El primer juicio del Caso Mediador se reanuda este lunes 16 de enero con las declaraciones de tres testigos, una prueba documental, los audios que presenta el fiscal como pruebas y los interrogatorios de los acusados. En esta primera pieza «fotovoltaica» del Caso Mediador o Caso Tito Berni que se juzga ahora en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife están acusados de cohecho el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y Antonio Navarro, el mediador, que dio nombre a la causa.
El juicio recoge la parte del Caso Tito Berni dedicada al intento de vender placas fotovoltaicas por parte del empresario valenciano Antonio Bautista y a la intermediación que habría intentado el mediador Navarro Tacoronte, a través del general Espinosa, jubilado, de la Guardia Civil, para llegar a empresarios canarios que debían comprar esas placas solares.
La Fiscalía solicita una pena de un año por un presunto delito de cohecho para el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte, conocido como «el Mediador».
El escrito de la Fiscalía recoge que el empresario Antonio Bautista entró en contacto con Navarro Tacoronte por sus supuestos contactos en el mundo empresarial y el ámbito público en el archipiélago, al presentarse como una persona «integrada» en el Gobierno regional, pese a saber que «carecía» de cualquier representación o responsabilidad en el Ejecutivo.
Así, Navarro «se ofrecía a conseguir la celebración de contratos con entidades relevantes del mundo empresarial y prometía también acceder a la concesión de subvenciones a favor de la empresa de Bautista, aparte de formalizar «lucrativos contratos» con la administración pública», señala la Fiscalía.
La Fiscalía continúa diciendo que Navarro para ganarse la confianza de los empresarios, a quienes exigía «comisiones, dádivas o regalos», organizaba «encuentros con personas influyentes del ámbito político o económico principalmente, caso del general de la Guardia Civil, que actuaba en connivencia con Navarro, y hacía valer que durante cuatro años fue una de las máximas autoridades del instituto armado en Canarias».
Algunas reuniones se celebraban en Madrid para ganarse la confianza de Bautista y generar una «imagen de seriedad y poder» con el fin de que tuviera la convicción de que «accediendo a las exigencias, pagos y comisiones podía obtener negocios ventajosos y lucrativos contratos para sus empresas».
Estos encuentros se desarrollaban normalmente en restaurantes donde el empresario «siempre asumía el pago de los gastos», subraya la Fiscalía, hasta el punto de que «empezó a realizar los primeros regalos al general, como cajas de puros valoradas en casi 250 euros, y también al mediador, lo mismo que diferentes viajes».
Progresivamente, según el escrito fiscal, las peticiones del general y de Navarro Tacoronte habrían ido en aumento, como la exigencia de contratación de algunas personas en las empresas de Bautista -en concreto una amiga del general con un sueldo mensual de 3.000 euros- y hasta la promesa de contratar al propio general una vez se hubiera jubilado de la Guardia Civil. Asimismo, el empresario llegó a abonar casi 20.000 euros en sobres y en efectivo al general y al mediador en contraprestación para lograr sus fines comerciales.
Con el fin de «impresionar» a los posibles empresarios que querían captar para la trama, algunas de las reuniones se realizaban en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid y también en el Congreso de los Diputados, donde eran recibidos por el actual ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, «Tito Berni», investigado la pieza principal de la causa.
REGALOS DEL MEDIADOR
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Bautista obsequió al general y una acompañante con un viaje a Canarias que incluía el abono del hotel y coche de alquiler, más una cantidad de dinero en efectivo. Por su parte, el empresario Antonio Bautista llegó a presentar hasta cuatro proyectos de instalación de placas fotovoltaicas a empresarios ganaderos de Fuerteventura, pero las ofertas no fructificaron.
El sumario recoge que «en relación a Antonio Bautista Prado, mantendría diversos encuentros como los producidos en fecha 08/10/2020 en Fuerteventura en el restaurante Casa Fausto, en fecha 04/11/2020 en Santa Cruz de Tenerife en el Hotel Escuela y Guachínche La Granja, en fecha 26/11/2020 en la Quesería Felipa La Montañeta (Fuerteventura) y en fecha 22/12/2020 en Las Palmas.
El Mediador «habría respaldado al empresario en la presentación de su proyecto fotovoltaico a
diversas ganaderías Canarias, previo pago en efectivo. En fecha 06/12/2020 recibe un Bizum por valor de 400 euros de este empresario previas solicitudes de dinero a través Marcos Antonio Navarro Tacoronte», sostiene el fiscal.
