La política de Defensa en España ha dado un giro histórico debido a las actuales circunstancias geopolíticas que estamos viviendo, consolidando un cambio de paradigma que busca situar al país en la vanguardia operativa de la Alianza Atlántica, actualmente somos el séptimo ejército más importante de la OTAN. El reciente visto bueno al Plan Anual de Contratación (PACDEF) para el ejercicio 2026 marca un punto de inflexión presupuestario, proyectando una inversión que alcanzará los 10.000 millones de euros.
Esta cifra no es solo un indicador macroeconómico, sino el motor de una transformación integral que pretende renovar desde la munición básica hasta los sistemas de inteligencia artificial y ciberseguridad más sofisticados del mercado actual. Todo con el objetivo marcado desde el Ministerio de Defensa, que dirige Margarita Robles, de cumplir con los compromisos con nuestros aliados y con la propia defensa de la soberanía nacional en estos tiempos tan convulsos. Un plan que fue presentado por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, la semana pasada
MODELO DE GASTO
El centro financiero de este plan se divide en dos grandes bloques que garantizan tanto la operatividad inmediata como la estabilidad a largo plazo del tejido industrial nacional. Por un lado, el Ministerio de Defensa ha activado una partida superior a los 4.800 millones de euros destinada a la inversión directa, lo que se traduce en la compra inmediata de suministros, armamento y equipamiento técnico.
Por otro lado, la estrategia se apoya en 156 acuerdos marco valorados en unos 5.220 millones de euros. Estos instrumentos son fundamentales para evitar la obsolescencia y asegurar que los flujos de material no se vean interrumpidos por las tensiones de la cadena de suministro global, gestionando un volumen masivo de casi 8.000 contratos individuales que abarcan satélites y vehículos de combate.
Esta aceleración en el gasto no es casual ni puramente técnica, sino que responde a un compromiso político de alto nivel. España ha decidido dar un paso al frente en el escenario internacional al adelantar su compromiso con la OTAN. Si bien el objetivo de destinar el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) a defensa estaba fijado originalmente para el año 2029, el Ejecutivo ha pisado el acelerador para alcanzar esa meta en 2025.
Los últimos informes de la Alianza y las estimaciones nacionales sugieren que el esfuerzo real podría ser incluso superior, situándose en una horquilla de entre el 2,48% y el 2,5% del PIB. Este porcentaje elevaría el desembolso total por encima de los 40.000 millones de euros anuales si se computan de forma agregada todas las partidas destinadas a seguridad nacional, innovación tecnológica y protección exterior.
Dentro de las prioridades estratégicas, el PACDEF 2026 pone el foco en la digitalización del campo de batalla. La modernización de los sistemas de control de combate aéreo cuenta con una dotación de 338 millones de euros, mientras que el desarrollo de sistemas de defensa integral recibe otros 90 millones. No obstante, el desafío no es solo físico.
La inversión en ciberdefensa, la implementación de tecnología 5G para comunicaciones militares y la protección de infraestructuras críticas ante amenazas híbridas se han convertido en pilares irrenunciables. Además, el fomento de la I+D+i busca que España no sea solo un comprador de tecnología, sino un productor, aprovechando la reasignación de fondos europeos para fortalecer la industria nacional.
TERMINOS DE LA OPERATIVIDAD DEL PRESUPUESTO
En lo que respecta a la ejecución de estos fondos, el Ministerio de Defensa se apoya en una arquitectura jurídica rigurosa, liderada por la Ley 24/2011 de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y la Seguridad. El método de adjudicación mayoritario sigue siendo el procedimiento abierto, que representa aproximadamente el 63% de los casos, garantizando que cualquier empresa con capacidad técnica pueda competir por los suministros genéricos.
Para las compras de menor cuantía, se recurre al procedimiento abierto simplificado con el fin de agilizar la burocracia sin perder transparencia, mientras que el procedimiento restringido se reserva para aquellos contratos donde la sensibilidad técnica o la seguridad nacional exigen una solvencia muy específica previa selección de los candidatos.
Finalmente, el plan contempla herramientas estratégicas para situaciones de alta complejidad o urgencia. El negociado, con o sin publicidad, permite al Ministerio sentarse directamente con los proveedores cuando el secreto oficial o la exclusividad tecnológica así lo requieren. En proyectos de vanguardia donde la solución técnica aún no está definida, el diálogo competitivo se presenta como la vía para que industria y administración diseñen juntas el armamento del futuro. Todo este complejo entramado de licitaciones se gestiona de forma centralizada para optimizar costes, exigiendo a las empresas un registro riguroso en el ROLECE para participar en lo que ya se considera el mayor proceso de rearme y modernización de la democracia española.
