Estos últimos días las noticias de nuestro país se extrañaron por un acuerdo al que llegaron el PSOE Y Podemos, un concordato que trae consigue la regularización masiva de 500.000 migrantes que residen de manera irregular. Esto, según expertos y la oposición del PP y Vox, acarreará una situación complicada para España, pues puede aumentar el efecto llamada para que cientos de personas se jueguen la vida cruzando el Estrecho de Gibraltar o en la ruta Canaria, las dos vías más peligrosas para los migrantes que llegan a nuestras tierras de manera irregular.
Hay que recordar otras legalizaciones masivas que provocaron este peligroso efecto, sobre todo dentro de la migración africana, y las víctimas que hubo en el mar, por un lado. Y por otro, los problemas de acogida que puede tener una oleada de este tipo en las zonas donde lleguen. Valga como ejemplo la saturación que sufren los centros de acogida de Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El proceso de regularización migratoria impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez ha traspasado las fronteras españolas, encontrando una acogida especialmente favorable en la prensa de Marruecos, según informó Libertad Digital. Diversas cabeceras del país vecino han destacado que la iniciativa permitirá reforzar la dignidad de las personas afectadas a través de un marco legal que garantiza estabilidad y perspectivas reales de integración. En este sentido, medios como el diario Hespress subrayan que la integración administrativa facilitará el acceso al mercado laboral formal, lo que supone un avance humanitario que permitirá estructurar mejor el empleo y fortalecer las cotizaciones sociales frente a la precariedad del sector informal.
Sin embargo, esta visión de progreso contrasta drásticamente con la preocupación manifestada por los sindicatos policiales en España. Las organizaciones policiales han alzado la voz contra lo que consideran una medida extraordinaria que rompe con el consenso político mantenido durante las últimas dos décadas. Según denuncian estos colectivos, la decisión del Ejecutivo lanza un mensaje que podría incentivar el flujo de inmigración irregular y favorecer la actividad de las mafias, posicionando a España fuera de la estrategia europea de firmeza y previsibilidad en el control de las fronteras exteriores.
Un movimiento, que para varios expertos en geopolítica consultados por MONCLOA.COM, va encaminado a aumentar la guerra híbrida que el Reino alauita mantiene con España. Con sus reivindicaciones territoriales sobre las ciudades autónomas citadas y las aguas territoriales del Monte Tropic en Canarias y sus recursos naturales. Además, de confirmar su soberanía sobre la ex provincia española del Sáhara Occidental. La inmigración y la vida de personas inocentes como arma arrojadiza en la geopolítica marroquí, un clásico de estos últimos lustros.
CRISIS DE LOS CAYUCOS DE 2006
Como ejemplo de este efecto llamada podemos poner la crisis de los cayucos entre que entre 2006 y 2008 marcó un hito con la llegada de más de 31.000 personas. En este sentido, la reactivación de la ruta atlántica en los últimos años ha pulverizado aquellas estadísticas. Según datos recogidos por RTVE y Atlántico Hoy, tanto en 2023 como en 2024 se superaron con creces las cifras de 2006, alcanzando picos que oscilan entre las 39.000 y las 46.000 llegadas, lo que sitúa la presión migratoria actual en niveles sin precedentes.
A diferencia de la gestión inicial, donde los acuerdos de repatriación con Senegal y Mauritania fueron determinantes para frenar el flujo bajo el paraguas del «Plan África», el escenario contemporáneo presenta una complejidad mayor. La ruta no solo se mantiene activa, sino que se ha vuelto considerablemente más peligrosa. Los cayucos parten ahora desde puntos más alejados de la costa, lo que incrementa drásticamente la mortalidad en el Atlántico y traslada el foco de presión a islas como El Hierro, cuyos sistemas de acogida sufren episodios de colapso recurrente.
A pesar de que la magnitud de la crisis actual supera en términos numéricos a la de hace casi dos décadas, la percepción pública parece haber seguido un camino distinto. Análisis publicados en The Conversation sugieren que estas llegadas masivas recientes han generado una menor alarma social en comparación con el impacto mediático de 2006. No obstante, la realidad sobre el terreno confirma que la crisis de los cayucos no fue un evento aislado, sino el inicio de una ruta migratoria inestable y letal que continúa planteando un desafío estructural para la gestión fronteriza y humanitaria en España.
EXPLICACIÓN DEL GOBIERNO
La regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de España busca garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a miles de personas que ya residen en el país. Esta medida, según articulada mediante un Real Decreto, responde para el Ejecutivo de Sánchez a una realidad existente y que se enmarca dentro de una estrategia coherente de política migratoria que promueve una migración legal, segura y ordenada. Su implementación se basa en el respaldo de una Iniciativa Legislativa Popular apoyada por más de 700.000 firmas y una amplia mayoría del Congreso.
El proceso establece requisitos claros para los solicitantes, como acreditar una permanencia continuada de al menos cinco meses en el momento de la solicitud y haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025. En el caso de quienes hayan solicitado protección internacional, será suficiente con que la solicitud se haya presentado antes de esa fecha. Además, es indispensable no contar con antecedentes penales. Las solicitudes podrán presentarse desde abril de 2026 hasta el 30 de junio del mismo año.
Según el Gobierno de Sánchez, la regularización no solo busca ordenar situaciones de irregularidad acumuladas durante años, sino también facilitar la integración social y laboral de las personas regularizadas. La autorización de residencia permitirá trabajar en cualquier sector y en todo el territorio nacional, eliminando barreras administrativas tanto para los trabajadores como para los empleadores. Esto contribuirá a que las personas regularizadas puedan cotizar, pagar impuestos y acceder a derechos como la sanidad y la educación, asumiendo las mismas obligaciones que el resto de la ciudadanía.
La evidencia histórica y empírica demuestra que las regularizaciones extraordinarias tienen efectos positivos, como la mejora de la integración laboral, el aumento de la recaudación fiscal y la reducción de la informalidad en sectores dependientes de mano de obra migrante. Además, no generan un efecto llamada ni benefician a las mafias, ya que la irregularidad es precisamente lo que alimenta estas prácticas ilegales. Por el contrario, para el Ejecutivo, la regularización contribuye a cortar este negocio y a fortalecer la economía y el sistema de pensiones del país.
Esta medida excepcional busca dignificar a quienes «ya forman parte de nuestras comunidades, reconociendo su contribución a sectores esenciales como el cuidado, la agricultura y la hostelería, y promoviendo una integración plena, libre y digna en la sociedad española», remarcan fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
