La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte (ATDD) de Miguel Galán mandó el pasado 4 de febrero un requerimiento a la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF), la Liga Femenina o Liga F, y al Consejo Superior de Deportes (CSD) «como actuación previa al eventual ejercicio de acciones judiciales y administrativas» y a «las personas físicas que resulten responsables».
La petición que se hace es que por parte del CSD «remita la información y documentación solicitada. Especialmente en materia de subvenciones, control del endeudamiento, aprobación de Estatutos y supervisión de la actuación de la Liga F. Así como que informe de las actuaciones inspectoras, disciplinarias o de cualquier otra naturaleza incoadas o en curso respecto de la Liga F, su presidenta y demás responsables, indicando su estado actual».
Los hechos que se describen son que «consta la percepción por la Liga F de 5 millones de euros en 2022, 7,5 millones en 2023 y otros 7,5 millones de euros en 2025 con cargo a fondos públicos destinados a la profesionalización y desarrollo del fútbol femenino, sin que hasta la fecha se tenga noticia de que el Consejo Superior de Deportes haya exigido la devolución parcial de las cantidades no justificadas ni hay resuelto el requerimiento de reintegro al que públicamente se ha hecho referencia». En total, 20 millones de euros.
La ATDD pide que «el CSD informe si ha dictado resolución sobre el reintegro de parte de los 5 millones de 2022, así como de los 7,5 millones de 2023 y 7,5 millones de 2025 (…)» y que la Liga F remita «desglose detallado, por temporada y por concepto, de la aplicación de dichos fondos, especificando cantidades abonadas a cada club, importes destinados a gasto corriente de la propia Liga F y cualquier otro destino».
LOS CRÉDITOS DE LA LIGA FEMENINA
El segundo de los asuntos hace referencia a que la «Liga F habría acordado una operación de cesión de créditos futuros sobre el contrato de patrocinio con Moeve (…) por un total aproximado de 4,7 millones de euros, con un coste financiero en torno a 500.000 euros (…)».
En este caso, los de Miguel Galán piden a la Liga F «que aporte el contrato o contratos suscritos con la entidad financiera y con Moeve (…)» y que «aclare si el CSD ha emitido informe o autorización sobre esta operación de endeudamiento de una liga profesional financiada en gran parte con fondos públicos».
La ATDD atribuye a la Liga F no haber ejercitado las correspondientes acciones de reclamación frente a La Liga por aproximadamente 4 millones de euros impagados por Finetwork (…)». Por tanto, requieren a la Liga femenina que «informe si ha reclamado a La Liga el importe pendiente por Finetwork, especificando actuaciones extrajudiciales y judiciales realizadas, estado de las mismas y cuantías reclamadas».
También piden el contrato suscrito con La Liga de Tebas por la «existencia de un contrato de asesoría legal integral (…)» y que en su caso, «el CSD informe si ha analizado este contrato desde la perspectiva de la autonomía e independencia de la liga profesional femenina y de la correcta aplicación de fondos públicos».
Miguel Galán también se interesa por el reparto de las quinielas, la presunta adopción de algunas medidas como nombramientos y asignación de «bonus u objetivos retribuidos fijados por los propios directivos» y de la aplicación de «determinados estatutos» sin la «previa aprobación expresa del CSD», así como la promesa «en presupuestos de más de un millón de euros por club para la temporada 2025-26 mientras que (…) la cantidad abonada se situaría en torno a 130.000 euros por club, de modo que deberían haberse repartido aproximadamente 9 millones y, sin embargo, sólo se habrían abonado alrededor de 2 millones».
La ATDD también denuncia «gastos presuntamente desproporcionados en eventos, tournés y actividades no directamente vinculadas al objeto principal de la liga» y la «captación de votos para una eventual moción de censura, coordinada con la estructura de La Liga masculina, así como la existencia de contratación de personal con relaciones afectivas abiertas con miembros de la estructura, lo que, de confirmarse, podría constituir un uso desviado de recursos y un conflicto de interés grave».
Para todo ello, Galán pide explicaciones al CSD y a la Liga F y lo pide en el plazo máximo de 15 días hábiles, reservándose el derecho a ejercer acciones contencioso-administrativas, civiles o mercantiles e incluso penales «si del análisis de la información requerida se desprendieran indicios de delitos contra la Administración pública, administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental o cualesquiera otros», dice el requerimiento enviado a ambas organizaciones.
