La industria de Defensa en España está viviendo posiblemente el inicio de una época dorada para su tejido empresarial. Unas empresas que tienen a Indra como la ‘joya de la corona’ del sector en nuestro país. Y que últimamente está acaparando muchos titulares en los medios españoles debido a una supuesta posible adquisición de EE&M Group por parte del gigante español de la Defensa. Algo que ha puesto en entredicho en papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Una operación que desde hace meses se ha barruntado desde el Gobierno de Pedro Sánchez, principal accionista de INDRA, pero que tras los movimientos políticos del PP y los judiciales de los pequeños accionistas tiene pinta de variar en los intereses del Gobierno. Y es que desde el Ejecutivo central han pedido a Ángel Escribano, presidente de INDRA, su dimisión una acción que desbloquearía la citada operación de compra. Hay que recordar que INDRA quiere adquirir EE&M Group que es propiedad también del actual presidente del coloso español de defensa, algo que puede incurrir en un posible delito, sumándose a los ya peligrosos casos de corrupción que acechan a los socialistas, una situación que desde Moncloa se quiere evitar y que ha señalado el papel de la CNMV.
LOS PECADOS CAPITALES DE LA CNMV
En este sentido, hay que remarcar que el mercado español de valores, el pilar de la confianza y la transparencia para inversores nacionales y extranjeros, se encuentra bajo sospecha por esta posible operación financiera que afectan al sector clave de la Defensa: La compra de EM&E por parte de INDRA. En el centro de este huracán está CNMV, un organismo que en teoría es el guardián de la legalidad y la equidad, pero que, según varios accionistas minoritarios de INDRA de Indra, analistas del sector de Defensa y mercados y el propio PP no están viendo claro su legalidad y se puede estar convirtiendo en el cómplice silencioso de la mayor operación de concertación corporativa de la historia reciente de España.
La acusación por parte de estos accionistas es grave: la CNMV, con su inacción posiblemente deliberada y su pasividad inexplicable, ha legitimado probablemente una serie de movimientos que, de no mediar el respaldo político, podrían llegar posiblemente a ser calificados de asaltos corporativos. Este puede no ser un caso de negligencia, sino de connivencia institucional, según remarcan estas fuentes. Una estrategia, que parece ser, ha permitido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), SAPA y Amber Capital orquestar el nombramiento de Ángel Escribano como presidente ejecutivo de INDRA en su día y, con ello, allanar el camino para la adquisición de su propia empresa, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).
EL PRECEDENTE DE 2022: UN AVISO IGNORADO
Los primeros indicios de esta operación se remontan a junio de 2022. En la junta de accionistas de Indra, los tres principales accionistas —SEPI (con el 28% del capital), SAPA y Amber Capital— actuaron de forma coordinada para destituir a cuatro consejeros independientes. La maniobra, un golpe de mano sin precedentes, eliminó de un plumazo cualquier contrapeso en el consejo de administración, allanando el camino para futuras decisiones unilaterales.
La CNMV, bajo la presión de la opinión pública, abrió una investigación. El dictamen, sin embargo, fue un ejercicio de equilibrismo verbal. A pesar de reconocer «indicios de concertación», la CNMV negó la existencia de «elementos concluyentes». El informe, de más de 4.000 páginas, revisó la documentación, pero curiosamente, no profundizó en los correos y mensajes que habrían demostrado las reuniones previas a la junta. La acción conjunta de los grandes accionistas, que culminó con la purga de consejeros, fue calificada de mera «cooperación puntual». El expediente se archivó sin sanciones.
Con esta decisión, aparentemente, la CNMV pudo haber enviado un mensaje a todo el mercado: si eres un accionista mayoritario y cuentas con el respaldo de La Moncloa, puedes saltarte la Ley del Mercado de Valores con total impunidad. El precedente estaba sentado, y la puerta, abierta de par en par a una posible compra.
2025: LA CONCERTACIÓN SILENCIOSA Y LA LLEGADA DE ESCRIBANO
El segundo acto de esta obra se desarrolló en enero de 2025, cuando Indra anunció el nombramiento de Ángel Escribano como nuevo presidente ejecutivo. Un cargo que, además, le otorgaba las mismas facultades que antes ostentaba Marc Murtra. La comunicación a la CNMV fue aceptada sin que el organismo regulador hiciera una sola pregunta.
