La trayectoria política de Alejandro Toquero, alcalde de Tudela y vicepresidente de UPN, vuelve a quedar bajo los focos por motivos poco favorables. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra ha decidido abrir diligencias para investigar si el Ayuntamiento de Tudela fraccionó de forma irregular varios contratos de asesoría jurídica con el fin de adjudicarlos directamente a un despacho vinculado a un exdirigente regionalista.
Esta investigación no solo compromete la gestión municipal del regidor, sino que amenaza con erosionar sus aspiraciones de liderar UPN y disputar la presidencia del Gobierno foral en los próximos años.
El origen del caso se sitúa en la oposición del Ayuntamiento de Tudela a la ampliación de la Estación de Depuración de Aguas Residuales, que es un proyecto impulsado por la empresa pública Nilsa. Para sostener esa batalla jurídica, el consistorio recurrió a un mismo bufete de abogados, al que se le encargaron varios trabajos de asesoramiento relacionados con el mismo asunto.
En total, el gasto ascendió a 29.040 euros repartidos en tres contratos adjudicados entre marzo de 2024 y junio de 2025. El problema, según denuncia la coalición Contigo Tudela —integrada por Batzarre, Izquierda Unida, Podemos e Independientes de Tudela—, es que esos encargos se habrían dividido artificialmente para no superar el límite que marca la ley foral de contratos públicos para las adjudicaciones directas.
La normativa establece un máximo de 15.000 euros, umbral que ninguno de los contratos superó de manera individual, pero que sí se rebasa al sumarlos. Además, todos ellos recaen sobre el mismo despacho, Gesabogados, uno de cuyos socios, Miguel Echarri, formó parte de la dirección de UPN en etapas anteriores.
La Oficina Anticorrupción considera que existen indicios suficientes como para investigar si se produjo un fraccionamiento indebido de contratos y si, en realidad, los servicios jurídicos debieron tramitarse como un único encargo sometido a un procedimiento ordinario. Un informe de la Intervención municipal, incorporado a la denuncia, advertía ya de que la adjudicación sucesiva de contratos por el mismo concepto y al mismo beneficiario podría vulnerar la legalidad vigente.
Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la capital de la Ribera de Navarra se ha tratado de rebajar el alcance del asunto alegando que uno de los contratos fue rechazado posteriormente al entenderse que el trabajo ya estaba incluido en otro encargo anterior. Sin embargo, Anticorrupción ha optado por no dar el caso por zanjado y continuar con las diligencias para aclarar si existieron irregularidades en la contratación pública.
La oposición municipal ha ido más allá del plano administrativo y ha cargado duramente contra el alcalde. Contigo Tudela cifra en esos 29.040 euros el coste de unos encargos «a dedo» que, además, no habrían servido para frenar el proyecto de Nilsa. La Confederación Hidrográfica del Ebro acabó desestimando las alegaciones del Ayuntamiento y dio luz verde a la ampliación de la planta, lo que ha llevado a cuestionar la utilidad real del gasto asumido por las arcas municipales.
A este escenario se suma una crítica política más amplia. Los portavoces de Contigo han anunciado iniciativas para estudiar la posibilidad de reclamar total o parcialmente ese dinero y han exigido a Toquero que abandone el consejo de administración de Nilsa, del que forma parte mientras lidera un discurso frontal contra la empresa pública. También reclaman más transparencia y debate público sobre el proyecto, frente a una estrategia que consideran basada en el ruido y la confrontación.
El portavoz de Contigo y exalcalde de la ciudad, Eneko Larrarte, ha sintetizado el caso como un ejemplo paradigmático de la forma de gobernar de Toquero. En sus redes sociales, Larrarte ha denunciado que el alcalde «contrata a dedo a un despacho de abogados afín, incumple la ley de contratos según la propia Intervención municipal y, cuando Anticorrupción ve indicios razonables de irregularidades, responde encargando informes a otros gabinetes jurídicos también próximos para justificar lo anterior», dice en relación a un trabajo encargado al despacho del exconsejero de UPN Javier Caballero, hermano de la también senadora regionalista María Caballero, que ha ganado fuerza a nivel interno tras sus intervenciones en distintas comisiones de investigación.
A su juicio, el problema de fondo no es solo el posible fraccionamiento de contratos, sino una práctica política que prescinde de los funcionarios de la casa y desacredita tanto a la Intervención como a la Oficina Anticorrupción cuando sus conclusiones no encajan con el relato del alcalde: «Todo queda en casa», resume Larrarte.
El PSN, que lidera el Gobierno en Navarra, tampoco ha ocultado su sorpresa ante la insistencia del alcalde en una batalla que, a su juicio, responde más a intereses personales y partidistas que al beneficio de la ciudad. Desde filas socialistas se subraya, además, el elevado coste económico de una ofensiva jurídica que no ha logrado frenar la actuación prevista.
El caso ha cobrado aún mayor relevancia por la reacción del propio Toquero, que ha esgrimido informes de otros despachos externos para defender la legalidad de su actuación, sin recurrir previamente a los servicios jurídicos municipales.
MOMENTO CLAVE PARA TOQUERO
Todo ello se produce en un momento clave para el alcalde de Tudela. Toquero no ha ocultado su ambición de dar el salto a la política autonómica y liderar UPN en 2027. Sin embargo, las polémicas que se acumulan en su gestión municipal —desde decisiones controvertidas en materia cultural o laboral hasta cuestiones salariales y de gastos— ya habían generado incomodidad dentro de su propio partido.
La investigación de Anticorrupción añade ahora un elemento de peso a ese desgaste. En Navarra, donde la corrupción y el uso partidista de los recursos públicos son asuntos especialmente sensibles, la apertura de diligencias no es un trámite menor. Aunque la investigación deberá determinar si hubo o no ilegalidades, el impacto político ya está servido. La investigación de Anticorrupción se suma a una larga lista de polémicas que han acompañado a Alejandro Toquero desde su llegada a la Alcaldía de Tudela.
En seis años, el regidor ha incrementado su salario un 12,4%, con lo cual casi cobra el doble que el sueldo que se asignó Larrarte, mientras que las asignaciones a los concejales han crecido un 53,75%.
Estos episodios, unidos a controversias por gastos, dietas y una forma de gobernar basada en la confrontación y el protagonismo personal, han ido erosionando su perfil político más allá del ámbito local
