La exmilitante del PSOE Leire Díez ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz que levante el secreto de sumario de la causa en la que la investiga por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
Así lo ha pedido la abogada de Díez en un recurso, en el que indica que los hechos «habrían sucedido entre los años 2021 y 2023», por lo que «no parece que pudiera concurrir una necesidad de adoptar las gravosas medidas que se están adoptando».
La letrada señala que Díez «no solo facilitó inmediatamente el acceso a sus documentos, correos, dispositivos, claves y contraseñas» a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sino que «jamás ha dejado de comparecer cuando ha sido llamada».
Además, considera que la prórroga acordada por Santiago Pedraz el pasado 9 de enero es «contraria a derecho». «La ausencia de motivación suficiente en el auto de prórroga constituye una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al derecho de defensa y al principio de contradicción, generando indefensión y la nulidad de la resolución», indica la abogada.
Asimismo, remarca que «el bloqueo total tanto de las cuentas de las que Leire Díez» como las de «todas aquellas que pudieran mantener abiertas sus familiares» podrían afectar «de modo esencial a los derechos e intereses legítimos» de la exmilitante socialista.
El magistrado de la Audiencia Nacional acordó el 13 de diciembre dejar en libertad con medidas cautelares a Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, también investigados por presuntas irregularidades en contratos públicos.
El juez impuso a todos medidas cautelares como la retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial tras su detención esa misma semana por agentes de la UCO.
Por otra parte, el juez que investiga a la conocida como «fontanera» del PSOE Leire Díez por delitos de tráfico de influencias y cohecho acordó expulsar el comisionista Víctor de Aldama y al juez jubilado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de la causa a pesar de que previamente había aceptado su personación como acusación particular.
Arturo Zamarriego, el juez del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, toma esta decisión después de que así lo solicitará la defensa de la ex militante socialista y tras el pronunciamiento en ese mismo sentido del Ministerio Público. En esta causa se investiga a Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por, entre otras cosas, las reuniones que mantuvieron en busca de información comprometida de fiscales y guardias civiles y también por la denuncia de intentos de soborno por parte de dos fiscales.
La decisión se ha tomado después de que Fiscalía emitiese su informe desfavorable a la personación tanto del juez como del empresario.