La CNMV no abrió una investigación para analizar la evidente coincidencia entre el nombramiento de Escribano y el aumento de contratos millonarios adjudicados a su empresa, EM&E desde el Estado. No se cuestionó el presunto conflicto de intereses que surge de un presidente que negocia la compra de su propia compañía. Tampoco se prestó atención a las advertencias de los consejeros independientes que denunciaron una posible falta de transparencia en el proceso de auditoría y valoración.
El mutismo de la CNMV confirmó su conversión en un «vigilante de cartón«, según varios analistas, un adorno burocrático incapaz de hacer valer «los principios de independencia y objetividad» que, en teoría, debe defender, según argumentan varios accionistas independientes.
LA FUSIÓN: UN VISTO BUENO SIN PREGUNTAS
La culminación de esta operación llegó el 25 de abril de 2025. INDRA notificó a la CNMV que «analiza su fusión con Escribano Mechanical & Engineering» bajo la excusa de «buenas prácticas de gobierno corporativo». De nuevo, la CNMV aceptó la nota sin hacer una sola exigencia.
No se solicitó un plan de información detallado para los accionistas minoritarios, que quedaban a ciegas ante una operación de esta magnitud. No se exigió una valoración independiente de la transacción. Y lo más que puede se más grave, no se condicionó la aprobación de la fusión a la creación de un comité de consejeros independientes que pudiera garantizar la imparcialidad del proceso. El resultado es un proceso que puede ser concertado y presuntamente validado por la inacción de la CNMV.
Los presidentes de la CNMV, Rodrigo Buenaventura (2020-2024) y, a partir de diciembre de 2024, Carlos San Basilio, han sido objeto de fuertes críticas por su pasividad desde el sector de defensa. Bajo el mandato de Buenaventura, el regulador no solo pudo incumplir su promesa de reforzar la independencia del consejo, sino que posiblemente pudo ignorar evidencias de financiación irregular y administración desleal. Con San Basilio, la indolencia aparentemente continúa. No ha exigido un solo informe sobre el conflicto de intereses ni ha convocado comparecencias públicas que puedan arrojar luz sobre esta opaca operación. Ambos han optado por la vía de la menor resistencia, amparando con su silencio un asalto corporativo que beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría de los accionistas.
Un Código de Gobierno presuntamente vulnerado
La operación INDRA-Escribano ha podido posiblemente el Código de Buen Gobierno de la CNMV.
- Independencia del consejo: El cese de consejeros críticos con Escribano puede haber debilitado la estructura de gobierno de la compañía.
- Transparencia: La fusión ha sido comunicada sin un informe de auditoría ni una valoración independiente, dejando a los minoritarios sin información crucial.
- Conflicto de intereses: El presidente de INDRA está impulsando la compra de su propia empresa, sin la protección de comités independientes.
- Protección de minoritarios: Se ha facilitado información posiblemente parcial, impidiendo que los pequeños accionistas puedan tomar una decisión informada.
- Supervisión: La CNMV posiblemente ha hecho caso omiso a las evidencias de financiación irregular, negándose a realizar auditorías externas.
CONSECUENCIAS
La indulgencia de la CNMV no es un hecho aislado. Su inacción no solo ha legitimado una inyección masiva de contratos públicos a EM&E —más de 1.090 millones de euros en cinco años— sino que posiblemente ha arruinado la confianza de los inversores. ¿Qué mensaje se envía al mercado? Si una operación concertada de más de 1.500 millones de euros en una empresa estratégica no merece una investigación seria.
La CNMV puede haber abandonado su papel de guardián para transformarse posiblemente en cómplice. Con su silencio, ha avalado el nombramiento de Ángel Escribano y la posible fusión con EM&E, cerrando los ojos ante el conflicto de intereses y el probable expolio de un patrimonio tecnológico público. La mayor operación de concertación corporativa en España posiblemente ha encontrado presuntamente en la CNMV a su principal avaladora.
