El fenómeno del yihadismo en España atraviesa un momento de aparente transformación. Según el último informe del Observatorio Penitenciario de Yihadismo para el año 2025, elaborado por el Centro de Estudios de ACAIP y la Fundación Athena, las métricas habituales de la lucha antiterrorista están ofreciendo lecturas que exigen un análisis pausado y profundo.
A lo largo de los primeros diez meses del pasado año, el país fue escenario de cincuenta y ocho operaciones policiales que resultaron en la detención de noventa y cuatro personas. Estas cifras, que a simple vista sugieren un incremento en la actividad operativa en comparación con los dos años anteriores, chocan frontalmente con la realidad de los muros de las prisiones: el número de individuos que finalmente ingresaron en centros penitenciarios ha sufrido un desplome significativo. Algo que pone en duda alguna de as operaciones policiales y su instrucción.
Esta divergencia entre el número de detenciones y el de encarcelamientos preventivos no es una señal de relajación, sino que podría responder a una reconfiguración de la respuesta institucional. Los analistas sugieren que las fuerzas de seguridad están apostando por investigaciones de mayor recorrido, priorizando un filtrado más exhaustivo de los perfiles y desplazando, en ocasiones, la resolución de los casos hacia otras vías como la Ley de Extranjería, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o las órdenes de expulsión directa. En este escenario, la nacionalidad de los implicados emerge como un factor determinante para entender el origen y la evolución de los focos de radicalización en el territorio nacional.
MARRUECOS LIDERA LA NACIONALIDAD DE LOS DETENIDOS
El perfil del detenido por yihadismo en 2025 mantiene una identidad geográfica muy definida. A pesar de que los datos proceden de fuentes abiertas y deben manejarse con cautela estadística, el observatorio ha logrado identificar el origen de la totalidad de los nuevos ingresos en prisión. La realidad es persistente: las nacionalidades marroquí y española dominan de forma abrumadora el espectro de los investigados, concentrando la gran mayoría de los diecinueve ingresos registrados en este periodo.
Esta tendencia no es nueva, sino que refuerza los patrones observados en los ejercicios de 2023 y 2024. La proximidad geográfica y los vínculos históricos y sociales explican que el perfil marroquí sea, una vez más, el predominante en las celdas de los módulos de especial seguimiento. Sin embargo, la presencia de ciudadanos españoles —algunos de ellos con raíces familiares en el país vecino— subraya que la radicalización no es un fenómeno exclusivamente importado, sino que tiene un componente de arraigo local que preocupa a las autoridades.
Más allá de este eje principal franco-español y marroquí, el mapa de nacionalidades se fragmenta en casos aislados que los expertos consideran residuales o coyunturales. Durante el año 2025, se han detectado individuos de origen pakistaní, argelino, libanés y palestino. Aunque su peso numérico es escaso, su presencia es cualitativamente relevante porque a menudo introducen matices diferentes en las actividades perseguidas, como es el caso de la financiación o el apoyo logístico especializado.
En cualquier caso, el informe es tajante al señalar que no se ha producido una ruptura estructural en los patrones de nacionalidad, sino una continuidad en la que un número muy limitado de orígenes nacionales explica el grueso del fenómeno.
HACIA UNA RADICALIZACIÓN TEMPRANA
Otro de los hallazgos más notables del año 2025 es el rejuvenecimiento del perfil de los encarcelados. Tras un periodo de ligero envejecimiento detectado en 2024, cuando la media de edad se situó por encima de los treinta y siete años, el último informe señala un descenso hasta los 31,5 años. Este cambio está íntimamente ligado a la naturaleza de los delitos cometidos. La inmensa mayoría de los ingresos actuales se deben a conductas vinculadas al autoadoctrinamiento, el adoctrinamiento a terceros y el enaltecimiento del terrorismo en entornos digitales.
Estamos ante una delincuencia de carácter ideológico y expresivo que se sitúa en las fases más tempranas de la radicalización. A diferencia de décadas anteriores, donde la pertenencia orgánica a estructuras terroristas rígidas era la norma, hoy el sistema penal actúa sobre individuos que consumen y difunden propaganda en internet, a menudo sin una vinculación operativa real o una intención inmediata de pasar a la acción armada. El hecho de que la mayoría de estos nuevos presos sean jóvenes o adultos jóvenes encaja con este ecosistema digital donde la propaganda yihadista encuentra su principal caja de resonancia.
Dentro de esta estructura, la presencia femenina sigue una trayectoria descendente que llama la atención de los investigadores. Si en 2023 se contabilizaron cinco mujeres ingresadas por estos delitos, en 2025 solo se registró un caso, repitiendo la cifra mínima del año anterior. Este perfil femenino actual se aleja de los casos de retornos desde zonas de conflicto que se vieron en el pasado, limitándose ahora exclusivamente a actividades de radicalización ideológica sin proyección operativa.
DAESH SIGUE LIDERANDO LAS CAPTACIONES EN ESPAÑA
En cuanto a las organizaciones que sirven de motor a estos individuos, DAESH continúa ostentando el liderazgo indiscutible como marco de referencia simbólico. Para la mayoría de los detenidos en 2025, la organización no representa una estructura a la que obedecer mediante una cadena de mando, sino una marca ideológica con la que identificarse a través del consumo de contenidos multimedia. Esta adhesión discursiva es la que motiva la mayoría de las detenciones por autoadoctrinamiento que terminan en prisión.
No obstante, la diversidad de nacionalidades también trae consigo una diversidad de referentes. El informe destaca casos puntuales que escapan al dominio del yihadismo sunní mayoritario. Se menciona, por ejemplo, una detención vinculada a Hezbollah para labores logísticas y otra relacionada con Hamás en el plano ideológico. Especial mención merece la identificación de un individuo vinculado a Tehreek-e-Labbaik Pakistan en actividades de financiación, lo que ilustra cómo ciertas comunidades nacionales mantienen vínculos con organizaciones muy específicas de sus países de origen que no necesariamente siguen la agenda global de DAESH o Al Qaeda.
ESCENARIO VOLÁTIL
El análisis del Observatorio Penitenciario para 2025 nos devuelve la imagen de un fenómeno que, lejos de desaparecer, se está atomizando y volviendo más etéreo. La reducción en el número de ingresos —diecinueve frente a los treinta y siete de hace dos años— no debe inducir a una falsa sensación de seguridad. Los datos sugieren que la batalla se está librando en las fases de prevención y detección temprana, capturando perfiles jóvenes, mayoritariamente marroquíes y españoles, antes de que su radicalización derive en capacidades operativas peligrosas.
La gestión de estos perfiles dentro de las prisiones españolas sigue siendo un reto de primer orden para instituciones como ACAIP, ya que la naturaleza ideológica de sus delitos exige programas de intervención específicos que eviten que el paso por la cárcel se convierta en un catalizador de mayor fanatismo. Con una población reclusa yihadista que se concentra en unas pocas nacionalidades pero que muestra una gran volatilidad etaria y organizativa, España enfrenta un desafío de seguridad que requiere una vigilancia constante de los flujos migratorios y de los procesos de integración social de las comunidades más expuestas a la propaganda extremista.
