Cinco años después del ingreso en prisión de Pablo Hasél, el debate sobre la libertad de expresión y los límites del Código Penal vuelve a golpear al PSOE. Esta vez no desde la oposición conservadora, sino desde sectores progresistas, independentistas y organizaciones de derechos humanos que acusan al Gobierno de pasividad ante un caso que, sostienen, erosiona la credibilidad democrática de España.
El rapero leridano, cuyo nombre real es Pablo Rivadulla Duró, cumple condena desde el 16 de febrero de 2021 tras ser detenido en la Universidad de Lleida, donde se había atrincherado junto a simpatizantes para evitar su entrada voluntaria en prisión.
Hasél fue el primer rapero encarcelado en Europa por el contenido de sus canciones y tuits, en aplicación de los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y calumnias contra instituciones del Estado.
Su encarcelamiento provocó movilizaciones durante semanas, especialmente en Catalunya, con más de un centenar de detenidos y disturbios que incluyeron la pérdida de un ojo de una manifestante por el impacto de una bala de foam.
Aquel episodio situó al Ejecutivo de Pedro Sánchez en el centro de una tormenta política y mediática que hoy vuelve a reactivarse. El núcleo de las críticas actuales se resume en una expresión que circula en redes y manifiestos: «falta el indulto».
Ni el Gobierno ha promovido hasta ahora una medida de gracia ni se ha impulsado una reforma penal con efectos retroactivos que pudiera aliviar su situación. Hasél cumple seis años y medio de prisión acumulados por distintas sentencias, que previsiblemente se extenderán hasta la primavera de 2027, sin beneficios penitenciarios.
En entrevistas concedidas desde la cárcel, el rapero ha defendido que su negativa a acogerse a programas de tratamiento le impide acceder a reducciones de condena. «Los presos políticos, a no ser que uno colabore con los represores o la presión solidaria conquiste la liberación, cumplimos íntegras las condenas al no aceptar su programa de tratamiento, que busca someternos», afirmaba al cumplirse su primer año entre rejas.
Mientras tanto, el frente internacional se ha reactivado. Tanto Amnistía Internacional como una campaña impulsada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) han pedido su libertad.
APOYO INTERNACIONAL
La Assemblea Nacional Catalana presentó el pasado viernes una carta abierta, firmada por más de 200 profesores de 95 universidades de 25 países diferentes, en la que se pide la libertad de Pablo Hasel y se solicita que sea candidato al Premio Sájarov del Parlamento Europeo. El escrito critica el encarcelamiento del rapero y cuestiona sus motivos: «Fue injustamente encarcelado tras una polémica condena por supuestas calumnias contra la corona y por una supuesta apología del terrorismo».
También defiende «el coraje y la resiliencia» de Hasel durante los cinco años que lleva en prisión y su defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos, como motivos para ser candidato al Premio Sájarov.
Además, la misiva llama al presidente español, Pedro Sánchez, y al de la Generalitat, Salvador Illa, a tomar «medidas para poner fin inmediatamente al encarcelamiento» de Hasel. En la presentación del escrito, el presidente de la ANC, Lluís Llach, también pidió la liberación de Hasel, «no como arrepentimiento, sino como demostración de que somos una sociedad que intenta ser civilizada».
El texto recuerda que el fallo judicial «fue severamente criticado por expertos juristas en España y condenado por organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, incluida Amnistía Internacional».
HISTORIAL JUDICIAL COMPLEJO
La situación de Hasél es jurídicamente compleja. En 2014 fue condenado a dos años por enaltecimiento del terrorismo por el contenido de sus letras. En 2018 la Audiencia Nacional volvió a condenarle por enaltecimiento e injurias a la Corona; tras recursos posteriores, parte de la pena quedó rebajada, pero el cúmulo de antecedentes impidió la suspensión de la condena.
A ello se suman otros procedimientos: una condena por lesiones tras agredir a un periodista de TV3, otra por obstrucción a la justicia y amenazas a un testigo, además de procesos por allanamiento y desórdenes públicos. Sus detractores sostienen que no se trata de un preso por sus ideas, sino de un reincidente con múltiples condenas firmes.
Sus defensores replican que el grueso simbólico de su encarcelamiento responde a delitos de opinión incompatibles con estándares democráticos avanzados. Para el PSOE, el caso es incómodo.
El Gobierno ha reformado parcialmente el delito de sedición y ha modificado aspectos del Código Penal vinculados al orden público, pero no ha eliminado el delito de injurias a la Corona ni ha suprimido por completo los tipos penales que permiten castigar el enaltecimiento del terrorismo en redes sociales.
La izquierda alternativa y sectores del independentismo reprochan a Sánchez que haya sido audaz en medidas como los indultos a los líderes del procés, pero no en el caso Hasél. Desde su perspectiva, mantenerlo en prisión proyecta una imagen de doble rasero y debilita el discurso progresista en materia de derechos civiles.
