Este jueves el Congreso de los Diputados aprobaba La ley de Junts para combatir la multirreincidencia delictiva. La iniciativa legislativa fue aprobada con 302 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones. De esta manera, se modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se penaliza con hasta tres años de cárcel el robo de teléfonos móviles. En contra votaron Podemos, Sumar y Bildu y se abstuvo ERC. Los policías nacionales, desde el sindicato de Jupol, valoran «positivamente que una amplia mayoría parlamentaria del Congreso apruebe una ley de multirreincidencia, que va en la línea de nuestras demandas de que exista un endurecimiento legislativo».
La nueva norma impondrá una multa de uno a tres meses de cárcel si la cuantía de lo robado no pasa de 400 euros. Antes no acarreaba cárcel. Pero el castigo por el hurto podrá ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años si se es reincidente en tres delitos menos graves.
De esta manera, la multirreincidencia se considera como una circunstancia agravante cualificada, lo que permite a los jueces aumentar la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. Además, al elevar la naturaleza de la pena, se facilita la adopción de medidas más severas, como la prisión provisional, para personas que acumulan decenas de hurtos menores.
Otro agravante será sustraer el móvil, una tablet o un ordenador con datos personales. Este agravante no se aplica si el móvil es nuevo y se extrae de una tienda sin estrenar, por ejemplo.
En otra enmienda pactada con PP, PSOE y PNV, se extiende la previsión del castigo por multirreincidencia a los casos de estafa, con ánimo de lucro, «cuando se utilizare engaño bastante para producir error en otro».
Por último, una enmienda acordada por PP, PNV y Junts, establece una pena de prisión de uno a cinco años a por el llamado ‘petaqueo’ que da apoyo logístico a las narcolanchas al castigarse «la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos» contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general.
VALORACIÓN DE LOS POLICÍAS
Esta reforma penal, concebida originalmente para intensificar el castigo a delitos repetidos de hurto, estafa y otros ilícitos menores, representa, a juicio de Jupol, «una respuesta insuficiente y tardía ante un grave problema de seguridad ciudadana que afecta diariamente a policías nacionales y a la sociedad en general».
La norma aprobada pretende endurecer las penas para individuos que reincidan reiteradamente en hurtos y delitos leves, incluso con penas que pueden alcanzar hasta tres años de prisión y medidas cautelares de prohibición de acercamiento a determinados lugares, así como sanciones agravadas para delitos de estafa menores si se cometen de forma reiterada.
Sin embargo, Jupol alerta de que «el debate político ha convertido una cuestión de seguridad pública en un instrumento de negociación partidista, y que la norma aprobada carece de medidas efectivas y operativas que realmente permitan a los efectivos policiales y al sistema judicial combatir con eficacia la delincuencia reiterada y organizada». El sindicato denuncia que la iniciativa se ha tramitado más como un gesto de recomposición política que como una respuesta estructural a la inseguridad ciudadana.
Por ese motivo Jupol exige medidas reales y dotación inmediata de recursos para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, «con mayor personal, formación y medios técnicos para investigar y desarticular redes de multirreincidentes, así como una reforma integral del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acompañe las penalizaciones con herramientas procesales eficaces y tiempos de respuesta judicial reducidos», dicen en un comunicado.
Además, «es necesario un compromiso político firme y no oportunista, sin utilización de la seguridad pública como moneda de cambio parlamentaria, y que vaya más allá de slogans y discursos grandilocuentes», añaden.
Por último, para Jupol es necesario que se pongan en marcha todos los mecanismos posibles para generar una mayor coordinación institucional entre Policía, Fiscalía, jueces y administraciones territoriales para garantizar que la nueva ley no quede en letra muerta.
JUPOL recuerda que la seguridad no es solamente una cuestión penalista, sino que requiere un enfoque integral: «prevención, investigación, persecución y reinserción, además de políticas públicas que garanticen el respeto a los derechos ciudadanos y la convivencia. La organización advierte que, sin dotación presupuestaria, sin personal policial suficiente y sin voluntad política real, esta ley no resolverá la creciente sensación de impunidad que sufren millones de ciudadanos y que los agentes viven en el terreno cada día», concluyen.