El relato de la Fiscalía se remonta hasta agosto de 2020, cuando el empresario expuso su interés en comercializar sus productos en Canarias a Navarro Tacoronte, quien se presentaba como una persona cercana a Taishet Fuentes, ex director general de Ganadería del Gobierno canario y sobrino del ex diputado socialista Bernardo Fuentes.
Navarro Tacoronte, siempre según el relato de la Fiscalía, consiguió que el empresario le entregara dinero en efectivo o mediante ingresos en cuentas de su pareja sentimental y su hija a cambio de facilitar sus negocios. Para dar confianza y apariencia de solvencia a sus gestiones, se organizaron visitas en el Congreso al entonces diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo -apodado Tito Berni en la trama-, quien dimitió de su escaño tras saltar todo el caso.
El empresario, según la Fiscalía, llegó a presentar hasta cuatro presupuestos sobre instalaciones fotovoltaicas a ganaderos de Fuerteventura y pagó sobornos por importe de 17.000 euros al resto de procesados, en distintas partidas.
El presunto delito del general fue mediar ante grandes empresarios canarios -entre ellos Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, y Eustasio López, de Lopesan-, a quienes conocía de su etapa al frente jefe de la Comandancia de Gran Canaria (2008-2012), y por tanto como una de las más altas autoridades policiales de la isla. Sin embargo, ninguno de los dos empresarios contrataron a nadie de la trama.
LA FISCALÍA pide TAMBIÉN UN AÑO DE CÁRCEL para el empresario
Al empresario Antonio Bautista, a quien el resto apodaba «el curilla» y presunto pagador de «mordidas» a cambio de ampliar su negocio, la Fiscalía le pide igualmente un año de prisión, al igual que al mediador Navarro Tacoronte. En los mismos días de sus encuentros con el guardia civil Bautista sacó de cajeros automáticos hasta 23.500 euros cuyo destino se desconoce, aunque Bautista sufragaba comidas de la trama en Madrid.
Las grabaciones y fotografías realizadas por el propio mediador que guardaba en sus teléfonos móviles son las pruebas más concluyentes que existen en esta primera pieza del caso y el resto de la causa. Un audio que será escuchado este lunes también podría ser determinante para el desarrollo de este juicio.
El principal problema al que se enfrenta el general Espinosa desde el principio ha sido explicar el origen de los 61.000 euros que guardaba en metálico en su casa en cajas de zapatos en fajos con las cantidades reseñadas en cada caso. Los investigadores creen que eran pagos en efectivo de los empresarios recibidos presuntamente por el general, que justificó tal cantidad de dinero por si sucedía otra pandemia.
También hay que destacar que es el único de los imputados que ya ha sufrido privación de libertad por esta causa, desde febrero a mayo de 2023, a pesar de su avanzada edad.
PRIMERA VISTA DEL JUICIO
Durante primera vista del juicio las defensas hicieron un alegato de los acusados. El abogado del general Espinosa dijo que que defendido no estaba en la función pública en el momento de los hechos que se le imputan, ya que se encontraba desde 2017 en situación de «servicios especiales» en el proyecto GAR-SI Sahel, una entidad plurinacional.
El fiscal insistió en que el general «siguió prestando servicio a través de una entidad pública», con recursos y objetivos «públicos». El abogado de Espinosa replicó que «el fiscal pretende criminalizar una situación privada y particular, que todos vivimos en el día a día: poner en contacto a dos amigos y que estos puedan ser recomendados profesionalmente».
La defensa del propietario de una empresa de paneles solares, Antonio Bautista, se mostró igualmente contundente al negar que hubiese delito de cohecho en las conductas atribuidas a su defendido. «Este juicio va de un empresario (Antonio Navarro Tacoronte) que cometió el error de confiar en la persona equivocada», dijo el abogado.
El abogado pidió dejar aparte las tesis de la Fiscalía por carecer, dijo, del «más mínimo respaldo probatorio». «El señor Antonio Bautista no pagó ni un euro al señor Espinosa, y eso quedará acreditado», argumentó el abogado, que limitó los pagos efectuados por su cliente a la intermediación con Navarro Tacoronte.
El representante legal de Antonio Navarro Tacoronte pidió al tribunal “abstraerse” del tono del escrito de acusación, que calificó de “grueso”, y sostuvo que los hechos enjuiciados “se contraen a una cuestión: las relaciones privadas y empresariales” entre particulares. “Navarro Tacoronte es un mero particular, cuya labor profesional ha sido la de intermediar entre personas particulares a lo largo de los años, relaciones entre empresarios particulares que entablan contacto con el fin de intentar ofrecer sus servicios”.
“La actividad de mi cliente es privada y particular, pone en contacto a particulares. Como consecuencia de esa actividad, evidentemente, recibe una remuneración”, argumentó.
