La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha cifrado en 113.509,32 euros el perjuicio en las arcas públicas causado por la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) codirigida por Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, en esa universidad pública en un informe enviado al juez Peinado el pasado 20 de enero.
La UCM ha enviado un escrito al juez instructor del juzgado número 41 de Madrid, que investiga a Begoña Gómez por la presunta comisión de cinco delitos, entre ellos el de apropiación indebida de un software desarrollado para su cátedra, en el que detalla los gastos por conceptos económicos empleados en el desarrollo del citado software por parte de la Universidad.
El 3 de octubre de 2025 el juez Peinado, que investiga la causa, ofreció a la UCM que se personase como perjudicada en la misma. El día 6 la Universidad manifestó «expresamente su interés en la defensa de sus intereses y en el ejercicio de las acciones civiles derivadas de delito, en su condición de Administración Pública, si del procedimiento resultare responsabilidad
penal y civil».
Estos gastos reflejan las dos contrataciones de Deloitte por 78.600 euros, la de Making Science por 24.000, una diseñadora particular del logotipo de la marca TSC por 2.600 euros, la empresa Lowpost por el servicio de copywriting por 1.450 euros y finalmente, Fiat101 cobró 1.800 euros por el concepto Setup SEO. La suma de todo esto asciende a 108.765,79€.
A eso la UCM suma el «coste por horas y dedicación del personal técnico y de administración y servicios de la Universidad que intervino en las actuaciones necesarias para el desarrollo y adaptación del software». Es decir, el coste de personal.
En cantidades redondeadas, por la Intervención de la UCM el importe fue de 1.200€, respecto de la Vicegerencia de Contratación el importe fue de 1.000 euros, la Escuela de Gobierno invirtió trabajo por valor de 1.600 euros, el gasto de los Servicios Informáticos fue de 500 euros y el importe de los Servicios Jurídicos en el proceso de contratación administrativa ascendió a 278 euros. La suma de todos estos importes destinados a personal fue de 4.743,53€, que unidos a los anteriores resultó la cantidad de 113.509,32€.
RESPONSABILIDAD PENAL DE BEGOÑA GÓMEZ
La UCM añade que «en el supuesto de que el Juzgado considerare la posible responsabilidad penal de Doña Begoña Gómez por el delito referido, y en caso de que tal responsabilidad se declarara en sentencia firme, la Universidad Complutense de Madrid entiende procedente la determinación y acumulación desde ahora de los informes emitidos por funcionarios públicos que acreditan y cuantifican el montante de dinero público invertido por esta Universidad en el desarrollo del software para la Cátedra de Transformación Social y Competitiva de la UCM».
Entre las peticiones de la Complutense figura que «subsidiariamente tenga por cuantificada de forma provisional la responsabilidad civil en la cantidad total de 113.509,32 euros, sin perjuicio de la valoración final que pudiera realizarse en sentencia (…)», también pide la UCM que «se haga constar en autos la posición de la Universidad como perjudicada y su ofrecimiento de acciones, conforme a la normativa aplicable».
En julio de 2024, con su rector todavía imputado, la UCM comenzó a defenderse y presentó al juez un informe elaborado por sus servicios jurídicos en el que señalaba indicios de que Begoña Gómez pudo haber cometido un delito de apropiación indebida al apropiarse del software para su cátedra que había financiado la propia Universidad y de al emitir contratos y gastos en su nombre sin tener autorización para ello. Además, el informe destacó la falta de colaboración por parte de Gómez cuando fue llamada a dar explicaciones en la UCM.
Begoña Gómez está investigada por varios delitos: tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida, intrusismo y malversación a raíz de la gestión de su cátedra y másteres, la apropiación de software y el nombramiento de su asesora, Cristina Álvarez. No obstante, el juez Juan Carlos Peinado decidió el pasado 10 de marzo de 2025 abrir una pieza separada para investigar de forma independiente la contratación de la asesora de Moncloa.
BEGOÑA GÓMEZ SE NEGÓ A DECLARAR
El 19 de julio de 2024 Begoña Gómez se negó a declarar ante el juez Peinado sobre asunto y ninguno otro. En declaraciones posteriores, los vicerrectores de la Universidad Complutense afirmaron haber advertido a Gómez que no podía registrar el software a su nombre, al estar financiado por la Universidad. El vicerrector Juan Carlos Doadrio también declaró que el rector Joaquín Goyache le ordenó crear directamente la cátedra de Begoña Gómez. Goyache, inicialmente citado como testigo, fue más tarde imputado como investigado y finalmente desimputado por el mismo juez.
El 11 de septiembre de 2024 la Universidad Complutense comunicó a Begoña Gómez que no renovaría la cátedra extraordinaria dirigida por ella misma que había constituido el 30 de octubre de 2020, por un periodo inicial de cuatro años (2020-2024).
La causa siguió avanzando siempre con Goyache como imputado y la sombra de una «colaboración» de la UCM en los hechos investigados. El rector tuvo que acudir incluso a declarar en la comisión del Senado en noviembre de 2024.
Hasta que el 16 de mayo de 2025 la Audiencia Provincial de Madrid estimaba en parte los recursos presentados por las defensas de los imputados en la causa contra la mujer del presidente del Gobierno. De esa manera, quedaban desimputados o fuera de la investigación Juan José Güemes, ex consejero de la Comunidad de Madrid y Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid.
El auto dictado por la sección 23 de la Audiencia Provincial respondía así a un recurso de apelación presentado por las defensas de Begoña Gómez, de Juan Carlos Barrabés, y la acusación del partido político VOX y del ministerio Fiscal, contra un auto del juez Peinado dictado el 8 de enero de 2025.
En los casos de Goyache y de Juan José Güemes, decía la Audiencia que «procede alzar la imputación por carecer de fundamento, lo que no ocurre en los otros casos, donde el cambio de situación se estima acertado, y, de hecho, de forma manifiesta en el caso de Juan Carlos Barrabés Cónsul, a quien se le debió siempre oír en calidad de investigado para garantizar al máximo sus posibilidades de asesoramiento y defensa; por la sencilla razón de que su directa implicación en lo investigado era conocida desde el inicio, hasta el punto de que se había inhibido parte de la investigación a la Fiscalía Europea».
Tras levantarse estas imputación el juez ofreció a la UCM la posibilidad de personarse como perjudicada. El 6 de octubre de 2025 la Universidad Complutense aceptaba personarse como perjudicada en la causa al considerar que Begoña Gómez pudo haberle causado un perjuicio económico en caso de haberse apropiado del software cuya financiación resultó a cargo de la Universidad y cuyos gastos se destacan ahora.
