El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana un Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida. Se trata de un paquete económico dotado de 20 millones de euros que pretende acelerar la percepción de ayudas por parte de los afectados y evitar así las esperas propias de los procedimientos ordinarios de los seguros.
La medida ha sido presentada por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros, y se articula en un Real decreto-ley que tiene como objetivo establecer ayudas inmediatas a las víctimas y adelantar parte de las indemnizaciones correspondientes al seguro de responsabilidad civil, que se sumarán a los mecanismos ya existentes en el actual ordenamiento jurídico, que reconoce el derecho de las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares a una asistencia integral.
Se trata, por tanto, de ayudar en los momentos y semanas posteriores al accidente y evitar las esperas propias de estos trámites administrativos. “Los procedimientos ordinarios y los tiempos judiciales no siempre responden a la urgencia vital de quienes han sufrido una tragedia como esta” ha apuntado el ministro. “Las víctimas no pueden esperar años para recibir apoyo económico que les permita afrontar gastos médicos, tratamientos psicológicos, desplazamientos, cuidados continuados o la reorganización completa de su vida cotidiana. La incertidumbre económica no puede añadirse al dolor emocional”.
Estas ayudas son complementarias a los planes, seguros y coberturas previstas en la ley para las víctimas de accidentes ferroviarios y, por tanto, compatibles con las indemnizaciones obligatorias por responsabilidad civil. Además, se recibirán íntegramente ya que estarán exentas de tributación.
La cantidad movilizada por el Gobierno asciende a los 20 millones de euros: 10 millones para las ayudas urgentes y otros 10 correspondientes a los anticipos. La cuantía a percibir se ha definido de la siguiente manera:
- En los casos de fallecimiento, una ayuda directa de algo más de 72.000 euros por cada persona fallecida y la misma cifra en concepto de anticipo del seguro.
- En los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran por niveles de gravedad, con importes que van desde algo más de 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.000 euros en las lesiones de máxima gravedad. Las cifras son las mismas para el anticipo del seguro.
“Queremos garantizar -ha señalado el ministro Óscar Puente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros- que ninguna víctima ni ninguna familia tenga que afrontar, además de una tragedia personal, una situación de angustia económica o de desamparo institucional”. “El Estado -ha añadido- no puede limitarse a los tiempos ordinarios. Debe estar presente, debe anticiparse y debe actuar con humanidad».
TRANSPARENCIA
Por último, Puente ha anunciado que se iniciarán las modificaciones normativas para la futura implementación de este tipo de medidas en el ordenamiento jurídico español. “Iniciaremos las modificaciones normativas necesarias para articular un mecanismo estructural de intervención pública para que el Estado asuma con carácter anticipado el abono de un porcentaje de las indemnizaciones correspondientes a los daños personales derivados de los accidentes de transporte colectivo, sin perjuicio de la posterior determinación de la responsabilidad civil de las personas físicas o jurídicas responsables de dicho accidente”.
Por último, el ministro ha vuelto a incidir en que seguirá dando las explicaciones necesarias sobre el accidente siempre que sea necesario. “La transparencia y el esclarecimiento de los hechos es respeto a las víctimas y a sus familiares. Seguiremos trabajando para esclarecer lo ocurrido, para reforzar la seguridad ferroviaria y para garantizar que las víctimas reciben toda la atención que merecen” ha rematado.
