en 2019 y que se ha querido configurar como
comisión ilegal estaba vinculado exclusivamente a una aportación para la
compra de una acción en un futuro proyecto deportivo privado que finalmente
no prosperó: el Club de Natación Trastámara de Sevilla. - Pocos meses después de su abono, al no prosperar el proyecto deportivo,
dicha aportación fue reclamada y devuelta íntegramente, con fecha 17 de
marzo de 2020, existiendo respaldo documental bancario. - Ante las acusaciones falsas vertidas por el Sr. Aldama en sus escritos ante el
Tribunal Supremo, Grupo Azvi solicitó autorización al Alto Tribunal para ejercitar
acciones penales por injurias y calumnias. Aunque la licencia fue denegada por
razones estrictamente procesales, el propio Magistrado Puente señaló
expresamente que no existía evidencia alguna de participación de Grupo Azvi
en los hechos ilícitos alegados, además de considerar que dichas acusaciones
de Aldama podían asociarse a su derecho de defensa y la obtención de
eventuales rebajas de pena por su confesión. - De hecho, el propio Víctor de Aldama, en publicaciones del pasado 20 de enero
en sus redes sociales, se ha desmentido a sí mismo reconociendo que dicho
pago no correspondía a una comisión de ningún tipo.
- Tras más de dos años de investigaciones policiales y judiciales, y la emisión de
diversos informes por parte de la UCO en el marco de las mismas, ni Grupo Azvi ni
sus directivos, administradores o empleados tienen la condición de investigados
con relación a estos asuntos.
El único foco existente ha sido exclusivamente mediático, sostenido por diversos
medios de comunicación. - Grupo Azvi nunca ha realizado pagos para finalidades que supongan un
incumplimiento de su Sistema de Compliance Penal, ni a Víctor de Aldama, ni a
Koldo García, ni a ninguna otra persona. - Grupo Azvi siempre ha actuado siguiendo los principios básicos de legalidad,
integridad, transparencia y trazabilidad absoluta de todos sus actos. - Todos los contratos de obra pública que Grupo Azvi se ha adjudicado a lo largo de
sus más de cien años historia y bajo los distintos gobiernos y administraciones, se
ajustaron siempre rigurosamente a los procedimientos legalmente establecidos.
La compañía cuenta desde 2019 con un Sistema de Compliance Penal certificado,
conforme a las normas UNE 19601:2017 y UNE-ISO 37001, impulsado por la Dirección
y el Consejo de Administración, y plenamente integrado en su cultura corporativa.
Grupo Azvi lamenta profundamente el daño reputacional que se le está causando por
informaciones falsas y maliciosas que afectan a una compañía familiar, centenaria y
generadora de miles de empleos, y apela al respeto, la prudencia informativa y la
responsabilidad en el tratamiento mediático de un suceso tan grave, mientras se
esclarecen definitivamente sus causas.”
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De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la LORDR les requiero para que, que,
dentro de los 3 días naturales siguientes a la recepción de este escrito, proceda a publicar
o difundir íntegramente la rectificación, con relevancia semejante a aquella en que se
publicó o difundió la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas, y con
similares caracteres tipográficos, todo ello de forma gratuita. A tal fin, se le requiere para
que (i) publique la rectificación mediante un nuevo vínculo, con relevancia semejante a la
de la Noticia, así como para que (ii) inserte un aviso aclaratorio en lugar visible de su interfaz
junto con la Noticia original, tal y como tiene ordenado el Tribunal Supremo en sentencias
dictadas sobre este particular.
Transcurrido dicho plazo sin que moncloa.com haya procedido a la rectificación íntegra en
los términos solicitados, Grupo AZVI se reserva el derecho de ejercitar la acción de
rectificación ante los Tribunales, en los términos previstos en la LORDR, y todo ello sin
perjuicio de cualesquiera otras acciones y recursos que, conforme a Derecho, le asistan,
que se reservan expresamente.
El presente escrito se presenta, dentro de los siete días naturales siguientes al de la Noticia,
por medio de correo electrónico a la dirección que figura en la página web de moncloa.com
(https://www.moncloa.com/contacto/) como medio de contacto, esto es,
redaccion@moncloa.com, seguida de burofax al domicilio social, sin perjuicio de que la
solicitud se entienda correctamente efectuada desde su envío a la dirección de correo
electrónico habilitada.
Lo que se comunica y solicita, a los efectos legales oportunos, en el lugar y fecha indicados
en el encabezamiento.
Sin otro particular,
GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.
AZVI, S.A.U.
Manuel Contreras Car
