Silvia Clemente regresa a la política de Castilla y León tras sus polémicas en PP y Cs

Silvia Clemente vuelve a intentarlo. La expresidenta de las Cortes de Castilla y León y exconsejera durante casi dos décadas inicia en 2026 una nueva etapa que supone su tercera vida política tras sus traumáticas salidas del PP y de Ciudadanos en 2019.

Al frente de Nueve Castilla y León, un partido regionalista de nueva creación, concurrirá a las elecciones autonómicas del 15 de marzo como cabeza de lista por Segovia, su provincia natal. Nueve no ha logrado registrar candidatura en la provincia de Palencia y las encuestas le otorgan escasas opciones de obtener representación en las Cortes.

Aun así, Clemente insiste en que su proyecto nace con vocación de permanencia. La candidatura de Nueve se articula en torno a perfiles con experiencia política y profesional diversa. En Segovia, Clemente encabezará la lista en una circunscripción que elige siete procuradores, uno más que en la pasada legislatura.

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En Ávila, la número uno será Belén Rosado, procuradora de Ciudadanos entre 2015 y 2019. En Salamanca lidera Chabela de la Torre, exdirigente del PP y exvicepresidenta de la Diputación salmantina. En Soria, la formación presenta a María José Fuentes, funcionaria con trayectoria en el Ayuntamiento de la capital; en Burgos, David Ruiz, profesor universitario, concurrirá en coalición con Decide Burgos; en León lo hará Mario Valladares, exconcejal en Villaquilambre; en Valladolid, María Pilar Alonso, ingeniera industrial dedicada a la investigación; y en Zamora, Daniel Andrino, agente inmobiliario.

RUPTURAS

El regreso de Clemente no puede entenderse sin repasar su pasado político. Durante años fue una de las figuras más relevantes del PP en Castilla y León. Designada en 2001 consejera de Medio Ambiente bajo la presidencia de Juan Vicente Herrera, pasó después por Cultura y Turismo y, desde 2007, por Agricultura, una de las carteras estratégicas en la Comunidad. Posteriormente fue presidenta de las Cortes autonómicas pese a que sonaba incluso para hacerse con el liderazgo del partido, pero Alfonso Fernández Mañueco le ganó la partida a nivel interno.

Su caída comenzó en 2019, cuando Fernández Mañueco la excluyó de las listas. Clemente dimitió como presidenta de las Cortes, y respondió con una carta muy dura en la que acusaba a la dirección de falta de ambición y de bloquear su trabajo.

Manueco Moncloa
Alfonso Fernández Mañueco. Foto: Europa Press.

Poco después fichó por Ciudadanos con el respaldo del secretario general del partido, José Manuel Villegas. La operación terminó en escándalo. Clemente ganó inicialmente las primarias de Ciudadanos en Castilla y León por un estrecho margen frente a Francisco Igea. Sin embargo, la revisión del proceso reveló irregularidades: el acta reflejaba 1.094 votos cuando solo habían votado 1.013 afiliados. La diferencia de 81 sufragios, emitidos presuntamente desde un mismo ordenador en dos tandas de madrugada, llevó al partido a anular el resultado.

Ciudadanos confirmó que había existido un fallo en el sistema telemático y proclamó finalmente a Igea como candidato. El episodio, calificado mediáticamente como ‘pucherazo’, dañó la imagen interna de la formación naranja y supuso un golpe casi definitivo para la carrera de Clemente en el ámbito nacional. En apenas semanas, había pasado de ser una histórica dirigente del PP a candidata fallida de Ciudadanos.

POLÉMICAS

A la controversia política se sumaron las polémicas empresariales vinculadas a su entorno familiar. Su marido, Javier Meléndez, se convirtió en uno de los empresarios más destacados del sector agroalimentario en Castilla y León al frente de Patatas Meléndez, compañía que experimentó un fuerte crecimiento tras convertirse en proveedor de Mercadona.

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El éxito empresarial se vio empañado por una agria disputa familiar con su hermano y por la retirada de una ayuda pública de 589.000 euros concedida por la Junta en la etapa en la que Clemente era consejera de Agricultura. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rechazó el recurso de la empresa tras advertir «indicios de manipulación» en la concesión. Aunque no hubo condena penal, el caso alimentó la polémica política y mediática.