La ofensiva del Partido Popular contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha alcanzado un nuevo pico de intensidad esta semana. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, de la formación, en una contundente comparecencia pública, ha diseccionado lo que considera una gestión «agotada y carente de ética», situando al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el epicentro de una tormenta política que combina presuntos escándalos de conducta personal en las altas esferas policiales con una gestión de los recursos públicos que los populares tildan de deficiente.
La dirigente conservadora no ha escatimado en calificativos al exigir la dimisión inmediata del titular de Interior, planteando una disyuntiva que deja al ministro en una posición de extrema vulnerabilidad política: o bien era conocedor de los graves hechos denunciados y decidió ocultarlos, o su desconocimiento revela una «auténtica incompetencia» que lo incapacita para seguir al frente de su departamento.
El foco de la crítica se centra en la figura del ex Director Adjunto Operativo (DAO), José Ángel González, de la Policía Nacional, quien fue, según palabras de la vicesecretaria popular, una apuesta personal de Marlaska. La indignación en las filas del PP se ha visto espoleada por el reciente blindaje del ex mando policial a través de un real decreto destinado a las ayudas por la catástrofe de la DANA.
Para la formación opositora, utilizar una normativa de emergencia humanitaria para proteger la posición jurídica o administrativa de un cargo bajo sospecha supone un «baremo moral» ínfimo, un gesto que califican como denigrante para las víctimas de la tragedia natural. La dirigente subrayó que resulta inverosímil que el ministro ignore lo que sucede en su cadena de mando, especialmente cuando ya ha trascendido que el Director General de la Policía sí tenía constancia de la presunta violación que rodea al caso.
CORRUPCIÓN Y CONTRADICCIONES IDEOLÓGICAS
La crítica popular no se detiene en las fronteras del Ministerio del Interior, sino que se extiende a la totalidad de la estructura del Gobierno y a la coherencia de sus políticas sectoriales. La vicesecretaria ha denunciado una supuesta «hipocresía galopante» en materia migratoria, señalando la contradicción que supone defender una política de fronteras abiertas a nivel nacional mientras se aceptan condiciones restrictivas en Cataluña, donde se pretende exigir el conocimiento de la lengua catalana a los recién llegados. Este doble rasero es, para el PP, la prueba de que el Gobierno supedita los principios generales a las exigencias de sus socios de investidura, creando ciudadanos de distintas categorías según el territorio en el que se asienten.
Paralelamente, la sombra de la corrupción administrativa y financiera ha vuelto a sobrevolar la actualidad política. La dirigente popular hizo referencia al «tremendo balance» de informaciones conocidas sobre Borja Cabezón, estrecho colaborador del presidente Sánchez, a quien se vincula con una estructura empresarial diseñada presuntamente para la elusión fiscal.
En un tono especialmente duro, la vicesecretaria trazó una línea divisoria dentro del socialismo actual, afirmando que el partido parece fracturado entre quienes diseñan complejos sistemas financieros para evitar contribuir a las arcas públicas y aquellos que, supuestamente, utilizan el dinero de los impuestos para fines tan alejados del interés general como el pago de viviendas a mujeres prostituidas. Esta radiografía de la gestión del dinero público sirve de preámbulo para una pregunta que resuena con fuerza en el discurso del PP: ¿Dónde va realmente el esfuerzo fiscal de los españoles si los servicios públicos están en retroceso?
EL COLAPSO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA SANIDAD
La situación de las infraestructuras y la sanidad ocupa un lugar preeminente en la denuncia del Partido Popular. Un mes después del trágico accidente ferroviario de Adamuz, la red de transportes sigue mostrando carencias que, para la formación, son inaceptables. La existencia de más de mil puntos con limitaciones de velocidad sobrevenidas es vista como el síntoma de una falta de inversión crónica. El dinero de los contribuyentes, sostienen los populares, no se está destinando a modernizar la red ferroviaria, lo que compromete la seguridad y la eficiencia de un servicio esencial. Esta falta de gestión se traslada también al ámbito sanitario, donde la huelga de médicos que recorre el país es interpretada no como un conflicto laboral aislado, sino como la consecuencia directa del «ninguneo» sistemático del Gobierno hacia los profesionales de la salud.
La vicesecretaria anunció una ronda de contactos con organizaciones médicas para buscar soluciones a la precariedad laboral, defendiendo que solo mejorando las condiciones de los facultativos se podrá elevar la calidad del Sistema Nacional de Salud. Tras el paso de seis ministros por la cartera de Sanidad en apenas siete años, el PP acusa al Ejecutivo de tratar este ministerio como una moneda de cambio política en lugar de como una prioridad nacional. En su visita a la Asociación de Familiares de enfermos de Alzhéimer de Valencia, la dirigente puso rostro a esta desatención, recordando que la Estrategia estatal de enfermedades neurodegenerativas lleva quince años sin actualizarse y que el Plan Integral de Alzhéimer caducó en 2023.
Finalmente, la intervención concluyó con una sentida muestra de solidaridad hacia los pacientes afectados por los paros médicos, pero haciendo un llamamiento a no criminalizar a los sanitarios. Para el Partido Popular, la responsabilidad última recae en un Gobierno que se niega a sentarse en la mesa de negociación. Asimismo, la vicesecretaria lamentó los recientes asesinatos por violencia machista, reprochando al Ejecutivo su silencio ante un balance que calificó de «tremendamente negativo». El diagnóstico final de la formación es el de un país cuyos gestores han dado la espalda a los más vulnerables, desde los enfermos crónicos hasta las víctimas de violencia, centrados únicamente en su propia supervivencia política.
