Con la nueva situación geopolítica a nivel mundial desde nuestro país ya se reconoce la posibilidad de ser objetivo de un posible ataque con armas de destrucción masiva. Por este motivo, el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) ha dado un paso histórico en la preparación de la defensa del país con la aprobación de la Estrategia Nacional contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Este documento, publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), representa la primera vez que España formula de manera integral sus objetivos y líneas de acción frente a una amenaza que, aunque de baja probabilidad estadística, posee un impacto potencial catastrófico para la estabilidad global y nacional.
La iniciativa no solo busca posicionar a España como un actor de peso en el multilateralismo internacional, sino también robustecer las capacidades internas para prevenir que grupos no gubernamentales, redes criminales o células terroristas puedan acceder a materiales nucleares, radiológicos, biológicos o químicos (NRBQ) en territorio español. Admitiendo por primera vez y de forma explícita dicho riesgo para nuestro país.
La necesidad de esta hoja de ruta sectorial surge de un panorama geopolítico profundamente alterado y cambiante. Las sucesivas Estrategias de Seguridad Nacional ya identificaban la proliferación como un desafío constante, pero la aceleración de la innovación tecnológica y la erosión de los consensos internacionales han obligado a elevar la respuesta al nivel político-estratégico. España se alinea así con las directrices de la Unión Europea y las resoluciones de Naciones Unidas, adaptándolas a los nuevos peligros que representan las estrategias híbridas, el uso malicioso de la inteligencia artificial y las campañas de desinformación que buscan erosionar la confianza en las instituciones.
UN ORDEN INTERNACIONAL EN CRISIS
En este sentido, la arquitectura global de control de armamentos atraviesa uno de sus momentos más críticos desde el final de la Guerra Fría. La agresión de Rusia contra Ucrania ha actuado como un catalizador de inestabilidad que debilita el régimen de no proliferación por múltiples vías. El bloqueo de foros internacionales, la suspensión de tratados clave como el New START y la retórica nuclear irresponsable por parte de potencias mundiales han generado un vacío de seguridad que España pretende ayudar a mitigar mediante la diplomacia preventiva y el fortalecimiento de las alianzas.
A esta tensión se suman crisis de proliferación crónicas que siguen sin resolución, como los programas nucleares de Irán y Corea del Norte. Mientras el primero genera incertidumbre por la falta de transparencia y los límites en la verificación internacional, el régimen de Pionyang continúa expandiendo sus capacidades balísticas y nucleares en abierta violación de las resoluciones de la ONU. En este contexto, la estrategia española enfatiza la importancia de revitalizar instrumentos jurídicos como el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), considerado la piedra angular del sistema, a pesar del creciente cuestionamiento de su eficacia por parte de diversos actores globales.
DOBLE ENFOQUE ENTRE A DIPLOMACIA Y LA PREVENCIÓN OPERATIVA
La estrategia se asienta sobre dos pilares fundamentales que se entrelazan para ofrecer una cobertura integral. Por un lado, la no proliferación se enfoca en las medidas preventivas y diplomáticas destinadas a evitar que estados y actores no estatales difundan armamento de destrucción masiva. Esto implica una participación activa de España en todos los foros e instrumentos internacionales para defender el derecho internacional y la construcción de la paz. Por otro lado, el enfoque de contra-proliferación se centra en acciones operativas, tanto preventivas como reactivas, diseñadas para disuadir, detectar y detener programas ilícitos de ADM antes de que se materialicen en un daño real.
Uno de los puntos más innovadores del documento es el reconocimiento de que la seguridad está intrínsecamente ligada a la prosperidad económica y tecnológica. España mantiene un fuerte compromiso con sectores como la industria química, la biotecnología y el uso de sistemas radiactivos con fines civiles y sanitarios. La estrategia busca proteger estos activos evitando la utilización perversa de conocimientos o materiales de «doble uso» —aquellos que tienen aplicaciones legítimas pero que pueden ser desviados para fines armamentísticos—. Para lograrlo, se propone un marco de colaboración estrecha con el sector privado y la academia, fomentando una cultura de seguridad que no lastre la competitividad industrial.
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES NACIONALES Y COORDINACIÓN
Para aterrizar estas directrices políticas en acciones concretas, el documento impulsa una profunda reforma normativa y organizativa. Entre las medidas previstas destaca la creación de nuevos órganos especializados, como la Comisión Nacional de Biocustodia y el estudio para implementar una Red de Laboratorios de Alertas Químicas (RELAQ) que brinde apoyo operativo ante incidentes químicos. También se contempla la actualización de los planes de protección de las infraestructuras nucleares y la identificación de laboratorios con capacidad forense para investigar posibles ataques terroristas con materiales radiactivos.
La coordinación interministerial es el eje vertebrador de todo el plan. El Comité Especializado de no proliferación de armas de destrucción masiva, regulado por el Consejo de Seguridad Nacional, es el encargado de armonizar las actuaciones del Gobierno en campos tan diversos como la defensa, el control de fronteras y la lucha contra la financiación del terrorismo. Se busca así una respuesta transversal que entienda que enfrentar la proliferación es también luchar contra el crimen organizado y proteger infraestructuras críticas energéticas e industriales.
NUEVAS FRONTERAS DE LA AMENAZA: DEL CIBERESPACIO AL AGROTERRORISMO
El documento no ignora las formas de agresión menos convencionales que han surgido en la última década. El uso de drones fabricados con componentes comerciales y la brecha tecnológica que dificulta el control de exportaciones de software y semiconductores son ahora prioridades de vigilancia. Además, se dedica una atención especial al fenómeno del agroterrorismo, reconociendo que ataques dirigidos contra cabañas ganaderas o la producción agrícola mediante patógenos biológicos podrían tener consecuencias devastadoras para la cohesión social y la economía nacional.
Bajo el concepto de «One Health» (Una Sola Salud), la estrategia entiende que la salud humana no puede disociarse de la sanidad animal y ambiental. Por ello, se propone adecuar el sistema nacional de salud a las nuevas amenazas biológicas transfronterizas y desarrollar protocolos específicos para combatir la desinformación que utiliza agentes NRBQ como elemento de alarma social. Con este despliegue de medidas, España no solo actualiza su defensa, sino que se dota de un marco flexible capaz de adaptarse a un futuro donde la tecnología y la geopolítica seguirán desafiando la seguridad global.
