Esta semana pasada el Congreso de los Diputados ha vuelto a convertirse en el epicentro de una de las contradicciones más profundas de la política contemporánea española y con mayores contradicciones en la bancada de la izquierda. Lo que sobre el papel parecía una proposición de ley destinada al fracaso —la prohibición del burka y el nicab en espacios públicos— ha terminado por levantar una polvareda que va mucho más allá de la simple aritmética parlamentaria para echar para atrás una ley. Comprometiendo mucho el relato de la izquierda española, que no pasa por un buen momento de popularidad.
El debate, impulsado por Vox y rechazado por la mayoría de la cámara, ha desnudado las costuras de una izquierda que, en su afán por combatir la xenofobia, parece haber caído en una suerte de parálisis ética frente a símbolos que, en cualquier otro contexto, tildaría de herramientas de opresión patriarcal.
En este sentido, el análisis de la situación actual obliga a detenerse en la retórica empleada por grupos como Sumar. Durante la sesión, portavoces de la formación defendieron el uso de estas prendas bajo el paraguas de la «diversidad cultural», llegando a afirmar que prohibirlas supondría un ejercicio de racismo y estigmatización. Esta postura plantea un dilema de difícil solución: ¿en qué momento el respeto a la cultura de origen se convierte en una complicidad necesaria con la sumisión femenina? El argumento de que no existen suficientes casos en España para legislar al respecto choca frontalmente con la lógica de que ciertos derechos fundamentales no deberían depender de la estadística, algo que un nuevo icono para la izquierda postmoderna como es Gabriel Rufián echo por tierra en su acto madrileño del pasado miércoles. «Si una sola mujer es obligada a borrar su rostro de la esfera pública, el problema no es numérico, sino de principios democráticos«, replicó.
EFECTO CONTAGIO Y CONTROL COMUNITARIO
Con esta votación parlamentaria uno de los puntos más críticos que se han puesto sobre la mesa es el funcionamiento del fundamentalismo en las comunidades cerradas. Expertos en la materia advierten que prendas como el velo o el nicab no operan en el vacío. Existe un «efecto contagio» que comienza en las escuelas. Cuando una niña empieza a acudir a clase o a ir a actos sociales con velo bajo la premisa de ser una «buena musulmana«, se genera automáticamente una presión invisible pero asfixiante sobre el resto de sus compañeras. Aquellas que deciden no llevarlo quedan marcadas como «malas musulmanas«, forzándolas a elegir entre la segregación dentro de su propio entorno o la adopción de una prenda que, en muchos casos, no desean. Este control social es el que el legislador parece ignorar cuando apela a la «libertad de elección» de la mujer.
Resulta llamativo observar cómo sectores que han liderado campañas contra la «cosificación» de la mujer —prohibiendo, por ejemplo, azafatas en eventos deportivos o analizando al milímetro el sexismo en la publicidad— muestran una tolerancia sorprendente ante prendas que anulan la identidad visual de la mujer. La contradicción es flagrante: se combate en muchas ocasiones al «hombre caucásico» por micromachismos mientras se otorga un pase de cortesía a estructuras comunitarias que imponen el ocultamiento total. Este «feminismo burka-friendly«, como algunos críticos lo han bautizado. Una izquierda que en este país parece más preocupada por no dar la razón a la derecha que por proteger a las mujeres que viven bajo la bota del integrismo religioso.
LA FALACIA DE LA LIBERTA INDIVIDUAL
El argumento de que muchas mujeres llevan el nicab porque «quieren» es, para muchos analistas, una simplificación peligrosa. La libertad de elección está viciada cuando la alternativa es el ostracismo familiar o la condena social. Desde sectores de la Comisión Islámica se ha llegado a sugerir que prohibir estas prendas provocaría que las mujeres no salieran de casa. Sin embargo, esta afirmación es en sí misma una confesión de parte: si una mujer no puede salir a la calle sin taparse es porque su entorno no se lo permite. En cualquier otro escenario de violencia de género, el Estado intervendría para liberar a la víctima del control del maltratador; aquí, sin embargo, se prefiere mantener la prenda para evitar que la mujer quede encerrada, aceptando «el síntoma para no enfrentar la enfermedad».
España no es el primer país en enfrentarse a este muro. Francia, Bélgica o Dinamarca ya han recorrido este camino, implementando restricciones que han contado con el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En estos países, la prohibición no se ha entendido como un ataque a la religión, sino como una defensa de la convivencia y del «mínimo civilizatorio» que exige que las personas puedan reconocerse mutuamente en el espacio público. Mientras tanto, en España, el debate sigue estancado en una guerra de etiquetas donde el sentido común suele ser la primera baja. La astucia de la propuesta de Vox no radica en su capacidad de ser aprobada, sino en cómo ha obligado a la izquierda a retratarse en una defensa de lo indefendible, con claros tintes electorales.
Quizás lo más doloroso de esta deriva política de los partidos progresistas de nuestro país sea el silencio que se impone sobre aquellas mujeres de origen musulmán que luchan desde dentro contra la imposición del velo. Voces que denuncian que estas prendas son el uniforme de una ideología política —el islamismo— y no una simple tradición espiritual. Al abrazar el burka como una forma de diversidad, el progresismo occidental está dejando solas a las mujeres que aspiran a integrarse en la sociedad española con los mismos derechos y libertades que sus compañeras. Se está sacrificando la emancipación individual en el altar del multiculturalismo, condenando a las futuras generaciones de niñas a una segregación que el propio Estado se niega a combatir por miedo a ser tachado de intolerante.
Si la tendencia actual se mantiene, el riesgo es la consolidación de sociedades paralelas donde los derechos fundamentales terminen en la puerta del barrio o de la vivienda familiar. El debate sobre el burka es solo la punta del iceberg de una cuestión mucho mayor: la capacidad de una democracia para imponer sus valores de igualdad por encima de las costumbres que los vulneran. Mientras los políticos se pierden en discursos de corrección política, la realidad en ciertos institutos y barrios sigue su curso, permitiendo que símbolos de sumisión se normalicen bajo la mirada complaciente de quienes deberían ser sus críticos más feroces. La tela del burka es, en efecto, mucha tela que cortar, y parece que las tijeras del consenso democrático están más oxidadas que nunca.
