El presidente de la la Liga, Javier Tebas, se enfrenta en unos días a su peor pesadilla. Su posible inhabilitación para presidir la organización a cuyo frente se encuentra desde hace 13 años. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) debe decidir si la falta por la que fue denunciado Tebas es leve, grave, muy grave o no existe.
La falta de Tebas habría consistido en la difusión de información confidencial del FC Barcelona, en relación con la venta de los palcos del nuevo estadio que se construyó. El origen del expediente se sitúa en el enfrentamiento institucional entre la Liga y el Barça que tuvo lugar a principios del año pasado a cuenta de la operación de venta de los palcos VIP del futuro Spotify Camp Nou y su impacto en el límite de coste de plantilla.
El 2 de abril de 2025 la Liga difundió un comunicado en el que detallaba cifras y criterios internos sobre esa operación. El club azulgrana sostuvo que dicha información no había sido autorizada para su publicación, acusando a Tebas de incumplir el deber de confidencialidad y, días después, el texto fue retirado por la Liga.
El Barcelona se desligó de la sanción, pero Miguel Galán, presidente de CENAFE y de la asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, que lo denunció ante el TAD. La resolución del TAD se espera dentro de unos días, una vez agotados los plazos internos de tramitación y deliberación, coinciden en señalar fuentes conocedoras del proceso.
Galán asegura que Tebas será inhabilitado y sostiene que la única duda es conocer si la sanción será grave o muy grave. El presidente de CENAFE apunta solo dos desenlaces, la inhabilitación temporal de Tebas o su destitución como presidente de la Liga. Si resultara
Miguel Galán mandó un escrito el pasado mes de agosto donde alertaba de la presunta revelación de datos confidenciales del FC Barcelona sobre el asunto de los palcos VIP del Camp Nou. La denuncia también era firmada por 18 socios del Barça. Las sanciones previstas por el TAD contemplan desde una amonestación a la inhabilitación temporal e incluso la destitución.
En abril de 2025 Tebas emitió una nota informativa donde se revelaron datos económicos del FC Barcelona que, a juicio de los denunciantes, están sujetos al deber de confidencialidad al que hace referencia el artículo 5 de las Normas de Elaboración de los Presupuestos de la propia Liga de fútbol profesional. Este artículo señala que “las informaciones, datos y documentos que los clubes/SADs faciliten a La Liga en cumplimiento de estas normas tendrán carácter confidencial y quedarán sujetos a la normativa en materia de protección de datos, sin perjuicio de las obligaciones que se deriven de los requerimientos de información de los órganos judiciales y administrativos”.
Ahora es el TAD el que deberá estudiar primero si existen indicios de una falta muy grave o no. Fue durante el Caso Olmo cuando la Liga y el Barcelona intercambiaron varios comunicados. La Liga dijo el 2 de abril que el Barça incumplía el fair play financiero y explicaba que el club no había registrado a tiempo los 100 millones de euros procedentes de la venta de los 475 asientos VIP del Camp Nou.
ACUSACIÓN A TEBAS
El 7 de abril el Barça acusaba a Tebas de incumplimiento del deber de confidencialidad y advertía de que no había autorizado la publicación de esos datos. La Liga borró entonces ese comunicado de su web y del resto de sus canales oficiales. Luego el Barça se olvidó de asunto.
Pero el escándalo ya había saltado a la prensa deportiva y a las redes sociales. Miguel Galán decidió entonces denunciar al presidente de La Liga por presunta vulneración de la confidencialidad, desvelar detalles específicos de la operación corporativa del Barça (venta de los palcos VIP), detalles de los cambios de auditores, información sobre la situación patrimonial de los azulgranas y revelación de informes y comunicaciones internas del CSD.
El expediente sancionador relativo a los datos del Barcelona se apoya en el artículo 76.2.a) de la Ley 10/1990, del Deporte, que considera infracción muy grave de los presidentes de Ligas Profesionales el «incumplimiento de los acuerdos de la asamblea general, así como de los reglamentos electorales y demás disposiciones estatutarias o reglamentarias».
Según la denuncia de Galán, el comunicado publicado en la web de La Liga revelaba datos económicos que están sujetos al deber de confidencialidad al que hace referencia el artículo 5 de las normas de elaboración de los presupuestos de La Liga, que señala que «las informaciones, datos y documentos que los clubes/SADs faciliten a La Liga en cumplimiento de estas normas tendrán carácter confidencial y quedarán sujetos a la normativa en materia de protección de datos».
