El Gobierno ya ha tocado a rebato y ha comenzado la ofensiva por Álvaro García Ortiz, ex Fiscal General del Estado (FGE). El ministerio de Justicia ya ha preguntado al Tribunal Supremo sobre si se cumplen las condiciones necesarias para conceder el indulto al ex Fiscal General del Estado (FGE) Álvaro García Ortiz, y pide un informe al Supremo, después de que dos particulares hayan solicitado su indulto total.
De esta manera, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no da por amortizado el puesto de García Ortiz, a pesar de haber nombrado ya una nueva FGE, en lo que supone un claro desafío político a la sentencia del Alto Tribunal que lo inhabilitó. Porque da igual lo que diga el informe del Supremo, no es vinculante y el Gobierno lo indultará igualmente.
Estas dos peticiones serían las primeras recibidas en el Ministerio de Justicia, después de que García Ortiz fuese condenado para ejercer como Fiscal General del Estado (FGE) por el Tribunal Supremo, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
De esta manera, según avanzó el diario El País, el Gobierno ya habría iniciado los trámites para el indulto. García Ortiz ya ha recibido el apoyo de centenar y medio de juristas, que han firmado un manifiesto titulado «Una sentencia inquietante», entre ellos los ex jueces del Supremo Alberto Jorge, Perfecto Andrés, Joaquín Giménez y José Antonio Martín Pallín.
También está todavía vivo el debate sobre si su nombramiento como Fiscal de Sala de lo Social del Tribunal Supremo por la actual FGE es válido o no. De momento, González Amador ya ha presentado un escrito en el Supremo para que inhabiliten a García Ortiz de la carrera en general, no solo de la Fiscalía General.
El abogado de González solicitó también acceso al expediente incoado por la actual Fiscal General, Teresa Peramato, para no expulsar de la carrera a García Ortiz. González Amador pidió a Peramato, a través de su abogado, que «se anule» dicho expediente y que «declare la incapacidad para el ejercicio de funciones fiscales» del ex fiscal general «por haber sido condenado por delito doloso a pena superior a seis meses y la pérdida de la condición de fiscal por la anterior causa de incapacidad y por la pena principal de inhabilitación para cargo público».
Pero en su sentencia los magistrados del Supremo indicaron expresamente que la inhabilitación lo era únicamente para el cargo de Fiscal General del Estado, advirtiendo de que sería «excesiva su proyección a otros» y dejando en manos de la Fiscalía el nuevo destino de García Ortiz. A ésta excepción se ha agarrado la FGE para proponer a García Ortiz volver al Supremo.
Por eso la actual Fiscalía General del Estado (FGE) daba luz verde a que García Ortiz se incorporase a su anterior puesto en la fiscalía del Supremo el pasado 13 de enero. La incorporación de García Ortiz a esa sección en el Alto Tribunal se habría realizado «de conformidad con las previsiones estatutarias, quedando sin efecto su anterior situación de servicios especiales» cuando ejercía como Fiscal General.
Desde el Ministerio Fiscal indicaron que «el alcance del fallo de la sentencia resulta claramente delimitado». La sentencia del Supremo, añadieron, «impone a García Ortiz la pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de dos años, sin que se efectúe ninguna referencia más ni respecto de su condición de fiscal de carrera y/o el ejercicio de sus funciones fiscales, ni respecto de otros cargos análogos».
«Esa concreción es particularmente relevante», indicaron, señalando que el Código Penal «obliga a los tribunales a indicar en la sentencia los empleos y cargos afectados por la inhabilitación, estando vedada cualquier extensión automática y/o interpretación expansiva u omnicomprensiva de su contenido».
INDULTO TOTAL O PARCIAL AL FISCAL
Los firmantes de la petición de indulto a García Ortiz solicitan una medida de gracia total. Es decir, que se anulen todas las penas, incluidas multas e indemnizaciones, por eso el Gobierno pregunta al Supremo si concurren las circunstancias necesarias.
Una vez recibidas las peticiones la legislación obliga al ministerio de Justicia a darle recorrido administrativo. Ese procedimiento exige un informe del tribunal que lo condenó para que éste, a su vez, pida opinión a la Fiscalía y a la parte agraviada. Es de suponer que la parte agraviada, González Amador, se opondrá y una incógnita de que hará la Fiscalía, que hasta ahora se ha mostrado contraria a la culpabilidad del ex fiscal general.
Al indulto ayudaría que el condenado, García Ortiz, hubiese mostrado arrepentimiento o al menos, indicios de haberlo hecho, lo que en el caso del ex fiscal general no es posible, puesto que siempre ha defendido su inocencia con el apoyo del Ejecutivo socialista que lo nombró.
También pudiera ocurrir que el Gobierno le quitase la condena de inhabilitación pero mantuviese la multa de 7.200 euros y la indemnización de 10.000 euros a González Amador.
Cuando estén todos los informes será el ministro Félix Bolaños el encargado de elevarlo al Consejo de Ministros que decidirá si lo indulta o no. Los informes no son vinculantes, así que no dejan de convertirse en papel mojado, pero si son favorables al indulto el Ejecutivo los usará para justificar su decisión.
Desde el inicio del proceso hasta su finalización la media de espera se sitúa en unos 6 meses, que se podrían ampliar si los informes se retrasan, aunque la ley no impone plazos. Si el indulto fallase, algo poco probable, la defensa de García Ortiz ya presentó un incidente de nulidad en el Supremo, también muy difícil de ser estimado pero que es un trámite procesal obligatorio antes de acudir al Tribunal Constitucional.
