El Partido Popular (PP) ha elevado el tono de su ofensiva contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez al denunciar un presunto ejercicio de opacidad respecto al estado real de las infraestructuras ferroviarias en España. Según la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, el Gobierno ha decidido ocultar información crítica al incumplir de manera flagrante los plazos establecidos por la Ley de Movilidad.
Esta normativa obligaba a la Administración a presentar un informe detallado sobre las incidencias en la red, las limitaciones de velocidad vigentes y un plan presupuestario de inversiones debidamente provincializado. La fecha límite para este trámite expiró el pasado jueves 5 de febrero, sin que hasta el momento se haya producido comunicación alguna por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que lidera el polémico Óscar Puente.
Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, ha calificado la situación de intolerable, señalando que el Ejecutivo no solo pretende gobernar al margen del Parlamento, sino que ignora de forma deliberada los mandatos legislativos. Para los populares, este retraso no es una mera cuestión administrativa, sino una estrategia para esconder el deterioro de un servicio que consideran en estado de descomposición.
La crítica se produce en un momento de especial tensión política, justo cuando el ministro Óscar Puente se encuentra inmerso en negociaciones para intentar frenar la huelga general del sector convocada para los próximos días 8, 9 y 10 de febrero. Bravo cuestiona qué tipo de garantías puede ofrecer un ministro que, a su juicio, se rebela contra las disposiciones legales que deberían garantizar la seguridad y calidad del transporte.
PETICIÓN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA
La formación conservadora ha anunciado que llevará esta batalla al Congreso de los Diputados el próximo martes. Durante el pleno, se debatirá una Proposición No de Ley que exige la realización de una auditoría externa e independiente. El objetivo de esta iniciativa es analizar los problemas técnicos que afectan al AVE, como las vibraciones y las constantes averías, además de forzar la aprobación de un plan de choque que recupere la operatividad de la red. El PP sostiene que el caos ferroviario se ha cronificado bajo la gestión socialista, citando una caída del 40% en el gasto real de mantenimiento por pasajero desde que Sánchez llegó a la Moncloa.
El panorama descrito por el partido de la oposición es sombrío. Apoyándose en datos de Eurostat, el PP asegura que España ha liderado la estadística de descarrilamientos en Europa entre 2022 y 2024, una cifra que se habría disparado desde 2018. Los populares vinculan directamente este declive con la supuesta corrupción generalizada que, según afirman, tiene su epicentro en el Ministerio de Transportes.
Por todo ello, el PP vuelve a exigir la dimisión inmediata de Óscar Puente, citando no solo el incumplimiento del mandato legal, sino también la gestión de tragedias recientes como las de Adamuz y Gélida, y lo que definen como una atención deficiente a los ciudadanos que diariamente sufren cancelaciones y retrasos. La formación insiste en que los españoles pagan hoy más impuestos que nunca mientras reciben a cambio un servicio ferroviario que ha dejado de ser un referente internacional para convertirse en una fuente constante de incertidumbre e inseguridad.
INICIO DE AÑO NEGRO
El inicio de 2026 ha quedado marcado en el calendario nacional como uno de los periodos más oscuros para el sistema ferroviario español. En apenas una semana, una sucesión de siniestros ha sacudido la confianza en la red de transportes, dejando un rastro de tragedia y una crisis institucional que ya ha llegado a las más altas instancias judiciales y políticas del país.
El episodio más devastador tuvo lugar el pasado 18 de enero en la provincia de Córdoba. En las inmediaciones de la estación de Adamuz, un tren de la operadora privada Iryo que realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid descarriló de forma violenta, invadiendo la vía adyacente. El impacto resultante contra un tren Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario provocó una colisión de magnitudes catastróficas. Con un balance de 46 víctimas mortales, este suceso se ha convertido en el accidente ferroviario más grave registrado en España desde la tragedia de Angrois en 2013.
Sin tiempo para que el país asimilara el luto, la red de Rodalies en Cataluña sumó un nuevo capítulo trágico el 20 de enero. Un tren que circulaba por la zona de Gelida, en Barcelona, impactó contra un muro que se había desplomado sobre la infraestructura ferroviaria debido a la intensidad de un reciente temporal. El siniestro se cobró la vida del maquinista y dejó un saldo de quince personas heridas de diversa consideración. Estos eventos, sumados a otros dos percances menores ocurridos en la misma semana, elevan a cuatro el número de accidentes ferroviarios en un intervalo de menos de siete días, una frecuencia que ha encendido todas las alarmas sobre el mantenimiento de las vías.
En el ámbito de las pesquisas, los informes preliminares emitidos por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) comienzan a arrojar luz sobre lo ocurrido en Adamuz. Las primeras hipótesis técnicas apuntan a una rotura previa de la vía como el factor determinante que originó el descarrilamiento del tren de Iryo antes de la colisión. Esta revelación ha intensificado el debate sobre la inversión en seguridad y el estado de conservación de la red nacional.
Las repercusiones políticas no se han hecho esperar. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha visto obligado a comparecer ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la gestión de estas emergencias y los protocolos de mantenimiento vigentes. Simultáneamente, la presión sobre el Ejecutivo aumenta tras la decisión de la Audiencia Nacional de abrir diligencias judiciales para depurar las responsabilidades legales derivadas de una crisis que ha puesto en jaque la movilidad segura en España.
