La pista la dio el letrado de la Diputación de Badajoz que defiende a dos de sus funcionarios imputados en la causa contra David Sánchez, Félix González y Cristina Núñez, al pedir el pasado 29 de enero ante la Audiencia Provincial que no declarasen en la causa tres de los testigos propuestos por las acusaciones populares, al oponerse a que acudieran los funcionarios de la AEAT como testigos al juicio. La representación de David Sánchez ha apoyado esta petición, a pesar, y aquí está lo extraño, de que ese testimonio le favorecería pues la AEAT no encontró nada punible en la inspección realizada a David Sánchez.
El abogado de la Diputación se opuso a que declarasen el próximo 1 de junio «los funcionarios de la AEAT Dª Clara Isabel Santos Diéguez (Delegada Especial de la AEAT en Extremadura), D. Emilio Hurtado Valiño y Dña. Encarnación Cabezas Martín, todos ellos citados en los lugares 13, 14 y 15 para ese día a las 10:00 horas».
«Debemos señalar que la participación de los referidos testigos en fase de instrucción tuvo lugar como consecuencia de la inicial presunción o imputación de que uno de los investigados, D. David Sánchez Pérez Castejón, hubiera podido desarrollar conductas con alguna relevancia penal en el orden tributario», continúa el escrito.
NO HAY «INDICIOS CRIMINALES»
De hecho, el juzgado instructor «determinó la inexistencia de indicios criminales que permitieran continuar el procedimiento penal respecto de los delitos contra la hacienda pública y enriquecimiento ilícito hasta el punto de reseñar que una eventual conducta infractora del ordenamiento tributario por parte del investigado nunca podría alcanzar el importe exigible para que la misma tuviera relevancia penal», dice el abogado de la Diputación pacense.
El letrado sostiene que la testifical propuesta «teniendo en cuenta la densa programación de
declaraciones que se desarrollarán durante la celebración del juicio oral, este Letrado se permite plantear a la Sala y a las representaciones procesales presentes en la causa la posibilidad de reconsiderar la necesidad de la citación, presencia y toma de declaración de los funcionarios referidos que poco o nada podrían aportar al procedimiento y que supondría una mayor duración de las declaraciones y, desde luego, una innegable molestia para los citados».
A esta petición, que teóricamente favorecería a David Sánchez, se une su abogado al presentar ante la Audiencia el 8 de febrero unas alegaciones que recogen que «lleva razón el proponente cuando subraya la inutilidad de esos medios de prueba».
También dice el abogado de Sánchez que «en caso de desestimación de tan conveniente demanda (…) conduce a las testificales a su esterilidad radical y absoluta: no hay acusación por infracción tributaria alguna, ni reclamación civil ateniente a esta clase de delitos, ni la Abogacía del Estado ha comparecido como parte perjudicada, siendo así que esa presunta defraudación pudo servir para inflamar de forma subrepticia la inconsistente denuncia -creando así un estado de opinión contra D. David y su entorno familiar- pero nada más».
No deja pasar la oportunidad el letrado de David Sánchez para calificar la petición de las acusaciones populares, al escribir que «parece que no les bastó comprobar la mendacidad de la denuncia en este concreto aspecto -que se desprende de las declaraciones de esos funcionarios en el curso de la instrucción- y ahora vuelven a filtrar en el enjuiciamiento una no presunta, sino inexistente, sombra de duda sobre la tribulación de este acusado, que no es que no alcanzara el quantum previsto por el artículo 305 del Código penal, sino que, antes bien, ni siquiera justificó la incoación de un expediente administrativo sancionador contra su persona».
JUICIO CONTRA DAVID SÁNCHEZ
El jueves 28 de mayo arrancará el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y otros 10 funcionarios de la Diputación Provincial de Badajoz, por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Las sesiones tendrán lugar el 28 y 29 de mayo y luego se reanudarán el 1, 2, 3 y 4 de junio a las 10 de la mañana. El primer acusado en responder a las preguntas de las acusaciones populares, la fiscalía y de los abogados de todas las partes será el propio David Sánchez.
En este caso será un tribunal profesional y no un jurado popular el encargado de dictar sentencia. por lo que no se perderá el primer día en la constitución de un jurado popular. La «culpa» la tiene el delito de prevaricación administrativa, expresamente excluido de los procedimientos de jurado popular.
Los dos primeros días de las sesiones en la Audiencia Provincial de Badajoz estarán dedicados al interrogatorio de todos los imputados. El primero en la lista será David Sánchez, pero tras él será el ex presidente de la Diputación y ex diputado autonómico socialista Miguel Ángel Gallardo, el encargado de dar respuestas a las preguntas de las acusaciones populares, la fiscalía y los abogados de todas las partes.
Las 7 acusaciones populares estarán representadas por otros tantos abogados. Además de que cada imputado tiene el suyo, excepto cinco funcionarios que comparten a dos abogados. Es decir, un total de 8 abogados para los 11 imputados. Por todo ello, está previsto que las sesiones para los interrogatorios se alarguen más de lo previsto.
También existe la posibilidad de que los acusados se nieguen a responder a algunas o todas de las partes personadas en este macroproceso, pues están en su derecho. Este hecho podría acortar notablemente las sesiones de juicio.
