La justicia española se enfrenta a un caso sin precedentes tras la querella por prevaricación contra la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, acusada de bloquear sistemáticamente los derechos laborales de dieciocho militares destinados en organismos internacionales.
El polvorín ha estallado en el corazón del Ministerio de Defensa. Dieciocho militares españoles, que desempeñan funciones como personal civil internacional en la OTAN, han decidido llevar a la «número tres» del departamento, Adoración Mateos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La acusación es grave: prevaricación administrativa continuada y coacciones por ignorar de forma deliberada las sentencias judiciales que obligan a concederles la situación de servicios especiales.
Esta guerra jurídica no es nueva, pero ha alcanzado un punto de no retorno. Los querellantes denuncian que el ministerio, bajo la batuta de la subsecretaria, ha ignorado sistemáticamente el artículo 109 de la Ley de la Carrera Militar. Al denegarles este estatus, el Ministerio de Defensa los obliga a solicitar excedencias voluntarias, lo que supone en la práctica la pérdida de antigüedad, trienios y posibilidades de ascenso mientras sirven en la Alianza Atlántica.
El laberinto legal que castiga el talento internacional
La clave del conflicto reside en la figura de los servicios especiales, un derecho que debería ser automático para quienes adquieren la condición de personal estatutario de la OTAN. Según la querella, el Ministerio de Defensa comenzó en 2022 a exigir una autorización previa que la ley no contempla, creando un obstáculo burocrático diseñado para retener personal a toda costa. Esta decisión ha sido calificada por los afectados como un ejercicio de arbitrariedad que roza la persecución profesional.
A pesar de que los tribunales han dado la razón a los militares en numerosas ocasiones entre 2023 y 2025, el departamento de Margarita Robles parece haber optado por el enrocamiento. Esta resistencia a acatar los fallos judiciales ha generado una sensación de indefensión absoluta en el estamento militar, donde los oficiales sienten que se les penaliza por promocionar en organismos internacionales de prestigio. El silencio administrativo se ha convertido en la herramienta de gestión favorita del ministerio.
Sentencias firmes que caen en saco roto
La situación es especialmente sangrante si se tiene en cuenta que el propio Consejo de Estado ya emitió un dictamen en 2024 advirtiendo contra la restricción de estos derechos. A pesar de tener la ley y la jurisprudencia en contra, Defensa ha mantenido un patrón de denegaciones sistemáticas y arbitrarias que ha terminado por agotar la paciencia de los uniformados. No se trata de un error puntual, sino de una estrategia deliberada para ignorar el marco legal vigente.
Para muchos de estos dieciocho oficiales y suboficiales, la única salida para no perder sus contratos con la OTAN ha sido aceptar condiciones laborales perjudiciales. La querella sostiene que forzar a un funcionario a elegir entre su puesto de trabajo y sus derechos consolidados constituye un claro delito de coacciones por parte de la administración pública. El Supremo deberá decidir ahora si la cúpula de Defensa ha cruzado la línea roja del Código Penal.
Un pulso que debilita la imagen exterior de España
La imagen de España en Bruselas podría verse seriamente afectada por este vodevil administrativo que afecta a sus cuadros de mando. Mientras el Gobierno presume de compromiso con la Alianza, en Madrid se torpedea la carrera de quienes logran puestos de alta responsabilidad en el extranjero mediante concursos competitivos. Es una contradicción flagrante que pone en entredicho la política de recursos humanos de las Fuerzas Armadas en un momento geopolítico crítico.
El abogado Antonio Suárez-Valdés, representante de los querellantes, insiste en que las resoluciones dictadas por la subsecretaría son «a sabiendas de su injusticia». Esta reiteración en el error, a pesar de las advertencias judiciales, sugiere una voluntad de imponer un criterio político por encima de la legalidad técnica. El Ministerio, de momento, guarda un silencio sepulcral mientras la sombra de la prevaricación planea sobre su cúpula administrativa.
El desprecio al dictamen del Consejo de Estado
El hecho de que el máximo órgano consultivo del Gobierno fuera ignorado en 2024 añade una capa de gravedad institucional al caso. El Ministerio de Defensa intentó incluso modificar el reglamento para «legalizar» sus restricciones, pero el Consejo de Estado frenó el intento por considerarlo contrario a la jerarquía normativa. Aun así, la práctica administrativa no cambió, manteniendo a los militares en un limbo jurídico asfixiante y costoso.
Este desafío a la lógica jurídica ha obligado a los afectados a sufragar de su bolsillo años de pleitos contenciosos para recuperar lo que la ley ya les otorgaba. El cierre de esta crisis queda ahora en manos del Supremo, que deberá determinar si la gestión de Adoración Mateos es delictiva o simplemente una interpretación errónea y obstinada de la norma. El desenlace marcará un antes y un después en la relación de los militares con su propia administración.
La desafección de los cuadros de mando más cualificados
Más allá de los trienios y la antigüedad, lo que late bajo esta querella es una profunda sensación de traición institucional. Los militares que acceden a puestos internacionales son, por definición, algunos de los profesionales mejor formados del país, y ver cómo su propio ministerio les da la espalda genera una brecha difícil de cerrar. La desafección en las escalas de oficiales y suboficiales es un incendio que Robles no parece saber sofocar.
Si el Tribunal Supremo admite a trámite la querella, Defensa se enfrentará a un escenario de crisis reputacional sin precedentes en plena legislatura. El mensaje enviado al resto de las Fuerzas Armadas es peligroso: cumplir con la ley y ganar sentencias no garantiza que la administración deje de actuar como un muro de contención contra los derechos de sus propios trabajadores. La transparencia y el respeto a la justicia son las únicas salidas dignas para un conflicto que nunca debió salir de los despachos.
