El debate parlamentario ha vuelto a encenderse y ya a ponerse al rojo vivo en el Congreso de los Diputados tras las duras declaraciones de Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular (PP). En una intervención marcada por la contundencia y por la línea que seguirán los populares este año 2026, Bravo ha acusado formalmente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de poner en riesgo la estabilidad del sistema y de utilizar a los pensionistas como «rehenes» políticos.
Según el dirigente popular, el Gobierno está empleando la revalorización de las pensiones como una herramienta de presión para garantizar su propia supervivencia en el poder, convirtiendo lo que debería ser una gestión ordinaria en una anomalía democrática constante. Los famosos decretos ómnibus para generar polémica, crispación y desviar el foco de la actualidad política que ahora se centra el los trágicos sucesos ferroviarios de Adamuz y Barcelona.
En referencia a esto, Bravo ha expresado el respaldo total de su formación a la subida de las prestaciones, pero ha denunciado la estrategia de presentar esta medida dentro de un Real Decreto Ley que ha calificado como un «trampantojo». Para el Partido Popular, resulta inaceptable que el texto mezcle cuestiones tan heterogéneas como la vivienda, la okupación, la tarifa energética, la gestión de la DANA y el salario mínimo.
En este sentido, el vicesecretario ha instado al Gabinete de Sánchez a que apoye la iniciativa que el PP registró hace dos meses, la cual proponía de forma exclusiva la revalorización automática de las pensiones para proteger el poder adquisitivo de los mayores sin contrapartidas ideológicas. Una táctica que también han afeado desde la bancada de Vox y los diputados de Junts.
Estas tres fuerzas conservadoras han unido fuerzas para derrotar a los socialistas y sus aliados en la primera votación parlamentaria del año, que a a la postre, ha supuesto la primera derrota de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el Congreso de los diputados. Cabe recordar que el Congreso tumbó el decreto-ley ómnibus, con la subida de pensiones públicas y la última prórroga del llamado ‘escudo social’, que incluye descuentos en el bono social, la prohibición de corte de suministros básicos y la moratoria ‘antidesahucios’. Precisamente este último punto fue la excusa de PP y Vox para votar en contra del decreto-ley propuesto por el PSOE.
INCAPACIDAD PRESUPUESTARIA Y GESTIÓN FALLIDA
La crítica no se ha limitado al fondo del decreto, sino que se ha extendido a la propia capacidad de gestión del Gobierno. Bravo sostiene que el uso recurrente de decretos ómnibus constituye una auténtica «confesión de culpabilidad», evidenciando que el Ejecutivo es incapaz de articular una mayoría suficiente para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. Esta parálisis legislativa, según el popular, supone una falta de respeto al ordenamiento jurídico y al Parlamento, con consecuencias directas en la degradación de infraestructuras críticas como las carreteras y la red ferroviaria.
En el ámbito de la vivienda, el dirigente ha recordado que el Partido Popular mantiene propuestas bloqueadas en la Cámara desde hace dos años, mientras el Gobierno recurre a prórrogas sistemáticas para evitar el debate sobre la okupación. Bravo ha subrayado que esta inacción perjudica gravemente a los jóvenes al reducir la oferta inmobiliaria. Asimismo, ha dirigido sus dardos hacia figuras específicas del gabinete, censurando al ministro Óscar Puente por lo que considera una gira mediática vacía de explicaciones y acusando a la ministra de Seguridad Social de descuidar la sostenibilidad del sistema por cuestiones partidistas.
Finalmente, Bravo ha lanzado un reto directo al ministro Félix Bolaños para que desglose las medidas en proyectos de ley independientes, permitiendo que cada materia se vote con transparencia. Con la vista puesta en el futuro electoral, el vicesecretario ha vaticinado que el desgaste del Ejecutivo, ya visible en diversos territorios, se extenderá pronto a todo el país, asegurando que los españoles ansían recuperar una administración que funcione con rigor y honestidad.
Como nota positiva para los socialistas ha sido la capacidad de mantener las ayudas al transportes y el nuevo abono único con un coste de 60 euros, en el cual se añade cualquier servicio de transporte de todo el país. Una medida que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios a excepción del PP que se abstuvo y Vox que votó en contra de la medida. Hay que reseñar que esta votación se produjo en plena crisis ferroviaria, desencadenada tras la tragedia de Adamuz y la muerte, horas después de otro maquinista en prácticas en otro siniestro, este en la red de Rodalies de Cataluña.
