529 agresiones y 119 casos de violencia sexual contra los funcionarios de prisiones

El sindicato de Prisiones Acaip-Ugt denuncia un nuevo récord de agresiones en prisiones: 529 incidentes en 2025 y un preocupante aumento de la violencia sexual con 119 casos. Este sindicato denuncia el grave repunte de agresiones sufridas por los trabajadores de los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias durante el año 2025.

Los datos oficiales reflejan 529 agresiones y 119 incidentes de naturaleza sexual cometidos por internos contra trabajadores penitenciarios. Estas cifras suponen un nuevo y triste récord que evidencia una realidad de violencia estructural que se cronifica año tras año. No hablamos de hechos aislados, sino de una conflictividad generalizada que afecta a la práctica totalidad de los centros penitenciarios.

Los cinco establecimientos con más incidentes registrados han sido el Centro Penitenciario de Córdoba, con 37 agresiones. Luego iría el Centro Penitenciario Puerto III (Cádiz), con 29 agresiones. El tercero sería el Centro Penitenciario Puerto I (Cádiz), con 29 agresiones. El Centro Penitenciario de Dueñas (Palencia), con 27 agresiones y el Centro Penitenciario Madrid V (Soto del Real) con 25 agresiones.

Publicidad

Para el sindicato Acaip, «el aumento de la violencia tiene causas claras: Un déficit médico estructural del 75%, que impide una adecuada atención sanitaria, el incremento constante de internos con patologías mentales, una clasificación interior ineficiente que no atiende correctamente al perfil individualizado del preso, y una planificación de personal que se muestra insuficientes para la realidad actual de los centros. Esta combinación ha llevado las cifras de agresiones a niveles inasumibles que crecen de manera sostenida cada año».

Es especialmente preocupante la dimensión sexual de la violencia ejercida contra el personal femenino de Prisiones, que ha alcanzado los 119 incidentes de naturaleza sexual, una realidad que se traduce en 8 agresiones sexuales, 51 casos de acoso sexual y 60 incidentes por exhibicionismo o provocación sexual.

El ayuntamiento de Alcobendas usó a un abogado para defender a cuatro funcionarios sin haber adjudicado su contrato

POBLACIÓN MASCULINA EN PRISIONES

En un entorno donde el 93% de la población reclusa es masculina y donde el personal femenino de vigilancia ya alcanza el 35%, «resulta incomprensible que la Administración continúe ignorando la necesaria perspectiva de género», añaden.

Desde Acaip-Ugt «vemos imprescindible una formación específica, que incluya defensa personal adaptada y prevención de agresiones sexuales. Además son necesarios medios de protección adecuados, ya que los equipos actuales de “tallaje único” comprometen la seguridad de muchas trabajadoras al no adaptarse a su anatomía».

Por otro lado, el actual protocolo frente a agresiones resulta «claramente insuficiente. No recoge adecuadamente las agresiones verbales ni las tentativas frustradas, muchas de las cuales solo no llegan a consumarse gracias a la profesionalidad y experiencia de los trabajadores. Esta infra evaluación distorsiona la dimensión real del problema y transmite una falsa sensación de control», añaden.

Publicidad

Ante esta situación, Acaip-Ugt exige de manera inmediata «desbloquear en el Congreso la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria para reconocer a los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad. Garantizar que el Estado asuma el pago de las indemnizaciones y que la Abogacía del Estado actúe de oficio en todas las denuncias por agresión. Implantar una cobertura psicológica integral y obligatoria para el trabajador agredido, evitando que tenga que reincorporarse sin apoyo al mismo entorno donde sufrió la violencia».

Los datos de 2025 no son una anomalía. En los primeros meses de 2026 ya se han producido agresiones graves, como la ocurrida la semana pasada en el Centro Penitenciario Castellón II, donde un funcionario sufrió la rotura de tibia y peroné, requiriendo intervención quirúrgica y un largo proceso de recuperación. «No hablamos de estadísticas. Hablamos de profesionales que desempeñan su labor en condiciones cada vez más complejas y que, pese a ello, no cuentan con la protección institucional adecuada», concluye Acaip.