Desde el sindicato Jupol de Policía Nacional han advertido de «nuestra seria preocupación por el impacto operativo y funcional que supondría para las unidades de Extranjería y Fronteras la anunciada regularización extraordinaria de cientos de miles de personas en situación administrativa irregular». El Gobierno ha accedido a regularizar por vía exprés, tras pactarlo con Podemos, aproximadamente medio millón de inmigrantes en situación irregular, sin necesidad de su aprobación por el Congreso de los Diputados.
Pero los policías advierten que «esta medida tiene consecuencias directas e inmediatas sobre el trabajo diario de miles de agentes. La tramitación masiva de solicitudes de autorización de residencia, la revisión de situaciones administrativas, la comprobación de identidades y la verificación de requisitos legales recaerán, principalmente, sobre unas unidades de Extranjería que ya se encuentran saturadas en la mayor parte del territorio nacional».
Las Brigadas y Grupos de Extranjería trabajan actualmente con plantillas muy ajustadas, agendas colapsadas y una elevada carga burocrática para atender a los inmigrantes que desean legalizar su situación. Asumir de golpe cientos de miles de expedientes adicionales implicará retrasos, acumulación de trámites, menor capacidad de control y una merma evidente en otras funciones esenciales, como la investigación de redes de inmigración ilegal, la lucha contra la trata de seres humanos o el control documental.
Además, desde un punto de vista estrictamente policial, «preocupa especialmente el criterio basado casi exclusivamente en la carencia de antecedentes penales firmes. En la práctica, una persona que haya sido detenida recientemente por hechos graves puede no contar todavía con antecedentes, debido a los plazos judiciales y a que muchos procedimientos tardan meses, e incluso años, en resolverse», explican desde Jupol.
INMIGRANTES CON ANTECEDENTES
La ausencia de antecedentes en un momento determinado no equivale necesariamente a la inexistencia de conductas delictivas previas o en investigación. Esto obliga a extremar las comprobaciones, cruzar información con bases de datos policiales nacionales e internacionales y realizar verificaciones adicionales que consumen tiempo y recursos. «Si no se refuerzan de forma inmediata las plantillas y los medios tecnológicos, el riesgo es que estas comprobaciones se vean limitadas por pura falta de capacidad material», añaden.
También debe tenerse en cuenta el impacto en otras áreas: aumento de comparecencias, más gestiones en calabozos y centros de estancia de inmigrantes, mayor presión sobre los sistemas de cita previa, y un incremento de gestiones documentales donde el fraude de identidad y la falsedad documental son fenómenos habituales que requieren un análisis policial especializado.
A todo ello, dice Jupol, que «se suma la inseguridad jurídica que genera un proceso extraordinario de estas características articulado por una vía normativa excepcional y con criterios que pueden dar lugar a interpretaciones dispares, como, por ejemplo, cuales son y cuales no los antecedentes “relevantes”. Los agentes encargados de aplicar la norma pueden verse expuestos a cambios constantes de instrucciones, dudas en la tramitación y un incremento de recursos y litigios, lo que complica aún más una gestión ya de por sí masiva y delicada».
Desde el sindicato de policía insisten en que cualquier proceso extraordinario de regularización debe ir necesariamente acompañado de un refuerzo urgente y real de efectivos, medios técnicos y apoyo administrativo para las unidades de Extranjería y Documentación de la Policía Nacional. «Sin esa previsión, la medida no solo tensionará el sistema, sino que puede debilitar la capacidad del Estado para ejercer un control eficaz y seguro», sostienen.
Los policías nacionales seguirán cumpliendo con nuestra labor con profesionalidad, pero es imprescindible que las decisiones que afectan de forma tan directa a la operativa policial vayan acompañadas de planificación, recursos y una evaluación realista del impacto en el servicio.
EFECTO LLAMADA A INMIGRANTES
Desde Jupol, además, consideran que «una medida de este calibre, adoptada sin consenso político ni diálogo con los profesionales que trabajamos a diario en el control de fronteras y la seguridad ciudadana, lanza un mensaje inequívoco al exterior: entrar y permanecer de forma irregular en España puede acabar teniendo como recompensa la regularización administrativa. Este planteamiento genera, de forma inevitable, un potente efecto llamada que incrementará la presión migratoria sobre nuestras fronteras en los próximos meses».
Además, advierten que desde el punto de vista policial, «decisiones como ésta suponen un auténtico balón de oxígeno para las mafias dedicadas al tráfico y la trata de seres humanos. Estas organizaciones criminales utilizan precisamente las expectativas de regularizaciones futuras para convencer a miles de personas de emprender viajes extremadamente peligrosos, lucrándose con su desesperación y poniendo en grave riesgo sus vidas. Cada anuncio de este tipo se convierte en un argumento comercial más para estas redes».
En un comunicado Jupol «exige al Gobierno que rectifique, que abra un proceso de diálogo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que cualquier modificación de la política migratoria se tramite por los cauces legislativos ordinarios, con transparencia y garantizando la seguridad jurídica y operativa.
Del mismo modo, desde Jupol, solicitan un endurecimiento de la política de asilo, ya que consideran que «la actual legislación es una regularización encubierta que permite la entrada irregular de miles de migrantes a España, lo que además supone una grave saturación para las Brigadas de Extranjería de la Policía Nacional que arrastran un grave déficit de personal desde hace años. Una situación que se complica aún más con esta nueva regularización anunciada por el Gobierno».
La solidaridad y el respeto a los derechos humanos son perfectamente compatibles con el cumplimiento de la ley y la lucha firme contra las redes criminales que trafican con personas. «Lo que no es aceptable es seguir adoptando medidas que, lejos de solucionar el problema, pueden agravarlo de forma notable en los próximos meses», concluyen.
