La política española atraviesa uno de sus momentos más tensos en lo que va de legislatura, con el Ministerio del Interior en el epicentro de una tormenta que combina presuntos abusos de autoridad, escándalos de índole sexual y una gestión administrativa bajo sospecha. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado el tono de la confrontación parlamentaria al calificar al ministro Fernando Grande-Marlaska de “verdadero incompetente”, tras las revelaciones que vinculan al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional con una denuncia por agresión sexual a una subordinada. Los populares consideran que la situación ha traspasado todos los límites éticos y operativos, situando la permanencia del ministro en una posición de absoluta insostenibilidad institucional.
Para la dirección del Partido Popular, el escenario actual no admite medias tintas ni prórrogas parlamentarias. Feijóo ha subrayado con contundencia que el titular de Interior debería haber formalizado su dimisión de manera inmediata o, en su defecto, haber sido apartado de sus funciones por el presidente del Gobierno. Según el líder de la oposición, “la responsabilidad política de Marlaska es incompatible con seguir en el cargo”, una afirmación que fundamenta en la supuesta ceguera voluntaria o incapacidad de gestión del ministro sobre su círculo de confianza más íntimo en el organigrama de la seguridad del Estado.
LA SOMBRA DEL DAO Y EL BLINDAJE ADMINISTRATIVO
El eje de la crítica popular se centra en la figura del jefe operativo de la policía española, un mando que, según ha recordado Feijóo, no es un dirigente accidental, sino una persona que “desde el primer momento” ha acompañado al ministro Marlaska desde el año 2018 de forma continuada. La gravedad de las acusaciones contra el DAO se ve agravada por las maniobras legislativas que el Gobierno llevó a cabo para prolongar su vida laboral. Feijóo ha denunciado que el titular de Interior modificó la normativa vigente con el único fin de evitar la jubilación de un mando que ahora se encuentra bajo el foco de la justicia por violar presuntamente a una subordinada.
“Si el ministro de Interior no conoce con quién se rodea, de quién se rodea y qué hacen los que se rodean desde hace meses, es un verdadero incompetente”, sentenció Feijóo. La sospecha de que la cúpula policial estaba al tanto de los hechos antes de que estos saltaran a la luz pública cobra fuerza para los populares, basándose en informaciones periodísticas que apuntan a que el número dos del cuerpo no solo conocía los hechos, sino que habría ejercido presión para que la víctima retirase la denuncia. Ante este panorama, el líder del PP incidió en que “cueste mucho creer que el ministro de Interior no conociese para nada lo que hacía el número uno de su policía y lo que hacía el número dos de su policía, que lleva en el ministerio casi ocho años”.
El debate ha trascendido la gestión de personal para entrar de lleno en la ética feminista y la protección de las víctimas. Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, ha cargado contra la actitud de Marlaska en sede parlamentaria, acusándole de trasladar la presión del escándalo hacia la mujer agredida. De los Santos advirtió que si algún miembro de la cúpula tapó la denuncia, deberá enfrentarse no solo a la dimisión, sino a la acción de la justicia. “Si lo sabía porque lo tapó tendrá que enfrentarse al peso de la ley y que un juez decida si es corresponsable”, afirmó el dirigente, poniendo el foco en la posible negligencia u omisión de socorro institucional.
Especialmente hiriente para la formación popular ha sido la intervención de Marlaska sugiriendo que, si la víctima no se sentía protegida, él mismo se marcharía. Para De los Santos, esto supone una «heroicidad» por parte de la denunciante que se ve empañada por la respuesta del Ejecutivo. “Ha tenido la heroicidad de denunciar y aún así, desde el Gobierno de España, el ministro coloca sobre sus hombros la responsabilidad de dimitir”, lamentó, calificando el gesto como una demostración de falta de empatía y de las «fallidas políticas de Igualdad» del gabinete de Pedro Sánchez.
La controversia sobre la permanencia del DAO también ha destapado críticas sobre el uso de instrumentos legislativos de emergencia para fines orgánicos. Se cuestiona cómo es posible que se utilizara un real decreto destinado a las ayudas por la catástrofe de la DANA para extender la vida laboral del jefe policial. Según la tesis de los populares, este «blindaje» fue una decisión deliberada que pudo tener consecuencias fatales: “Si esto no se hubiera hecho, quizás se habría evitado que abusara de una subordinada”, apuntó De los Santos, vinculando directamente la decisión política con la oportunidad para el presunto delito.
UN PATRÓN DE COMPORTAMIENTO DENTRO DEL SENO DEL EJECUTIVO
Desde la Vicesecretaría de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez ha reforzado la idea de que existe un «patrón» de conducta en el Gobierno y el PSOE ante los escándalos sexuales. Según Fúnez, la respuesta sistemática ante las denuncias no es la investigación transparente, sino el ocultamiento: “En lugar de investigar y de tomar decisiones, las denuncias se guardan en un cajón”. La dirigente recordó antecedentes inquietantes sobre el DAO, mencionando que ya se conocían comportamientos cuestionables en el pasado, como un incidente en un prostíbulo durante su etapa en Valladolid, lo que a su juicio invalidaba cualquier intento de presentar el caso como un hecho aislado o imprevisible.
Fúnez también fue tajante al rechazar que el feminismo sea una herramienta de marketing político o una cuestión de etiquetas vacías. Para el PP, el Gobierno de Sánchez ha perdido la autoridad moral para dar lecciones en esta materia, especialmente tras recordarse episodios donde figuras relevantes del socialismo, como la vicepresidenta Montero, presuntamente habrían pedido a víctimas de otros asesores que no denunciaran para no perjudicar a su entorno. “¿Qué lección sobre feminismo puede dar un Gobierno que iba a convertir a Paco Salazar en secretario de Organización del PSOE en sustitución del presunto ladrón Cerdán y del presunto abusador de mujeres?”, cuestionó el partido con dureza.
En este contexto de regeneración ética, el PP ha querido marcar distancias con otras formaciones y con la propia gestión del Ejecutivo, defendiendo que la violencia machista es una realidad que «nos interpela a todos» y que está claramente definida por el Tribunal Constitucional, diferenciándola de la violencia intrafamiliar. La conclusión de los populares es una advertencia sobre la salud democrática del país: si las instituciones fallan en proteger a quienes denuncian abusos en su seno, el Estado mismo deja de funcionar. La presión sobre Grande-Marlaska parece haber entrado en una fase de no retorno, donde cada nueva revelación sobre el conocimiento previo de los hechos debilita un poco más los cimientos de su ministerio.
