El Caso Tito Berni o Caso Mediador se ha transformado en un procedimiento abreviado, paso previo para que se dicte apertura de juicio oral. En total son 23 personas las que presumiblemente serán enjuiciados por los delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias, contra la administración pública y estafa o falsedad. A Antonio Navarro, apodado «el mediador» y que dio origen al caso, se le acusa además, junto a otras cinco personas de blanqueo de capitales.
Entre los imputados están Juan Bernardo Fuentes, ex diputado socialista apodado «Tito Berni», el ex general Espinosa de la Guardia Civil, Thaiset Fuentes, ex director general de Ganadería y sobrino del diputado nacional, Álvaro de la Bárcena, que fue viceconsejero de Sector Primario de Canarias, y José Domingo Fernández, que fue director general de Lucha contra el Cambio Climático, también en el anterior ejecutivo canario.
Un escueto auto de dos folios firmado el 11 de febrero recoge los nombres de los imputados y los delitos de los que se les acusa, que no son los mismos en todos los casos. Ahora las acusaciones, fiscalía y abogados defensores disponen de 10 días para presentar las alegaciones oportunas o solicitar la práctica de alguna diligencia.
La trama trascendió a la opinión pública en febrero de 2023 con la detención de varios de los imputados. A los políticos se les acusa de cobrar por hacer favores a empresas y al resto de intermediar o pagar por los mismos. El escándalo llegó al Congreso de los Diputados pues Tito Berni era diputado socialista por Canarias en la cámara baja.
CULPABLES DE COHECHO
Hay que recordar que ya existe un juicio celebrado hace unas semanas sobre una pieza separada de la causa, la que afectaba a una empresa fotovoltaica. Un jurado popular declaró culpable de cohecho a todos los acusados, el general jubilado Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y el «mediador» Antonio Navarro. Tras la decisión del jurado popular, será el tribunal quien redacte la sentencia. El fiscal Serrano-Jover pidió un año de cárcel para cada uno de ellos.
El veredicto del jurado negó la posibilidad de un indulto a los tres encausados y, en cuanto a la suspensión del ingreso en prisión, solo respaldó esa opción en el caso de Bautista Prado, aunque el general, evidentemente, no tiene antecedentes penales y no ingresaría en prisión, mientras que Antonio Navarro sí tiene antecedentes penales computables.
El jurado consideró probado que el Bautista, empresario de energías renovables entregó un total de 19.500 euros además de pagar con tarjeta varias comidas de los acusados.
Durante la vista oral, uno de los peritos, miembro de la Guardia Civil, aseveró que Espinosa era miembro activo de la Benemérita cuando se produjeron los hechos, por lo que no podía recibir ningún tipo de regalo, ni dinero a cambio de gestiones.
El representante de la Fiscalía sostuvo durante los 4 días de juicio que el empresario Antonio Bautista entró en contacto con Navarro Tacoronte por sus supuestos contactos en el mundo empresarial y el ámbito público en el archipiélago, al presentarse como una persona «integrada» en el Gobierno regional, pese a saber que «carecía» de cualquier representación o responsabilidad en el Ejecutivo.
Así, Navarro se ofrecía a conseguir la celebración de contratos con entidades relevantes del mundo empresarial y prometía también acceder a la concesión de subvenciones a favor de la empresa de Bautista, aparte de formalizar «lucrativos contratos» con la administración pública, señala la Fiscalía.
La Fiscalía continuaba diciendo que Navarro para ganarse la confianza de los empresarios, a quienes exigía «comisiones, dádivas o regalos», organizaba «encuentros con personas influyentes del ámbito político o económico principalmente, caso del general de la Guardia Civil, que actuaba en connivencia con Navarro, y hacía valer que durante cuatro años fue una de las máximas autoridades del instituto armado en Canarias».
Algunas reuniones se celebraban en la Península para ganarse la confianza de Bautista y generar una «imagen de seriedad y poder» con el fin de que tuviera la convicción de que «accediendo a las exigencias, pagos y comisiones podía obtener negocios ventajosos y lucrativos contratos para sus empresas».
Estos encuentros se desarrollaban normalmente en restaurantes donde el empresario «siempre asumía el pago de los gastos», subrayó la Fiscalía, hasta el punto de que «empezó a realizar los primeros regalos al general, como cajas de puros valoradas en casi 250 euros, y también al mediador, lo mismo que diferentes viajes».
Progresivamente, las exigencias del general y de Navarro Tacoronte habrían ido en aumento, como la exigencia de contratación de algunas personas en las empresas de Bautista -en concreto una amiga del general con un sueldo mensual de 1.900 euros- y hasta la promesa de contratar al propio general una vez se hubiera jubilado de la Guardia Civil.
Con el fin de «impresionar» a los posibles empresarios que querían captar para la trama, algunas de las reuniones se realizaban en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid y también en el Congreso de los Diputados, donde eran recibidos por el actual ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, «tito Berni», investigado en otras piezas de la causa.
Ahora, con el paso a Procedimiento Abreviado, se trataría de enjuiciar la labor del ‘mediador’ Navarro Tacoronte para conseguir entrevistas de políticos con altos cargos. Uno de los objetivos era sortear multas de la Consejería de Thaiset Fuentes o agilizar ayudas del Programa de Desarrollo Rural (PDR). Los encuentros, que a menudo se trasladaban de los despachos oficiales a hoteles y locales de alterne en Madrid, se costeaban supuestamente con el dinero de los empresarios.
