El anuncio de un expediente de regulación de empleo (ERE) para 301 trabajadores en Tubos Reunidos ha reabierto el debate sobre el futuro industrial de Euskadi. La compañía, con plantas en Amurrio y Trapagaran y más de 130 años de historia, plantea un ajuste que afecta a cerca de una cuarta parte de su plantilla en un contexto de pérdidas de 71,3 millones de euros en 2025.
La dimensión del recorte sitúa este procedimiento como el más relevante en Euskadi en las dos últimas décadas. La mayor parte de los despidos —274— se concentrarán en la planta alavesa de Amurrio, donde además está previsto el cese de la actividad de la acería. El resto impactará en la planta del municipio vizcaíno de Trapagaran.
El plan de viabilidad comunicado por la dirección incluye la externalización de servicios logísticos y la compra de materia prima a terceros, en sustitución de parte de la producción propia. Los comités de empresa de ambas plantas se reunieron en Vitoria con representantes del Gobierno vasco y de la Diputación Foral de Álava para solicitar su implicación activa en la búsqueda de alternativas. La cita institucional coincidió con una jornada de huelga de 24 horas y con movilizaciones en la capital alavesa.
La plantilla ha aprobado un calendario de paros que combina cinco jornadas completas y varias de cuatro horas por turno, con la posibilidad de endurecer las medidas si no se producen avances en la negociación.
El conflicto laboral ha activado a los principales sindicatos con representación en la compañía, que reclaman un plan industrial que garantice el mantenimiento del empleo y preserve la capacidad productiva. Las centrales sostienen que el ajuste no puede limitarse a una reducción de costes y exigen explorar vías de reindustrialización, inversión tecnológica y diversificación de mercados.
El debate se sitúa así en el terreno de la política industrial y del papel de las administraciones en la defensa del tejido manufacturero. La siderurgia ocupa un lugar estructural en la economía vasca.
LA MONCLOA PODRÍA RESCATAR LA COMPAÑÍA
En 2021, en plena crisis derivada de la pandemia, la empresa recibió 112,8 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Consejo de Ministros dio luz verde a la operación el 20 de julio de ese año, articulada mediante un préstamo participativo con vencimiento en 2028.
La ayuda se justificó por el carácter estratégico de la firma y su impacto en el empleo cualificado. Cuatro años y medio después, la situación vuelve a ser crítica. La compañía no ha devuelto todavía el importe recibido y deberá hacerlo antes de que concluya el plazo establecido. La fórmula del préstamo participativo contempla que, si no pudiera reintegrar la cantidad, la SEPI tendría la opción de convertir la deuda en capital y entrar en el accionariado.
En el plano político, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha comprometido con Euskal Herria Bildu a estudiar medidas que contribuyan a encauzar la situación. La interlocución con el Gobierno central se produce mientras el Ejecutivo vasco y las instituciones forales analizan posibles instrumentos de apoyo, dentro de los márgenes que permite la normativa europea sobre ayudas de Estado.
El alcance social del ERE trasciende a la propia plantilla. Amurrio y su entorno dependen en buena medida de la actividad industrial de la acería y de las empresas auxiliares vinculadas. El eventual cierre de esta unidad productiva tendría efectos en la cadena de suministro y en el empleo indirecto.
Las asociaciones empresariales y las cámaras de comercio han expresado su preocupación por el impacto en la competitividad y en la cohesión territorial. El caso se produce, además, bajo la sombra de la investigación judicial sobre la denominada ‘trama SEPI’, en la que figura el nombre de Leire Díez junto a otros exresponsables públicos.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil analiza varias operaciones de rescate aprobadas durante la pandemia, entre ellas la de Tubos Reunidos. La investigación se centra en la posible existencia de comisiones irregulares vinculadas a la tramitación de ayudas públicas.
CONFLICTO
El procedimiento responde formalmente a causas económicas y organizativas derivadas de la evolución del mercado, la caída de exportaciones y el encarecimiento de costes. La dirección defiende que el plan es necesario para asegurar la viabilidad futura.
Los representantes de los trabajadores cuestionan que el ajuste garantice esa estabilidad y sostienen que reduce la capacidad industrial en un sector considerado estratégico. En el corto plazo, la negociación del ERE marcará el calendario.
El periodo de consultas deberá concretar las condiciones del ajuste, las posibles recolocaciones y las indemnizaciones. Pero el trasfondo es más amplio: la redefinición de un modelo productivo que ha sido uno de los pilares del desarrollo económico vasco.
