El jueves 28 de mayo arrancará el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y otros 10 funcionarios de la Diputación Provincial de Badajoz, por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Las sesiones tendrán lugar el 28 y 29 de mayo y luego se reanudarán el 1, 2, 3 y 4 de junio a las 10 de la mañana. El primer acusado en responder a las preguntas de las acusaciones populares, la fiscalía y de los abogados de todas las partes será el propio David Sánchez.
En este caso será un tribunal profesional y no un jurado popular el encargado de dictar sentencia. por lo que no se perderá el primer día en la constitución de un jurado popular. La «culpa» la tiene el delito de prevaricación administrativa, expresamente excluido de los procedimientos de jurado popular.
Los dos primeros días de las sesiones en la Audiencia Provincial de Badajoz estarán dedicados al interrogatorio de todos los imputados. El primero en la lista será David Sánchez, pero tras él será el ex presidente de la Diputación y ex diputado autonómico socialista Miguel Ángel Gallardo, el encargado de dar respuestas a las preguntas de las acusaciones populares, la fiscalía y los abogados de todas las partes.
Las 7 acusaciones populares estarán representadas por otros tantos abogados. Además de que cada imputado tiene el suyo, excepto cinco funcionarios que comparten a dos abogados. Es decir, un total de 8 abogados para los 11 imputados. Por todo ello, está previsto que las sesiones para los interrogatorios se alarguen más de lo previsto.
También existe la posibilidad de que los acusados se nieguen a responder a algunas o todas de las partes personadas en este macroproceso, pues están en su derecho. Este hecho podría acortar notablemente las sesiones de juicio.
Tras Sánchez y Gallardo serán interrogados Francisco Martos, actual alcalde de Castuera y Diputado Delegado del Cultura y Deportes, Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deportes y Juventud; Emilia Parejo, coordinadora en la Delegación de Igualdad, Félix González, Jefe del Servicio Apoyo Jurídico e Inspección; Cristina Núñez, concejala en Talavera La Real y ex Delegada en el Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social; Juana Cintas Calderón, concejala en el Ayuntamiento de Olivenza y Jefa de Recursos Humanos en la Diputación; Elisa Moriano, ex directora del área de Cultura; Luis María Carrero, jefe de la Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas y amigo personal de David Sánchez y Ricardo Cabezas, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz.
DAVID SÁNCHEZ Y LOS CONSERVATORIOS
Si todo funciona tal y como está programado, algo difícil durante la celebración del acto de juicio oral a partir del lunes 1 de junio comenzarán a desfilar hasta 34 de testigos por la sala de la Audiencia Provincial de Badajoz. Entre ellos, los directores de los conservatorios de música de Badajoz que, supuestamente, tenían de jefe a David Sánchez, Álvaro Jaén, ex diputado de Podemos que fue el primero en denunciar la contratación del hermano de Sánchez y hasta tres peritos que han emitido informes sobre la legalidad o no de la contratación de David Sánchez.
Todos los testigos están obligados a decir la verdad y a responder a todas las preguntas planteadas. La última sesión del juicio se guarda para que declaren hasta 9 guardias civiles que intervinieron en las diligencias realizadas durante la investigación como el cálculo del patrimonio de David Sánchez o la averiguación de que se había interesado por el alquiler de un piso en Badajoz antes de conocer que había ganado el concurso público para su plaza.
David Sánchez fue contratado en julio de 2017 por la Diputación Provincial de Badajoz como Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música con un contrato firmado por el entonces diputado provincial Antonio Garrote, responsable del área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación de Badajoz. El nombramiento fue autorizado con la firma del entonces presidente de la dicha diputación y número 1 del PSOE en la provincia, Miguel Ángel Gallardo.
En el año 2022, el puesto fue modificado y pasó a denominarse Jefe de la Oficina de Artes Escénicas, sin pasar el trámite administrativo necesario. La investigación la juez Beatriz Biedma sostiene que esta plaza fue creada sólo para él, sin seguir los procedimientos legales establecidos para el acceso a empleos públicos.
La investigación fue iniciada a raíz de una denuncia presentada por el colectivo de funcionarios Manos Limpias. La instrucción del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, terminó atribuyendo delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El caso adquirió mayor notoriedad mediática después de que la UCO de la Guardia Civil registrase en varias ocasiones la sede de la Diputación pacense.
