La Comisión Europea ha frenado en seco el optimismo de la regularización de inmigrantes propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, una medida que busca legalizar a 500.000 personas pero que choca con el nuevo Pacto de Migración y Asilo. Bruselas teme un efecto llamada que desestabilice el Espacio Schengen justo cuando la Unión endurece sus fronteras.
La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el Palacio de la Moncloa. El plan español de conceder papeles a medio millón de personas indocumentadas pretendía ser el buque insignia de la política social de esta legislatura, pero la Comisión Europea ha levantado un muro de advertencias técnicas. Según fuentes diplomáticas en Bruselas, existe un miedo real a que la regularización masiva de extranjeros se convierta en una puerta trasera para el tránsito incontrolado de personas hacia el corazón del continente. España defiende la medida por necesidad laboral, pero el timing no podría ser más inoportuno dado el giro conservador de la Eurocámara.
El decreto, que afecta a quienes entraron antes del 31 de diciembre de 2025, es visto en los pasillos de la UE como una anomalía peligrosa. El comisario Magnus Brunner ha dejado caer que, aunque la competencia es nacional, el espíritu de la Unión Europea demanda coherencia y no decisiones unilaterales que afecten a los vecinos. Esta grieta entre Madrid y Bruselas no solo es política, sino que pone en duda la eficacia de los sistemas de control que los socios comunitarios llevan años negociando. El pulso está servido y las consecuencias podrían afectar a los fondos de cohesión.
El miedo al pasaporte Schengen por la puerta de atrás
La principal pesadilla de países como Francia o Alemania es que un permiso de residencia español es, en la práctica, un billete para moverse por Europa. Los técnicos comunitarios subrayan que el derecho a viajar 90 días por el espacio sin fronteras facilitaría que muchos de estos nuevos residentes legales terminen trabajando de forma clandestina en Berlín o París. No es una sospecha infundada, sino una preocupación basada en las crisis migratorias de la última década que casi acaban con la libre circulación. Si España no garantiza que estos trabajadores se queden en suelo nacional, el conflicto escalará rápido.
El Gobierno español insiste en que la medida es una cuestión de pragmatismo económico para aflorar la economía sumergida. Sin embargo, Bruselas replica que otorgar estatus legal a gran escala envía un mensaje contradictorio a las mafias que operan en el Mediterráneo y el Atlántico. Mientras la UE firma acuerdos millonarios con Mauritania o Marruecos para frenar las salidas, España parece estar abriendo el grifo en el destino final. Esta falta de sintonía está generando un malestar profundo entre los socios del norte, que ya miran con lupa cada paso que da el Ministerio de Migraciones.
¿Es España el eslabón débil de la nueva frontera europea?
La nueva legislación de la UE es clara: se busca acelerar las expulsiones y endurecer el concepto de «país de origen seguro». En este contexto, la propuesta de Sánchez parece un verso suelto que rompe la unidad de acción europea en materia de fronteras exteriores. Al incluir a ciudadanos de países como Colombia o Marruecos en procesos de regularización, España está ignorando las nuevas listas de países seguros que la propia UE acaba de validar. Es como si en un equipo de fútbol, el defensa central decidiera jugar con sus propias reglas mientras el resto intenta aplicar el fuera de juego.
La contradicción es tan flagrante que incluso sectores de la sociedad civil están confundidos por el doble lenguaje. Por un lado, se refuerza la vigilancia en Canarias con drones y barcos, pero por otro se anuncia que medio millón de personas obtendrán papeles de un plumazo si llevan cinco meses en el país. Este volantazo político intenta contentar a los socios de coalición de Sánchez, pero ha terminado por irritar a una Comisión Europea que no está para bromas tras el ascenso de la extrema derecha en medio continente. El equilibrio es cada vez más difícil de mantener.
Los países seguros y el laberinto de las expulsiones
La UE ha puesto sobre la mesa una lista negra de naciones a las que será mucho más fácil devolver a los migrantes sin derecho a asilo. Al intentar regularizar a personas de estos mismos lugares, España dificulta los acuerdos bilaterales de retorno que tanto ha costado tejer en los últimos meses. Si un ciudadano de Senegal sabe que en España puede obtener papeles por arraigo en apenas unos meses, el incentivo para aceptar un retorno voluntario desaparece por completo. La lógica de Bruselas es puramente matemática, mientras que la de Madrid intenta ser social.
Este choque de trenes afecta también a la gestión digital de las fronteras, un proyecto en el que la UE ha invertido miles de millones de euros. La armonización de normas busca que todas las fronteras de Schengen funcionen como un solo bloque, sin fisuras por donde se cuele la improvisación política de los Estados miembros. Pero España, con su tradición de regularizaciones extraordinarias —ya lo hizo Zapatero en 2005 con críticas similares—, vuelve a poner a prueba la paciencia de los burócratas europeos. El reglamento de retorno que se vota esta semana podría ser la puntilla legal al plan español.
La economía sumergida frente a la seguridad continental
La ministra Elma Saiz defiende que regularizar es de guapos porque aporta cotizantes a la Seguridad Social y ayuda al crecimiento. Es cierto que la falta de mano de obra en sectores como la agricultura o la hostelería es un problema real que ahoga a muchas empresas españolas. El problema es que para Bruselas, la economía no puede ser la excusa para relajar los controles de seguridad en un momento de máxima tensión geopolítica. Lo que para Madrid es una solución laboral, para los países del Este es una brecha de seguridad que no están dispuestos a tolerar.
Incluso dentro de España, la medida ha levantado ampollas entre quienes consideran que se premia a quien se salta la ley. Pero más allá del debate interno, lo que realmente importa es que la desaprobación de la Comisión Europea puede dejar al Gobierno en una posición de extrema debilidad internacional. Si Sánchez decide seguir adelante a pesar de las reservas de sus socios, España se arriesga a sanciones o, peor aún, a que se reinstalen controles fronterizos internos en los Pirineos. No sería la primera vez que un país se queda aislado por jugar al solitario con la migración.
El dilema humanitario en un club que cierra la persiana
Las ONGs como Amnistía Internacional ya han puesto el grito en el cielo, pero por razones opuestas a las de la Comisión. Critican que el acceso al derecho de asilo se esté convirtiendo en una carrera de obstáculos casi imposible de superar en suelo europeo. Mientras España intenta dar una salida humanitaria a través de la regularización, la tendencia general de la Unión es convertir el continente en una fortaleza blindada. Este divorcio entre los valores fundacionales de la UE y las políticas de seguridad actuales deja a los migrantes en un limbo jurídico y vital insoportable.
Al final del día, el debate no es solo sobre números o permisos de trabajo, sino sobre qué tipo de Europa queremos construir. Si España cede ante la presión de Bruselas, la regularización de 500.000 inmigrantes quedará en papel mojado o se verá tan recortada que apenas servirá de nada. Pero si planta cara, el coste político en el Consejo Europeo será altísimo en un año clave para los presupuestos comunitarios. El reloj sigue corriendo y el martes la Eurocámara dictará sentencia sobre un modelo migratorio que parece haber olvidado que detrás de cada expediente hay una vida humana.
