Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y león, ha aprovechado su reciente intervención en el Foro Nueva Economía en Madrid para marcar una línea roja clara: «La Región no aceptará ser un espectador pasivo ante los privilegios financieros de otras comunidades«, en una clara referencia a los privilegios que el actual Ejecutivo central quiere otorgar a Cataluña.
Con un discurso despojado de adornos innecesarios, el candidato a presidente de la Junta ha reivindicado la «política de los hechos» frente a lo que considera una deriva de concesiones que rompe la igualdad entre españoles. Su mensaje ha intentado ser ejercicio de autoafirmación regional con una lectura nacional evidente, posicionando a su autonomía como el contrapeso de estabilidad frente a la incertidumbre política que emana de Madrid.
El eje central de su comparecencia ha sido la defensa de los servicios públicos como columna vertebral de la cohesión territorial. Mañueco ha sacado pecho por los indicadores de Castilla y León, especialmente en educación y atención a la dependencia, argumentando que estos resultados no son fruto del azar, sino de una gestión que prioriza el gasto en las personas por encima de las estructuras ideológicas. Para el presidente, no es de recibo que se pretenda castigar a las comunidades cumplidoras con una financiación a la carta para aquellas que han priorizado proyectos de ruptura. Su advertencia es directa: «Cualquier reforma del sistema de financiación debe pasar por la multilateralidad y el respeto absoluto a la caja única«.

PLANO ECONÓMICO Y CUESTIÓN DEMOGRÁFICA
En el plano económico, Mañueco ha presentado a Castilla y León como un territorio «business friendly«. Ha insistido en que la fiscalidad moderada y la paz social son los mejores activos para atraer inversión industrial y tecnológica. Su visión quiere huir del intervencionismo y apuesta por una colaboración público-privada que, según los datos aportados, «está permitiendo a la comunidad liderar sectores estratégicos como la automoción y la biotecnología». El mensaje a los empresarios presentes en el foro ha sido nítido: «En la meseta encontrarán seguridad jurídica y un gobierno que no pone trabas al crecimiento, sino que actúa como facilitador del talento local.
La cuestión demográfica, siempre presente en el ADN de la región, ha sido abordada desde una óptica de resistencia y oportunidad. Mañueco ha rechazado el victimismo, exigiendo en su lugar «infraestructuras reales y una fiscalidad diferenciada para el mundo rural» que permita competir en igualdad de condiciones. Para el líder del Ejecutivo regional, «la lucha contra la despoblación no es un problema exclusivo de su comunidad, sino un reto de Estado que requiere una respuesta coordinada«. En este sentido, ha vuelto a reclamar que el coste de la prestación de servicios, agravado por la dispersión y el envejecimiento, sea el factor determinante en el reparto de fondos estatales.

EL FACTOR VOX PARA LA GOBERNABILIDAD
Sobre la convivencia en su propio gobierno y la estabilidad del pacto con sus socios, Mañueco se ha mostrado pragmático. Ha defendido la utilidad de su gabinete por encima del ruido mediático, subrayando que su prioridad es ofrecer «un horizonte de certidumbre a los ciudadanos». Su tono ha sido el de un líder que se siente cómodo en la moderación, pero que no duda en elevar el tono cuando percibe un ataque a los intereses de su tierra o al marco constitucional. Para el presidente, Castilla y León es hoy un refugio de racionalidad política en un contexto nacional marcado por la polarización extrema.
Finalmente, su intervención ha servido para proyectar una imagen de liderazgo sólido dentro del Partido Popular. Mañueco no solo habla para los castellanos y leoneses, sino que se erige como una voz autorizada para hablar de la España de las autonomías. Su discurso concluye con una idea de país «donde el esfuerzo y la solidaridad no sean conceptos vacíos, sino la base de un proyecto común«. Con esta comparecencia, Mañueco deja claro que su gobierno será un muro de contención contra cualquier intento de fragmentación que debilite la igualdad de oportunidades de los ciudadanos de su comunidad frente al resto del Estado o eso intentará en un proceso electoral que se ha nacionalizado y olvida lo problemas reales la Región.






