El panorama político y social español se enfrenta a días trágicos y de consternación después del reciente y trágico accidente ferroviario que ha conmocionado al país de Adamuz en Córdoba, en el que tras 45 fallecidos la gente ha comenzado a mirar hacia el Gobierno por culpable. Un suceso que a parte del dolor de las víctimas también está dejando tocado al discurso del Gobierno de izquierdas. Tras estos últimos incidentes en los trenes españoles se puede llevar a cabo un análisis sobre la gestión de la infraestructura pública y la reacción gubernamental, se pone de manifiesto una desconexión flagrante entre la retórica de protección de los servicios públicos y la realidad material de las inversiones y adjudicaciones estatales.
Unos sucesos que dejan mal a la narrativa que durante años sostuvo que los recortes matan por parte de la izquierda del PSOE, al principio, y los propios socialistas después. Un lema que definió la oposición a las políticas de la etapa de Mariano Rajoy, y que estos últimos meses parece haber sufrido un descarrilamiento metafórico al chocar con la gestión del actual Ministerio de Transportes, que lidera Óscar Puente.
Las últimas cifras que han salido cómo la inversión en infraestructura ferroviaria, lejos de vivir una edad de oro como ha sostenido durante su mandato el ministro de Transportes, está atravesado una década de estancamiento, recuperando apenas ahora niveles similares a los de 2014, según cifras ofrecidas por algunos medios. Esta falta de inversión crónica desde gobiernos anteriores ha derivado, según los testimonios recogidos por MONCLOA.COM, en situaciones de precariedad extrema, donde incluso se llega a practicar lo que en el sector se denomina «canibalismo«, consistente en desmantelar piezas de trenes en desuso para mantener operativos los que aún circulan, algo que durante varios años se hizo en ministerios como el de Defensa.
AZVI DENTRO DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA RED
El centro de la polémica se sitúa en el tramo de vía donde ocurrió el siniestro. Informaciones periodísticas recientes de ABC han revelado que las obras de renovación de ese sector fueron adjudicadas a una Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por AZVI, que presentó una oferta con una rebaja mínima sobre un presupuesto que ya de por sí era considerado insuficiente por el sector.
Solo dos empresas se presentaron al concurso debido a los bajos precios licitados por el Ministerio, lo que según los técnicos de Adif comprometió la calidad de los materiales. Se habla de componentes que parecían reutilizados o de baja calidad, una advertencia que los propios trabajadores habrían lanzado en su momento sin recibir respuesta efectiva. Algo que se suma y resulta especialmente espinoso junto al hecho de que en dicha adjudicación aparezcan empresas vinculadas a la trama de presunta corrupción denominada ‘Caso Koldo’, como es la citada AZVI, que han salpicado la actualidad política reciente, lo que añade una capa de sospecha sobre cómo se gestiona el dinero que debería garantizar la seguridad de los ciudadanos.
RESPUESTA DEL GOBIERNO DE PROGRESO
La respuesta del Gobierno ante la tragedia ha seguido un patrón de blindaje emocional y una evasión de responsabilidades notoria. Mientras figuras como la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, apela constantemente al respeto por las víctimas y al dolor del pueblo para evitar responder preguntas incómodas sobre la seguridad laboral y las infraestructuras. Algo que desde algunos sectores se percibe como un intento de deslegitimar las protestas de los trabajadores.
En este sentido, los maquinistas, especialmente en Cataluña, han iniciado una serie de movilizaciones denunciando que la red no es segura, un discurso que ha evolucionado rápidamente desde la contención inicial hacia una denuncia abierta tras observar maniobras extrañas en la gestión de las velocidades de los tramos afectados, con muchas reducciones e incluso clausura de trayectos.
Sin embargo, la respuesta institucional ha sido calificar estas preocupaciones de anímicas o incluso sugerir que se trata de quejas aisladas de pocos individuos, tratando de minimizar un problema que parece sistémico. Con Óscar Puente a la cabeza que llegó a señalar en una entrevista en Catalunya Ràdio. Allí, pidió tiempo e «intentar entre todos mantener la calma y reconducir esta situación». Por eso, ha apostado por negociar cuando baje, a su parecer, el «soufflé emocional» en clara relación al movimiento de las asociaciones de maquinistas.
Una situación que puede rayar la hipocresía pues puede suponer que los defensores de lo público, como es el actual Gobierno, ignoren las deficiencias cuando estas ocurren bajo su mando. Y es que resulta paradójico que sea la oposición o la prensa crítica quien deba fiscalizar la calidad de los materiales ferroviarios o el estado de las vías, mientras quienes ostentan la bandera del progreso aseguran que los servicios públicos funcionan de maravilla, como ha sucedido estos días desde el entorno de Moncloa, según han comentada fuentes cercanas al PP.
LA DEFENSA VACÍA DE LO PÚBLICO Y EL PAPEL DE LAS VÍCTIMAS
Esta actitud comienza a vaciar de contenido el concepto de defensa de lo público, convirtiéndolo en una herramienta de marketing político más que en un compromiso real con la excelencia y la seguridad del servicio, además de las urnas de votantes de izquierdas. El ciudadano puede quedar así atrapado entre una retórica amable que le asegura que España funciona bien y una realidad cotidiana de retrasos, falta de repuestos y, en el peor de los casos, accidentes mortales como los de esta última semana.
La voz de las víctimas también está jugando un papel fundamental en este relato periodístico. Lejos de dejarse instrumentalizar por el discurso oficial, algunos afectados expresan una profunda desconfianza hacia las instituciones y han avisado de unirse para poder acudir a los tribunales. Estas mismas víctimas también han recordado en medios que tragedias anteriores, desde la gestión de la pandemia hasta catástrofes naturales, donde las promesas de responsabilidad se diluyeron en el tiempo sin que nadie abandonara su cargo.
Estos mismos familiares de los afectados han comentado que al final queda un «sentimiento de que los políticos acuden a hacerse la foto en el momento del dolor para luego desaparecer«, quedando una sensación constante que erosiona la legitimidad del sistema. Una situación en la que las víctimas dejan de ser un sujeto de protección para convertirse en un escudo contra la crítica.
El estado de la red ferroviaria española y la gestión del accidente de Adamut se está presentando como un espejo donde la izquierda institucional se mira y no parece reconocerse en sus antiguos principios. La fiscalización de los contratos, la exigencia de materiales de alta calidad y la escucha activa a los trabajadores de base han sido sustituidas por una defensa cerrada del sistema y una apelación constante a la emoción para silenciar el debate.
El futuro de la seguridad ferroviaria y de la confianza ciudadana dependerá de si se permite una investigación independiente que no dependa del propio Ministerio implicado y de si, finalmente, se reconoce que los servicios públicos requieren algo más. Queda claro que requieren inversión, transparencia y una gestión libre de clientelismos, los recortes matan gobierne el PP o el PSOE.
