La asociación Liberum que ejerce la acusación popular en conocidas causas penales como el Caso Koldo, Caso Hidrocarburos, Caso David Sánchez y DANA de Valencia, entre otros, ha preguntado a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) por el uso de su logo en un documento sobre la financiación del PSOE, que se pudo ver en un telediario de TVE, donde se hablaba de la presunta financiación irregular del PSOE, el 30 de diciembre de 2025.
La cuestión es que varios artículos periodísticos publicados en el diario El Cierre Digital exponían «la auditoría externa de las cuentas contables del PSOE y su financiación fue realizada por dos catedráticos adscritos a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), a saber, D. Félix Vega Borruego y D. César Martínez Sánchez. Que en la imagen publicada por RTVE el pasado día 30 de diciembre de 2025 puede observarse en el ángulo superior izquierda de la carátula de la auditoria el logotipo de la UAM».

Liberum aporta en su petición hasta cuatro informaciones de El Cierre Digital sobre este documento, que fue aportado por el PSOE ante el juzgado de la Audiencia Nacional en el marco de la investigación sobre la presunta financiación irregular del partido, causa desgajada del Caso Koldo en una pieza aparte.
El artículo 112 del Decreto 214/2003, de 16 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid, establece que «la Universidad, los Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, así como los grupos de investigación reconocidos al efecto por la Universidad y los profesores, podrán contratar con entidades públicas o privadas, o con personas físicas, la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico y el desarrollo de cursos de especialización o actividades específicas de formación, conforme a lo previsto en e artículo 83.1 de la Ley Orgánica de Universidades y sus disposiciones de desarrollo. Quedan excluidos aquellos contratos y cursos que sean de naturaleza bélica y cuyos resultados deban ser secreto militar».
Además, los mismos estatutos dejan claro que «los contratos suscritos a título personal por profesores con dedicación a tiempo completo deberán obtener la conformidad previa y razonada del Departamento. Dicha conformidad deberá expresarse en el plazo de un mes desde su presentación, transcurrido el cual se entenderá implícitamente otorgada».
Para los contratos suscritos por profesores con dedicación a tiempo parcial no se necesita autorización alguna cuando versen sobre la actividad en virtud de la cual no pueden obtener la dedicación a tiempo completo. No obstante, será necesaria la conformidad prevista (…) cuando contraten en su calidad de profesores universitarios o cuando deban utilizar medios o instalaciones de la Universidad o comprometan cualquier tipo de responsabilidad de la Universidad, Departamento o Instituto.
¿HUBO CONTRATO CON EL PSOE?
Respecto del cobro de estos contratos los estatutos de la UAM dejan claro que «se dedicará un 5 por 100, al menos, para gastos generales de investigación de la Universidad, y otro 5 por 100, al menos, para gastos generales del Departamento. Esta retención no se llevará a cabo sobre las retribuciones que hayan de abonarse a aquellas personas sin relación profesional alguna con la Universidad y cuya actividad sea necesaria para la realización del trabajo».
Por todo lo expuesto, Liberum solicita información pública: «los catedráticos D. Félix Vega Borrego y D. César Martínez Sánchez, ¿son trabajadores a tiempo completo o a tiempo parcial de la UAM?». También piden que se «aporte el certificado y documento que acredite la autorización o visado de la Sra. Rectora Magnífica de la UAM Doña Amaya Mendikoetxea Pelayo o de la persona delegada del encargo de elaboración de la auditoría externa de la contabilidad del PSOE».
En caso de que el trabajo hubiese sido autorizado por la UAM piden «el contrato entre la universidad y el PSOE así como la factura emitida por la UAM al PSOE» y que «se informe sobre las cantidades abonadas a los catedráticos autores de la auditoria y, si estas fueron incluidas en sus nóminas o fueron justificados sus pagos mediante las correspondientes facturas emitidas por sendos autores».
Hay que recordar que entre los delitos que el juez Peinado investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, está una pieza separada sobre el presunto uso de fondos públicos para actividades privadas, como la utilización de su ayudante Cristina Álvarez, adscrita a Presidencia del Gobierno, para su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El siguiente paso en caso de no recibir respuesta sería acudir ante la Fiscalía Anticorrupción para denunciar los hechos.






