El Parlamento de Navarra quiere que Koldo García Izaguirre, ex asesor del ministro Ábalos, testifique en sede parlamentaria el día 11 de marzo, sobre las presuntas mordidas obtenidas por Santos Cerdán por la concesión de obras públicas en aquella comunidad foral.
El pasado 5 de febrero tuvo entrada en el Tribunal Supremo una petición firmada por el presidente del Parlamento navarro, Unai Hugalde, en este sentido. La petición va dirigida a Koldo García Izaguirre y en la misma se recoge que «en virtud del acuerdo adoptado el 27 de enero de 2026 por la Comisión de Investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno de Navarra (…) requiero su presencia ante dicha Comisión para el próximo 11 de marzo de 2026, a las 10 horas, en el edificio del Parlamento de Navarra (…)».
Es decir, los parlamentarios navarros pretenden que Koldo García sea conducido desde la cárcel de Soto del Real, en Madrid, hasta Pamplona para declarar en una comisión de investigación que no tiene efecto legal alguno sobre la causa que se sigue contra Santos Cerdán y demás personas en una causa separada, que por cierto, ya no está en el Tribunal Supremo sino en la Audiencia Nacional después de que José Luis Ábalos renunciase a su aforamiento al renunciar a su acta de diputado.
El objeto de la comparecencia versará acerca de «su conocimiento sobre las cuestiones relacionadas con la Causa especial abierta 20775/2020 de la sección cuarta de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y su posible vinculación con las licitaciones y adjudicaciones dentro del objeto de la Comisión de Investigación creada en el Parlamento de Navarra».
El presidente del Parlamento envía también una advertencia: «le apercibo que si dejara de comparecer incurriría en el delito de desobediencia previsto en el art. 502.1 del Código Penal». Una circunstancia que se presume más que probable teniendo en cuenta que Koldo García está ahora mismo en prisión.
Sin embargo, la presidenta de la comisión de investigación del Parlamento navarro, Irati Jiménez, especifica que «habida cuenta la situación en la que se encuentra el llamado a comparecer, se solicita al Tribunal Supremo la autorización necesaria para que D. Koldo García Izaguirre pueda asistir a la comparecencia en el día y la hora señaladas».
Con los antecedentes de comunicaciones entre el Supremo y el Parlamento navarro es previsible que el primero rechace la petición o le de traslado a la Audiencia Nacional.
Hay que recordar que una providencia del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, dictada el 3 de septiembre de 2025, negaba al Parlamento de Navarra la información solicitada sobre el Caso Koldo, una causa que instruía el Alto Tribunal en todo lo relativo a Santos Cerdán, ex número 3 del PSOE, a Koldo García, asesor del ex ministro José Luis Ábalos y al comisionista Víctor de Aldama.
El Parlamento navarro pidió conocer la instrucción el pasado 7 de agosto para incorporar esa parte del sumario a la comisión de investigación que llevan a cabo.
Pero el juez Puente respondía que «no ha lugar a remitir la documentación solicitada por dicha Asamblea Legislativa autonómica entre otras razones de no menor peso debido a que toda la interesada forma parte de la presente causa especial, que se halla en fase de instrucción. Es sabido que, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 301 y siguiente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las diligencias del sumario serán reservadas, de tal modo que las mismas, incluso cuando no se hubiera decretado el secreto, no tienen carácter público, al punto que la autoridad o funcionario público que revelara indebidamente su contenido podría incurrir en la comisión de un hecho delictivo (…)».
La Comisión de Investigación del Parlamento navarro pidió por medio del presidente de ese parlamento, Unai Hualde Iglesias del PNV-Geroa Bai, al Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional todos los informes relativos al Caso Koldo que afectan a Santos Cerdán y su influencia en las obras de Navarra, para poder estudiarlos y debatirlos en la comisión de investigación constituida en ese parlamento autonómico el 26 de junio de 2025.
Pero entonces fue el Supremo quien le dio respuesta, porque la causa estaba instruida por el Alto Tribunal. Sin embargo, ahora es posible que la respuesta llegue de la Audiencia Nacional, donde ya ha vuelto la causa.
LAS OBRAS DE KOLDO Y SANTOS CERDÁN
En un escrito remitido a la Audiencia Nacional el pasado 7 de agosto el Parlamento navarro explicaba que la Comisión de Investigación constituida el «26 de junio de 2025 sobre «Las licitaciones y adjudicaciones de obras llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra o financiadas por este, en el periodo comprendido en las cuatro últimas legislaturas parlamentarias, tanto a personas físicas como jurídicas señaladas en el marco de la Causa Especial 20775/2020, de la Sección Cuarta de la Sala Segunda del Tribunal Supremo», ha acordado en la sesión celebrada el día 5 de agosto de 2025 requerir la siguiente información a las instituciones públicas, órganos y personas jurídicas que se relacionan a continuación».
Además, el Parlamento pedía que se remitiesen esos datos «al Parlamento de Navarra antes del día 15 de septiembre de 2025 en formato digital, citando expresamente el ordinal asignado a cada información. Para ello, deberá entregar la información a través de la sede electrónica del Parlamento de Navarra, utilizando el trámite de presentación Registros de Carácter Parlamentario e indicando el expediente».
Los documentos que se pedían eran el atestado de la UCO de 22 de febrero de 2024, que dio origen al Caso Koldo y un segundo informe de la UCO de la Guardia Civil, el numero 11/2024, de fecha 8 de octubre de 2024.
También el Parlamento navarro pidió la «declaración en sede judicial de D. Víctor Gonzalo de Aldama Delgado de 21 de noviembre de 2024″ y su posterior «escrito presentado en estas Diligencias por D. Víctor Gonzalo de Aldama Delgado en el que se encuentra un apartado denominado ‘Sobre el reparto de comisiones ofrecidas a funcionarios públicos con ocasión de la adjudicación de obra pública y el reparto por territorios'».
Este último documento tiene una especial relevancia para el parlamento navarro porque en él Aldama relataba el pago de una comisión, dinero en mano, a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE a modo de «mordida» por las obras conseguidas en Navarra.
En concreto el Parlamento navarro quiere investigar a fondo la concesión de 3 obras a la empresa Servinabar en aquella comunidad autónoma. El contrato que más claramente destaca de todos es la obra de la UTE formada por Acciona Construcción, Servinabar 2000 y Excavaciones Fermín Oses, por valor de 76.086.980 euros, que fue adjudicada en Navarra con al menos tres informes contrarios en la mesa de contratación de tres vocales que formaron parte de la misma, entre ellos el secretario y el interventor, que llegó a asegurar que la decisión tomada por el Gobierno de Navarra «no justifica las contrataciones». Por eso la declaración de Koldo García sería importante ahora.
Esa es solo una de las adjudicaciones que el Parlamento de Navarra quiere investigar. Pero además de este contrato de 76 millones de euros la misma UTE, aunque en este caso eran solo Servinabar y Acciona, se adjudicaron otro dos, en concreto dos lotes de otros contratos más grandes. Uno por valor de 6.800.670,70 euros y otro, financiado con fondos Next Generation de la UE por 7.810.03,73 euros más IVA. En ambos casos era para la construcción de viviendas en Pamplona.
