La primera pieza del Caso Mediador o Tito Berni ya está lista para sentencia después de que el jurado declarase culpable de cohecho a todos los acusados, el general jubilado Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y el «mediador» Antonio Navarro. Tras la decisión del jurado popular, será el tribunal quien redacte la sentencia. El fiscal Serrano-Jover pidió un año de cárcel para cada uno de ellos.
El veredicto del jurado negó la posibilidad de un indulto a los tres encausados y, en cuanto a la suspensión del ingreso en prisión, solo respaldó esa opción en el caso de Bautista Prado, aunque el general, evidentemente, no tiene antecedentes penales y no ingresaría en prisión, mientras que Antonio Navarro sí tiene antecedentes penales computables y está implicado en otras causas abiertas todavía.
El jurado consideró probado que el Bautista, empresario de energías renovables entregó un total de 19.500 euros además de pagar con tarjeta varias comidas de los acusados.
Durante la vista oral, uno de los peritos, miembro de la Guardia Civil, aseveró que Espinosa era miembro activo de la Benemérita cuando se produjeron los hechos, por lo que no podía recibir ningún tipo de regalo, ni dinero a cambio de gestiones.
El representante de la Fiscalía sostuvo durante los 4 días de juicio que el empresario Antonio Bautista entró en contacto con Navarro Tacoronte por sus supuestos contactos en el mundo empresarial y el ámbito público en el archipiélago, al presentarse como una persona «integrada» en el Gobierno regional, pese a saber que «carecía» de cualquier representación o responsabilidad en el Ejecutivo.
Así, Navarro se ofrecía a conseguir la celebración de contratos con entidades relevantes del mundo empresarial y prometía también acceder a la concesión de subvenciones a favor de la empresa de Bautista, aparte de formalizar «lucrativos contratos» con la administración pública, señala la Fiscalía.
La Fiscalía continuaba diciendo que Navarro para ganarse la confianza de los empresarios, a quienes exigía «comisiones, dádivas o regalos», organizaba «encuentros con personas influyentes del ámbito político o económico principalmente, caso del general de la Guardia Civil, que actuaba en connivencia con Navarro, y hacía valer que durante cuatro años fue una de las máximas autoridades del instituto armado en Canarias».
Algunas reuniones se celebraban en la Península para ganarse la confianza de Bautista y generar una «imagen de seriedad y poder» con el fin de que tuviera la convicción de que «accediendo a las exigencias, pagos y comisiones podía obtener negocios ventajosos y lucrativos contratos para sus empresas».
Estos encuentros se desarrollaban normalmente en restaurantes donde el empresario «siempre asumía el pago de los gastos», subrayó la Fiscalía, hasta el punto de que «empezó a realizar los primeros regalos al general, como cajas de puros valoradas en casi 250 euros, y también al mediador, lo mismo que diferentes viajes».
Progresivamente, las exigencias del general y de Navarro Tacoronte habrían ido en aumento, como la exigencia de contratación de algunas personas en las empresas de Bautista -en concreto una amiga del general con un sueldo mensual de 1.900 euros- y hasta la promesa de contratar al propio general una vez se hubiera jubilado de la Guardia Civil.
Con el fin de «impresionar» a los posibles empresarios que querían captar para la trama, algunas de las reuniones se realizaban en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid y también en el Congreso de los Diputados, donde eran recibidos por el actual ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, «tito Berni», investigado en otras piezas de la causa.
OBSEQUIOS DEL MEDIADOR
Según la acusación de la Fiscalía, Bautista obsequió al general y una acompañante con un viaje a Canarias que incluía el abono del hotel y coche de alquiler, más una cantidad de dinero en efectivo.
Por su parte, el empresario Antonio Bautista llegó a presentar hasta cuatro proyectos de instalación de placas fotovoltaicas a empresarios ganaderos de Fuerteventura, pero las ofertas no fructificaron.
El sumario recoge que «en relación a Antonio Bautista Prado, mantendría diversos encuentros como los producidos en fecha 08/10/2020 en Fuerteventura en el restaurante Casa Fausto, en fecha 04/11/2020 en Santa Cruz de Tenerife en el Hotel Escuela y Guachínche La Granja, en fecha 26/11/2020 en la Quesería Felipa La Montañeta (Fuerteventura) y en fecha 22/12/2020 en Las Palmas. Habría respaldado al empresario en la presentación de su proyecto fotovoltaico a
diversas ganaderías Canarias, previo pago en efectivo. En fecha 06/12/2020 recibe un Bizum por valor de 400 euros de este empresario previas solicitudes de dinero a través Marcos Antonio Navarro Tacoronte».
El relato de la Fiscalía se remonta hasta agosto de 2020, cuando el empresario expuso su interés en comercializar sus productos en Canarias a Navarro Tacoronte, quien se presentaba como una persona cercana a Taishet Fuentes, ex director general de Ganadería del Gobierno canario y sobrino del ex diputado socialista Bernardo Fuentes, «Tito Berni».
Navarro Tacoronte, siempre según el relato de la Fiscalía, consiguió que el empresario le entregara dinero en efectivo o mediante ingresos en cuentas de su pareja sentimental y su hija a cambio de facilitar sus negocios. Para dar confianza y apariencia de solvencia a sus gestiones, se organizaron visitas en el Congreso al entonces diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que dimitió de su escaño tras saltar todo el caso.
Al empresario valenciano Antonio Bautista, a quien el resto apodaba «el curilla» y presunto pagador de «mordidas» a cambio de ampliar su negocio, la Fiscalía le pidió igualmente un año de prisión, al igual que al mediador Navarro Tacoronte. En los mismos días de sus encuentros con el guardia civil Bautista sacó de cajeros automáticos hasta 23.500 euros cuyo destino se desconoce, aunque Bautista sufragaba comidas de la trama en Madrid.
